Ambos profesionales tienen que atender a más de 500 internos, por lo que lamenta que la sanidad penitenciaria se encuentra «al borde del colapso».
El sindicato Acaip-UGT ha alertado este lunes de que el Centro Penitenciario de Badajoz cuenta con «solo» dos médicos para atender a más de 500 internos, así como que la sanidad penitenciaria se encuentra «al borde del colapso».
Asimismo, a través de una nota de prensa, ha destacado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha convocado 40 plazas de interinos a nivel nacional, «sin asegurar su cobertura después de no renovar al mismo número de médicos que ejercían sus funciones en las prisiones españolas».
En concreto, según datos oficiales obtenidos del portal de transparencia, a fecha del pasado 5 de junio en el Centro Penitenciario de Badajoz «tan solo» hay dos de las ocho plazas existentes, mientras que a nivel nacional el déficit alcanza el 64 por ciento con 336 plazas sin cubrir de las 525 existentes, a lo que hay que sumar las bajas por enfermedad u otras circunstancias que aumenta la falta de facultativos en prisión.
Así pues, el sindicato ha asegurado que esta situación es «insostenible», y ha recordado que hace unos meses se anunció la contratación de nuevos interinos para paliar el problema, pero «lo que no se dijo es que previamente iban a despedir a los que ya estaban trabajando por lo que el número no ha variado».
Sin embargo, el déficit aumenta año a año, «y nada garantiza que las plazas se cubran». «De hecho, esto ya ha ocurrido», ha aseverado, añadiendo que el trabajo en un centro penitenciario es «complejo» y pocos médicos optan a las plazas; así como que los facultativos en prisión tienen una importancia «vital» para el normal funcionamiento de los centros, deben atender a los internos a su ingreso y hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias.
Además, es «imprescindible» una detección precoz de enfermedades mentales y una correcta administración de fármacos. Por tanto, no se trata solo de la atención médica al recluso, sino que los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad.
Por su parte, continúa el sindicato, la población reclusa se caracteriza por tener «elevados» problemas de salud derivados de adicciones, o de una atención deficitaria en el exterior ya que, normalmente, se trata de personas «poco sujetas al sistema», por lo que es «prioritaria» la atención médica inicial, que no puede realizarse por sistemas como la telemedicina, sino que requiere de una atención personalizada y presencial.
De hecho, a modo de ejemplo, en el año 2021 tuvieron que ser atendidas 265.847 urgencias, casi 20.000 de las cuales vinieron derivadas de incidentes regimentales. Además, el 43 por ciento de las altas en las camas de enfermería de los centros están relacionadas con patologías psiquiátricas, por lo que la supervisión médica es «imprescindible».
«Con este escenario es imposible atender las necesidades de los internos, y la realización de guardias, lo que nos aboca a la ausencia de facultativos en los centros penitenciarios. El colapso de la sanidad penitenciaria es cada vez más palpable, no se puede poner parches a un problema, cuya solución pasa por el cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud», ha señalado Acaip-UGT, junto con que en su disposición adicional sexta dicha ley establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones.
A este respecto, recuerda que 20 años después «tan solo» Navarra las ha asumido junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco.
De hecho, desde Acaip-UGT han considerado que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de «no dejar caer» el sistema sanitario penitenciario.
«No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria», ha concluido.
