La Audiencia provincial de Badajoz ha condenado a la exgerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) Monserrat Rincón a la pena de tres años de prisión por vacunarse contra la covid antes de la fecha en la que le correspondía.

En concreto, la acusada, que ocupó su cargo hasta enero de 2021, ha sido condenada por un delito de falsedad en documento oficial y ha sido absuelta del delito leve de estafa por el que también había sido acusada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en nota de prensa.

La condenada utilizó su cargo para alterar los listados de usuarios de residencias de mayores para poder recibir una de las primeras vacunas, lo que consiguió a los pocos días de iniciarse el proceso.

La sentencia refleja que no tenía derecho a recibir la vacuna en esas fechas, dado que no se encontraba entre las personas incluidas en los colectivos prioritarios, y para lo cual decidió «unilateralmente su inclusión en el listado oficial de personas a vacunar» en una residencia de mayores de Badajoz.

Explica asimismo que en aquellas primeras fechas de vacunación, cuando todavía escaseaban las dosis, la acusada consiguió efectivamente vacunarse con «una de las primeras dosis en Badajoz» cuando la población en general no tenía acceso a las mismas «fuera de la programación, llamamientos y cauce oficial».

La acusada, ya fuera por sí misma o través de un tercero, pero siempre «bajo su supervisión y control», alteró el listado de vacunaciones de la residencia y se incluyó en dicho listado para ser vacunada, lo que logró el 4 de enero de 2021.

Además de a la pena privativa de libertad, la acusada ha sido condenada al pago de una multa de seis meses con cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Asimismo, se le impone inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas por tiempo de dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con el ámbito sociosanitario durante el tiempo de la condena.

La sentencia no es firme y contra ella puede ser presentado recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.