EFE).- Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 32,8 por ciento en Extremadura entre 2023 y 2025, al pasar de 396 a 526, mientras que las agresiones sexuales casi se duplicaron (de 187 a 360), según la Memoria de la Fiscalía de Extremadura de 2026, correspondiente al ejercicio de 2025, difundida con motivo de la apertura del Año Judicial 2026/2027.

Entre los menores de 16 años, las agresiones sexuales pasaron de 46 casos en 2024 a 64 en 2025, un 39,1 por ciento más, y también aumentaron los delitos relacionados con la producción, posesión o distribución de material pornográfico, que pasaron de 12 a 22 en un año, mientras que los casos de abuso sexual a menores de 16 años descendieron de 23 a ocho.

La Fiscalía sitúa asimismo la violencia de género entre los principales asuntos de preocupación, tras un año en el que cuatro mujeres fueron asesinadas en Extremadura, por lo que se señala este año como «el peor desde que existen registros» y que eleva a 16 las mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003.

Agresiones a sanitarios
Otro de los fenómenos destacados son las agresiones a profesionales sanitarios, ya que en 2024 Extremadura registró una tasa de 5,80 agresiones por cada 1.000 médicos, frente a las 2,71 de media nacional, y en 2025 se contabilizaron 33 denuncias policiales por este tipo de hechos, 22 en la provincia de Badajoz y 11 en Cáceres.

Recuerda que ante esta situación, la Fiscalía Superior dictó una instrucción para reforzar la aplicación de la doctrina sobre el delito de atentado contra los profesionales sanitarios y educativos después de que organizaciones profesionales trasladaran su preocupación por resoluciones que, a su juicio, calificaban algunos ataques como infracciones de menor entidad.

Las estafas constituyen otro de los delitos con evolución ascendente, porque los casos registrados pasaron de 2.177 en 2024 a 2.387 en 2025, un 9,65 por ciento más, y la Fiscalía señala que alrededor del 95 por ciento de estos fraudes se cometen mediante medios tecnológicos.

En paralelo, las diligencias de investigación abiertas directamente por las fiscalías extremeñas aumentaron un 45,95 por ciento, al pasar de 198 en 2024 a 289 en 2025, de las que el 52,05 por ciento tuvieron su origen en denuncias de particulares y el 40,82 por ciento procedieron de las administraciones públicas.

Juicios y diligencias
La actividad judicial también registró un incremento de los juicios por delitos graves y menos graves, que alcanzaron los 6.593 en 2025, un 19,65 por ciento más que el año anterior. En cambio, el conjunto de procedimientos penales tramitados por las fiscalías se mantuvo prácticamente estable: 48.446 frente a los 48.531 de 2024.

En cuanto a las diligencias previas, de las 34.807 tramitadas en 2025, 20.429 fueron archivadas, el 58,63 por ciento, según los datos de la memoria recogida por EFE.

Por su parte, los delitos de lesiones intencionadas aumentaron un 4,25 por ciento, hasta 12.674, y los asuntos mercantiles pasaron de 394 a 526, un 33,5 por ciento más en un año y más del doble que en 2023.

Los procedimientos por delitos leves aumentaron un 12,24 por ciento, hasta 6.034.

La Fiscalía asistió a 3.405 de estos procedimientos, el 56,43 por ciento, y explica que la aplicación de criterios de oportunidad en determinados casos responde también a la necesidad de priorizar recursos ante la “insuficiencia de las plantillas”.

Recursos
La memoria vuelve a reclamar un refuerzo de los medios personales del Ministerio Fiscal y considera necesaria, al menos, la incorporación de un fiscal en el área de Mérida y en las secciones territoriales de Plasencia, Zafra y Villanueva de la Serena, dentro de una denuncia general sobre la insuficiencia de las plantillas y de unas ratios que califica de “inaceptables” en algunas oficinas.

En materia de delincuencia relacionada con las drogas, los delitos de tráfico en su modalidad agravada pasaron de 37 a 72, un 94,6 por ciento más.

En Badajoz, la Fiscalía destaca «la importancia del tránsito de droga procedente de Portugal y el papel del puerto de Sines», en un contexto en el que se ha reforzado la especialización con el nombramiento de un fiscal delegado antidroga.

La memoria también recoge un aumento de los delitos contra las relaciones familiares vinculados al incumplimiento de los deberes de custodia, que pasaron de 126 a 167, un 32,5 por ciento más. En sentido contrario, los delitos de impago de prestaciones económicas descendieron de 421 a 381, un 9,5 por ciento.

En el ámbito de la protección de las víctimas, la Fiscalía reclama cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar que las personas afectadas por determinados delitos graves tengan que volver a declarar en el juicio oral cuando ya exista una declaración preconstituida.

El objetivo, según la memoria, es «reducir la revictimización y adaptar el proceso penal a las necesidades de quienes han sufrido los delitos».