Cáritas Regional de Extremadura ha puesto en marcha la campaña ‘Dona diferente’ para promover una solidaridad en clave de derechos, y que pretende sensibilizar sobre el derecho a la alimentación de todas las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Una campaña que pone en marcha «en su empeño constante por defender la dignidad de la persona» y «en su derecho a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vestido sin discriminaciones ni estigmas», y en la que el «reto» que plantea Cáritas a su voluntariado y a toda la sociedad es el de cambiar los modelos de asistencia en materia de alimentación que permitan a todas las personas, generaciones presentes y futuras, alimentarse de manera autónoma y sostenible.
De esta manera, se pretende concienciar a la población sobre el derecho de las personas a elegir los productos para cubrir sus necesidades básicas de una manera «digna», así como generar «un impacto social positivo» con respecto al cambio de modelo, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que posibilite la transformación de la ayuda en especie en económica y propiciar un cambio de mirada hacia las personas empobrecidas, «eliminando prejuicios y estereotipos».
Sobre el contexto actual, Cáritas Regional de Extremadura ha precisado en nota de prensa que la alimentación es una necesidad básica para la supervivencia de las personas, y que acceder a ella pudiendo elegir qué comer y qué dieta llevar «debería ser un derecho garantizado para toda la población». No obstante, la realidad es que para muchos ciudadanos se ha convertido «en un privilegio que no pueden alcanzar» y que les obliga a acudir a bancos de alimentos donde se les intenta ayudar con donaciones en especie.
En la actualidad, debido a la crisis socioeconómica el 45,1 por ciento de las familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir los gastos en alimentación y el 63,6 por ciento han reducido su gasto en vestido y calzado. Todo esto significa que 3 de cada 10 hogares no cuentan con unos ingresos que les permita vivir con «dignidad», y provoca que el 27,1 por ciento de familias en situación de exclusión no lleve una dieta adecuada por problemas económicos, según Fundación Foessa y el informe ‘El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo’ de 2022.
Ante toda esta realidad, Cáritas Regional de Extremadura lleva años trabajando y «volcando sus esfuerzos» en abordar el reto de replantear el actual modelo de ayudas en especie, por uno que garantice el derecho a la alimentación, «pasando progresivamente de la entrega de alimentos en especie a la ayuda económica»; de manera tal que este cambio de modelo, como ha explicado, permitiría combatir la cronificación de la pobreza, y la dependencia de las instituciones, además de prevenir el despilfarro y compra excesiva de alimentos.
LA PROPUESTA DE CÁRITAS
En este contexto, desde Cáritas, que «pone a la persona en el centro de toda su acción», se propone a la sociedad «repensar» el modelo actual de ayuda, centrado en el reparto de alimento y que limita así el derecho a una alimentación «digna», ya que se priva a la persona de su capacidad para decidir sobre su propia alimentación y, aunque solventa las situaciones urgentes, no se presenta como una solución para la «inseguridad alimentaria» a medio o largo plazo.
«Además, invisibiliza la responsabilidad estructural y política que está en el origen de la situación, donde realmente hay que intervenir», según Cáritas, que considera que respecto al derecho a la alimentación se deberían cumplir una serie de «claves» que lo garanticen, como son potenciar la dignidad humana, aumentar la autonomía de las personas y mejorar la inclusión social.
Desde ese enfoque, Cáritas Regional de Extremadura se suma «al reto de dignificar el acceso a la alimentación» y a hacerlo con una visión integral y comunitaria, para lograr el pleno desarrollo de las personas, que no sólo necesitan comida y ropa, sino salir de la situación de pobreza y exclusión social.
Así, Cáritas invita a «superar» la donación en especie y a empatizar con las personas vulnerables a las que se les impide ser autónomas, sin atender a sus verdaderas necesidades y perpetuando su estigma social.
Al mismo tiempo, ha sostenido que la ayuda económica permitiría que las familias organizasen su planificación y presupuesto, se evitaría el despilfarro y supondría un apoyo al comercio de proximidad, a la vez que se facilita que las personas sean las protagonistas en la construcción de soluciones a sus propios problemas, y se fomenta el desarrollo personal y la corresponsabilidad.
