Los sectores piden prolongar las bonificaciones al combustible y aplicar medidas fiscales para contener el aumento de los costes de producción y transporte

Transportistas y agricultores han vuelto a alertar del incremento del precio de los carburantes y de la próxima finalización de las ayudas que hasta ahora han contribuido a aliviar el impacto del combustible en sus actividades. Ambos sectores reclaman al Gobierno central y a las administraciones autonómicas que mantengan las medidas de apoyo y aprueben nuevas rebajas fiscales para evitar que el aumento de los costes se traslade de forma generalizada a los precios que pagan los consumidores.

La preocupación se centra especialmente en el gasóleo, cuyo precio continúa en niveles elevados y podría seguir aumentando si persiste la inestabilidad internacional. En este contexto, la retirada de las bonificaciones vigentes supondría un nuevo incremento de los costes para sectores cuya actividad depende directamente del combustible.

Durante las últimas semanas, el precio de la gasolina se ha situado en torno a los 1,9 euros por litro, mientras que el gasóleo ha rondado los 1,8 euros, con el riesgo de superar los dos euros si continúa la escalada del precio del petróleo.

A esta situación se suma el final de las reducciones aplicadas al combustible, con descuentos de hasta cinco céntimos por litro para la gasolina y de 20 céntimos para el diésel. Transportistas y agricultores consideran que la desaparición de estas medidas, en un momento marcado por los elevados costes de producción, puede agravar aún más la situación económica de numerosas explotaciones y empresas.

El transporte alerta de un efecto directo sobre los precios

El sector del transporte por carretera advierte de que el incremento del precio del combustible no puede analizarse únicamente como un problema que afecta a las empresas transportistas, ya que sus consecuencias terminan repercutiendo en toda la cadena de distribución.

La normativa vigente permite trasladar al precio del servicio las variaciones significativas del coste del combustible, por lo que un aumento sostenido del precio del gasóleo puede acabar reflejándose en el precio final de numerosos productos y servicios.

Desde el sector se advierte de que el encarecimiento del transporte tendrá una incidencia directa en la cesta de la compra, especialmente en los productos de primera necesidad que requieren transporte por carretera para llegar desde los centros de producción y distribución hasta los establecimientos comerciales.

Por ello, los transportistas reclaman que se mantenga la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo mientras persista la situación de precios elevados y que se avance hacia una fiscalidad específica que permita equiparar las condiciones del transporte profesional a las de otros sectores que cuentan con un tratamiento fiscal más favorable para el combustible.

El sector considera insuficientes las actuales medidas de apoyo y reclama una reducción de la presión fiscal sobre el gasóleo profesional como vía para contener los costes y evitar que el incremento termine repercutiéndose en el consumidor.

Los agricultores afrontan una nueva escalada de costes

La situación también genera especial preocupación entre agricultores y ganaderos, que afrontan el incremento del precio del combustible en un momento especialmente sensible del calendario agrario.

Los costes de producción ya se encuentran elevados debido al precio de los fertilizantes, la energía, la maquinaria y otros suministros, mientras que las campañas de recogida y la preparación de nuevas siembras incrementan el consumo de gasóleo.

El sector agrario advierte de que el problema afecta especialmente a las explotaciones familiares, para las que cualquier aumento adicional de los costes puede reducir aún más sus márgenes de rentabilidad.

A ello se suma la dependencia del combustible de numerosas actividades agrícolas y ganaderas, tanto para el funcionamiento de la maquinaria como para los desplazamientos y el transporte de las producciones.

En este contexto, las organizaciones agrarias reclaman mantener la bonificación de 20 céntimos por litro mientras se mantengan los actuales niveles de precios y solicitan medidas fiscales adicionales.

Entre sus reivindicaciones figura la reducción del IVA del 21 al 10 por ciento, así como una rebaja de los módulos fiscales vinculados al gasóleo y a los fertilizantes.

Reclaman más apoyo económico para Extremadura

Los sectores afectados también reclaman una mayor implicación de las administraciones autonómicas para compensar el impacto de la subida de los carburantes.

En este sentido, plantean que Extremadura refuerce las ayudas destinadas a agricultores y ganaderos y aproveche los recursos procedentes de los fondos habilitados a nivel europeo para hacer frente al incremento de los costes.

Las organizaciones del sector recuerdan que otras comunidades autónomas han puesto en marcha medidas presupuestarias específicas para respaldar a los productores ante el aumento de los costes de producción y reclaman que Extremadura adopte actuaciones similares.

El objetivo, señalan, debe ser evitar que el incremento del precio del combustible provoque el cierre de explotaciones, la pérdida de actividad económica y un nuevo aumento de los precios de los alimentos.

Una factura que puede terminar pagando toda la sociedad

Transportistas y agricultores coinciden en advertir de que la subida del gasóleo no constituye un problema aislado de sus respectivos sectores.

El combustible es un elemento esencial tanto para producir alimentos como para trasladarlos hasta los consumidores. Por ello, cualquier incremento significativo y sostenido de su precio acaba teniendo efectos sobre el conjunto de la cadena económica.

La advertencia es clara: si aumentan los costes de producción y transporte y desaparecen las ayudas que actualmente permiten contener parte de ese impacto, las empresas y explotaciones tendrán que asumir mayores gastos o trasladarlos al precio final.

En el caso de los productos básicos, los sectores afectados alertan de que el incremento podría ser especialmente significativo y contribuir a encarecer aún más la cesta de la compra.

Por ello, reclaman que las administraciones actúen antes de que la situación se agrave y plantean como principales medidas la continuidad de las bonificaciones al gasóleo, una reducción de la fiscalidad de los carburantes y nuevas ayudas dirigidas a los sectores más afectados.

La petición conjunta de agricultores y transportistas pasa, en definitiva, por adoptar medidas que permitan reducir los costes de producción y distribución y evitar que la escalada del precio del combustible termine convirtiéndose en una nueva presión sobre las familias y los consumidores.