Este 8 de marzo debemos alzar la voz por la defensa genuina y honesta de todas las mujeres que cada día se levantan para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor.
Todos tenemos en mente mujeres que mediante su esfuerzo, cariño y dedicación han influido de forma decisiva en algún momento de nuestras vidas.
En un día como hoy debemos reflexionar sobre cuáles han sido los efectos reales de las políticas de género de los últimos años y si estas han supuesto un verdadero avance o han servido para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad española.
Una gran mayoría de españoles creen que los únicos beneficiados de la ideología de género y del feminismo no han sido las mujeres, sino una casta política corrupta que ha utilizado los recursos públicos para el adoctrinamiento y el despilfarro político y se ha servido del dolor de muchas mujeres para hacer un rentable negocio.
Al contrario de lo que intentan imponer las ideologías corrosivas que sufrimos hoy, la defensa intrínseca y total de la mujer es compatible con la defensa del hombre y de hecho no puede entenderse una sin la otra al ser ambas necesarias y complementarias.
Hoy en España mujeres y hombres enfrentan problemas comunes como la precarización de las condiciones laborales, el aumento del coste de vida y la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para poder acceder a una vivienda y formar una familia, las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral o el gravísimo aumento de la inseguridad.
Dichos problemas han sido provocados por las mismas instituciones empeñadas en dividirnos y enfrentarnos como sociedad, y sólo trabajando juntos y unidos en el propósito de mejorar lo que nos es común a todos, podremos recuperar la prosperidad y el bienestar que nos han arrebatado décadas de nefastas políticas.
Defender a la mujer no implica enfrentarla con el hombre y por eso rechazamos un feminismo radical que trata de imponer un dogmatismo de género dañino que ha terminado aprobando leyes de género nefastas para la sociedad en su conjunto y para las mujeres en particular.
Las mujeres y los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro, sin miedo, sin violencia y sin que su protección quede supeditada a intereses políticos.
Sin embargo, las políticas del gobierno de Pedro Sánchez no solo han servido para criminalizar a la mitad de la población y para destrozar la presunción de inocencia, sino que han contribuido a acrecentar la inseguridad que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida.
En 2024 fueron asesinadas 47 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 9 menores como consecuencia de violencia en el entorno doméstico, la mayor cifra de menores asesinados desde 2013.
Lejos de protegerlas, las inversiones multimillonarias -20.000 millones en inversiones del gobierno-, en políticas de igualdad, adoctrinamiento feminista y subvenciones a organizaciones radicales no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de la salud de las mujeres.
Especialmente su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como Ley del Sí es Sí, que ha beneficiado a más de 1.400 criminales sexuales, incluyendo a violadores y pederastas.
Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha anunciado un nuevo aumento del presupuesto destinado a políticas de género en 2025, prometiendo un incremento de 20 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pasando de 140 millones a 160.
Por otra parte, ante situaciones concretas de abusos y violencia contra mujeres y niñas, los partidos del gobierno han preferido ocultar y abandonar a las víctimas antes que asumir las responsabilidades políticas sobre víctimas que estaban bajo tutela de la Administración.
Así sucedió en casos como las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonadas por gobiernos del Partido Socialista que prefirieron protegerse a sí mismos a protegerlas a ellas y denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos.