«Nosotros queremos la modificación del carácter medioambiental porque creemos que hay excesiva protección en Extremadura de la red de zonas ZEPA».
Asaja Extremadura va a remitir sendos escritos al Ayuntamiento de Cáceres y a la Junta de Extremadura para pedir la suspensión cautelar del proyecto Gran Buda que se pretende erigir en el cerro Arropé de la capital cacereña, una zona de especial protección de aves (ZEPA) que está en proceso de reorganización para hacer compatible el proyecto con la protección medioambiental.
El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha señalado que la organización agraria «no está en contra del proyecto del Buda» que impulsa la Fundación Lumbini Garden, sino de que «bajo la apariencia de un tema religioso se haga una modificación de la normativa de carácter medioambiental», mientras los agricultores y ganaderos siguen sufriendo las restricciones en las actividades en espacios protegidos.
«Nosotros queremos la modificación del carácter medioambiental porque creemos que hay excesiva protección en Extremadura de la red de zonas ZEPA», ha añadido este jueves en una rueda de prensa en la capital cacereña.
«Queremos que se delimiten y se reduzcan, porque somos la comunidad autónoma que más espacios zonas ZEPA tiene y, después, una vez que dejen de existir los espacios ZEPA, todo aquello que sea legal, que se construya. Si es un Buda, como si es una mezquita, o una catedral», ha ironizado, al tiempo que ha recordado que lo que pide Asaja Extremadura es que se trate a los agricultores «igual que a cualquier otro tipo de proyecto que se presenta ante la Administración».
Así, García Blanco ha recordado al actual alcalde cacereño, Rafael Mateos, que la zona que se quiere ceder en uso a la Fundación Lumbini Garden para el desarrollo del complejo budista está clasificada por el Plan General Municipal (PGM) como suelo no urbanizable de especial protección de masas forestales y dentro de una zona catalogada como Red Natura, cual es la ZEPA llano de Cáceres y Ciudad de Fuentes, que tiene más de 75.000 hectáreas.
Así, ha recordado que en la anterior legislatura la Junta de Extremadura inició una modificación legislativa que, aunque en principio el objeto fundamental era paralizar el derribo del complejo de Valdecañas, de un «modo soterrado metió excluir al cerro Arropé de la actual catalogación para que dejase de ser espacio protegido».
«Conviene hacerles saber que el terreno donde se pretende ejecutar el proyecto del Buda, es terreno público del Ayuntamiento de Cáceres, de todos los cacereños, y se lo van a regalar a una fundación privada para ejecutar un proyecto vestido como religioso, apoyado por la junta militar golpista de Myanmar, la antigua Birmania, que además tiene unos intereses oscuros urbanísticos detrás» ha dicho García Blanco.
REDUCCIÓN DE ZONAS PROTEGIDAS
En esta línea ha lamentado que mientras esto ocurre, los agricultores y ganaderos extremeños «sigan sufriendo todas las limitaciones que se establecen en la red de espacios protegidos, en la red Natura 2000 y en las zonas zepas», por lo que ha instado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola y a la consejera de Agricultura, que inicien «ya mismo» el proceso de reducción de la superficie de los espacios protegidos de la región, tal y como el PP llevaba en su programa electoral, y que «vuelvan al mundo rural para que los agricultores y ganaderos puedan volver a cultivarlos y dejen de llevar a Extremadura a seguir siendo el ejemplo de España vaciada».
Por otro lado, García Blanco ha pedido a la Junta de Extremadura un ejercicio de transparencia y que diga en qué se han gastado los 300.000 euros que se adjudicaron por la anterior Consejería de Cultura y Turismo para este proyecto del Buda en Cáceres. Igualmente, preguntan al ayuntamiento cacereño si ha habido alguna subvención para viajes a Myanmar para este proyecto.
«Y avisar al señor Rafael Mateos, que puede cometer un acto de prevaricación si enajena un bien de carácter público para una cuestión de carácter privado, que debería ser el cinturón verde de la ciudad de Cáceres. Gaste más dinero en la Ribera del Marco y menos en el cerro Arropé», ha subrayado el líder agrario que ha insistido en la suspensión cautelar de este proyecto, en tanto no se realice previamente la reducción de las zonas ZEPAs en beneficio de los agricultores. «Menos Buda y más agricultura», ha sentenciado.
Respecto a la demolición del complejo de Valdecañas, construido también en una ZEPA, García Blanco ha insistido en que su organización está en contra de «todo lo que incumpla la normativa», pero ha calificado de «galimatías» todo lo que ha ocurrido judicialmente en torno a este proyecto urbanístico por lo que insta a todas las partes a sentarse para «ver si es posible la compatibilidad de lo que es el complejo del Valdecañas con la existencia de una ZEPA que todavía no sabemos si hay o no hay» porque «aquí parece ser que la política medioambiental se hace a base de decretos y nos enteramos cuando Europa lo aprueba».
García Blanco ha insistido en las limitaciones que suponen para los agricultores los espacios protegidos por la Red Natura 2000 o por las ZEPAs donde no se pueden hacer plantaciones de olivos ni de viñedos, no se pueden hacer cobertizos ni pozos ni construir charcas en circunstancias excepcionales y en determinadas limitaciones, lo que aboca al abandono de la actividad agraria y a la «España vaciada».
EP
