Los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas por Extremadura han apoyado desde el primer momento la propuesta lanzada por la organización agraria La Unión para crear en el seno de la Asamblea una comisión de investigación que aclare la tramitación del proyecto de regadío de Tierra de Barros.
Mientras, Vox no se ha pronunciado expresamente ni a favor ni en contra de la misma, pero sí ha reclamado «luz y taquígrafos» sobre este proyecto, y el Grupo Popular ha señalado que su prioridad sigue siendo obtener los fondos europeos para su financiación, así como la implicación del Gobierno.
De esta forma, el portavoz ‘popular’, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que desde el ejecutivo regional apuestan por seguir trabajando para que este proyecto sea una realidad «diciéndole la verdad a todos los regantes y a todos los extremeños». «Nosotros no vamos a venir a enredar con el regadío de Tierra de Barros», ha remarcado.
«Hay que luchar para que este proyecto sea viable sin engañar a los regantes», ha insistido, para continuar señalando que la «prioridad» del grupo parlamentario es «seguir trabajando para poder obtener los fondos europeos para que se pueda invertir en el regadío de Tierra de Barros».
En este sentido, ha abundado que su formación viene a «decirle la verdad, como se está haciendo desde el primer momento, a los regantes, contándole cuál es la situación» que el gobierno de María Guardiola se encontró y «trabajando para revertir esa situación».
Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, partido en cuyas manos está la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que gestiona este proyecto, ha señalado al ser preguntado sobre esta comisión de investigación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que quieren «luz y taquígrafo para que se sepa absolutamente todo lo que ha pasado con respecto a este proyecto desde su inicio hasta ahora».
Sin expresarse directamente ni a favor ni en contra de dicha comisión de investigación, ha señalado que este proyecto es ahora mismo «un problema que ha creado» el anterior gobierno socialista y que el actual «va a poner toda la carne del asador para tratar de solucionarlo».
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, ha insistido en la apuesta de su formación por este proyecto que, ha remarcado, contaba con fondos europeos y que fue declarado de interés general por el Gobierno de España.
Un proyecto que, ha dicho, tiene la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y fondos con los que se «empezaron a pagar las expropiaciones», pero que «lamentablemente ha contado con la oposición, tanto del Partido Popular como de Vox».
En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo de María Guardiola que entregara a Vox «el proyecto más importante» de la Consejería de Agricultura, así como ha lamentado que el PP haya expresado que «no está por la labor de investigar nada», porque «tendrían que explicar por qué han dejado de pagar las expropiaciones» o por qué «han transferido siete millones de euros de ese proyecto a la ayuda para el viñedo», o por qué la presidenta de la Junta se reunió en Bruselas «con la comisaria que no era».
Por todo ello, ha insistido en que los socialistas quieren que «se aclaren todas las cuestiones», pero por lo que más claman es «que continúen desarrollándose las distintas etapas del proyecto».
Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha apoyado la creación de esta comisión que esperaba que hubiera impulsado el propio consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural «porque dijo que lo iba a hacer y han pasado los meses y no lo ha hecho».
Además, ha recordado que se han comprometido con los regantes de Tierra de Barros para hacer comparecer trimestralmente al director general en comisión para que explique el seguimiento del proyecto y darle «toda la transparencia posible» para «evitar que ocurra lo que ha ocurrido, que es que han engañado a los regantes».
Al respecto, y aunque ha reiterado que consideran que este proyecto es «inviable», los regantes se merecen «toda la transparencia del mundo para que no sigan engañados», de modo que si se plantea una comisión de investigación no tendrán «ningún problema en apoyarla».
En todo caso, apuesta por una comisión de investigación «útil, transparente y que explique realmente por qué se han engañado de esta manera a los regantes».
EP
