EFE – La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles la prórroga de explotación de la central de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, aprobada al cumplir los tres requisitos fundamentales que el Gobierno había establecido para ello.
Aagesen, en su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, ha explicado que la prórroga, aprobada a mediados de agosto, tiene que ver «con el contexto geopolítico» actual y por la «coyuntura energética» marcada por la «alta incertidumbre de mercados internacionales y el conflicto provocado en Oriente Medio y en Ucrania».
Y ha recordado que el Gobierno estableció tres requisitos claros para estudiar la solicitud de esta prórroga limitada: «Que no supusiera un coste para ciudadanos, seguridad nuclear y que no supusiera impedimento para la seguridad de suministro».
Constatado el cumplimiento de las tres dimensiones y completada la tramitación se dictó la orden «limitada de 31 meses para la Unidad I y de 19 meses para la Unidad II», ha puntualizado.
Aagesen ha remarcado que la decisión de la prórroga limitada no establece «ningún precedente» para el resto de centrales y «no altera el resto del calendario, el horizonte de cierre definitivo permanece en 2035».
La prórroga, ha dicho, «no modifica la política energética del Gobierno, de transición energética», que ha calificado como «una apuesta centrada en renovables, electrificación, almacenamiento y redes».
«Es la garantía para tener un sistema energético competitivo, autónomo, seguro y descarbonizado», ha sentenciado.
PP y Vox celebran la prórroga; la izquierda la critica
Durante el debate, el PP y Vox han celebrado la prórroga, mientras que los grupos a la izquierda del PSOE la han criticado por considerar que incumple los acuerdos y frena la transición renovable.
En nombre de Sumar, Vicenç Vidal ha acusado a los socialistas de haber «limitado su confianza» con esa decisión y Teresa Jordá (ERC) ha pedido garantías de que las nucleares catalanas Ascó y Vandellós «no van a ser las próximas».
Por el contrario, la representante de Junts Pilar Calvo ha sostenido que «sería irresponsable cerrarlas sin hacer lo deberes», ya que a su juicio «estarían poniendo en riesgo la garantía de suministro, aumentando la dependencia del exterior y subiendo el coste de las facturas de las industrias, poniendo en riesgo su competitividad».
Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha considerado «muy relevante la prórroga de Almaraz para el conjunto de la política energética» de España y se ha preguntado si el Gobierno «está ganando tiempo central a central».
Por su parte, Mikel Otero (Bildu) ha lamentado la «capitulación de Almaraz» y Javier Sánchez (Podemos) ha acusado al Ejecutivo de «ceder ante el ‘lobby’ nuclear», mientras que Alberto Catalán (UPN) ha defendido que en Navarra han «dado ejemplo con las energías renovables, lo que no quiere decir que sea incompatible con la nuclear».
Aagesen, en su réplica, ha señalado que el impacto de la prórroga es menos del 1,4 % de reducción de energía renovable en 2030.
La ministra ha afirmado que en 2018, cuando los socialistas llegaron al Gobierno, «no había política energética», mientras que ahora la hay y es «clara y definida», así como «pragmática».
Además ha subrayado que en España las empresas «siempre donde han querido invertir es donde somos ricos: en sol y viento» y que eso es lo que el Gobierno va a seguir impulsando.
Aagesen ha garantizado que el plan de energía y clima sigue siendo su «hoja de ruta» y ha abogado por «actuar en fiscalidad», tras recordar que fue el Congreso el que rechazó la prórroga del impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas que propuso el Gobierno.
