El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida anula la actuación municipal y obliga al Ayuntamiento a retrotraer el procedimiento
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida ha dictado la sentencia 61/2026, de fecha 31 de julio de 2026, en relación con el procedimiento promovido por una agente de la Policía Local de Villafranca de los Barros. La resolución judicial declara vulnerados sus derechos fundamentales y anula la actuación del Ayuntamiento en los términos recogidos en el fallo.
La sentencia reconoce la vulneración de derechos relacionados con la dignidad y la integridad física y moral, la igualdad y la no discriminación, la intimidad, el honor, la propia imagen y la protección de datos, así como la libertad personal. Asimismo, obliga al Consistorio a retrotraer el procedimiento al momento en que se dictó la resolución anulada, conforme a lo establecido judicialmente.
El sindicato reclama el cumplimiento de la sentencia
Desde el SPPME Extremadura, sindicato al que está afiliada la agente, se ha dado a conocer el contenido de esta resolución judicial y se ha reclamado al Ayuntamiento que cumpla estrictamente lo ordenado por el juzgado.
El sindicato sostiene que, durante el procedimiento administrativo previo, no se llevó a cabo una investigación efectiva y que sus solicitudes de auxilio y amparo no recibieron la respuesta esperada. Estas consideraciones forman parte de la valoración del sindicato sobre lo sucedido, mientras que la declaración de vulneración de derechos fundamentales y las obligaciones impuestas al Ayuntamiento corresponden a la resolución judicial.
En este sentido, el SPPME Extremadura solicita que las actuaciones que deban desarrollarse a partir de la sentencia se lleven a cabo de manera objetiva, imparcial y transparente, y que se determinen las responsabilidades que, en su caso, pudieran corresponder.
Garantías para la agente
El sindicato valora la relevancia de la sentencia como un reconocimiento judicial de los derechos de su afiliada y subraya la importancia de que las administraciones públicas respeten los derechos fundamentales de sus empleados.
Asimismo, anuncia que permanecerá vigilante para que el Ayuntamiento dé cumplimiento a la resolución y para que la agente reciba las garantías y la protección que correspondan, evitando que la situación derive en nuevos episodios de exposición o perjuicio personal.
La resolución judicial sitúa ahora al Ayuntamiento ante la obligación de actuar conforme a lo establecido por el juzgado. El cumplimiento de la sentencia y el respeto a los derechos fundamentales de los empleados públicos constituyen el eje de las actuaciones que deberán desarrollarse a partir de este pronunciamiento.



