Óscar Fernández asegura que la Junta cumplirá la ley, aunque mantiene su rechazo al reparto estatal y reclama al Gobierno central que actúe en la frontera con Marruecos
23 de septiembre de 2026. Extremadura ha acogido durante este verano a un total de 15 migrantes trasladados por el Gobierno de España, aunque ninguno de ellos participó en la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, según ha confirmado el vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández.
Fernández, durante una visita a Zafra, ha señalado que la comunidad autónoma, pese a su rechazo al sistema de reparto planteado por el Ejecutivo central, “cumplirá la ley” y atenderá las obligaciones que correspondan a Extremadura.
La entrada masiva en Ceuta de finales de julio provocó una situación extraordinaria en la ciudad autónoma. El Gobierno central ha reconocido oficialmente que los días 30 y 31 de julio se produjo una presión inédita sobre los servicios de control fronterizo, atención humanitaria y acogida. (BOE)
Críticas al Gobierno central
El vicepresidente extremeño ha acusado al Gobierno de España de “utilizar la inmigración ilegal como arma arrojadiza contra las comunidades autónomas” y ha reiterado que la Junta mantendrá su oposición al traslado a Extremadura de migrantes procedentes de Ceuta mediante las vías que considere oportunas.
Fernández ha defendido que la respuesta a la presión migratoria debe centrarse en el origen y ha situado la solución “a 500 metros de la frontera”, en referencia a Marruecos, país desde el que procedían buena parte de las personas que llegaron a Ceuta.
La Junta ya había anunciado en agosto que no participaría en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para abordar el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta y había comunicado al Gobierno central su rechazo al acuerdo propuesto. (Cadena SER)
El vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo extremeño continuará utilizando “todas las medidas legales, políticas y judiciales” a su alcance para defender su posición.
Debate sobre la edad de los menores
Otro de los argumentos planteados por Fernández se refiere a la identificación y determinación de la edad de los jóvenes trasladados.
El vicepresidente ha cuestionado que todos los jóvenes que llegan a las comunidades autónomas tengan acreditada su condición de menores y ha asegurado que “no llegan con pruebas de edad hechas”. En este sentido, ha aludido también a las peticiones de Marruecos para hacerse cargo de menores de nacionalidad marroquí.
“Marruecos puede hacerse cargo de ellos y lo está pidiendo”, ha afirmado Fernández, quien ha reclamado que España no utilice a estos jóvenes “como carne de cañón” dentro del conflicto político entre administraciones.
El Gobierno central, por su parte, mantiene que la atención de los menores no acompañados debe garantizarse mientras se determina su situación y que la distribución entre comunidades responde a la necesidad de aliviar la presión existente en territorios como Ceuta.
La Junta cifra en 19 las plazas libres
Fernández también ha puesto el foco en la capacidad real de la red extremeña de protección de menores.
Según ha explicado, actualmente quedan 19 plazas libres en los recursos de protección de menores de Extremadura. Ha insistido en que estas plazas no están reservadas exclusivamente para menores extranjeros no acompañados, sino que forman parte del conjunto de recursos disponibles para cualquier menor que necesite protección de la Administración autonómica.
Por este motivo, ha advertido de que ocupar esas plazas con menores trasladados desde otros territorios podría reducir la capacidad disponible para atender a menores extremeños que necesiten ingresar en el sistema.
La Junta ya había denunciado en julio que las cifras de capacidad atribuidas a Extremadura por el Gobierno central no reflejaban, a su juicio, la ocupación real de la red. En aquel momento, el Ejecutivo autonómico cifraba en 14 las plazas disponibles, frente a las 364 plazas de capacidad ordinaria que establecía el Gobierno central. (Junta de Extremadura)
Fernández ha vuelto a considerar “falsas” las cifras de capacidad difundidas por el Gobierno central y ha advertido de que la red extremeña se encuentra “al borde del colapso”.
Extremadura mantiene su posición
La posición de la Junta se produce en un contexto de fuerte presión sobre el sistema de acogida de Ceuta tras las entradas masivas de finales de julio. El Gobierno central cifró a finales de agosto en unas 5.000 las personas que todavía permanecían en la ciudad, entre ellas unos 1.500 menores, aunque PP y Vox cuestionaron públicamente esas cifras. (EFE Noticias)
Mientras continúa el debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre el reparto de menores, el Ejecutivo extremeño mantiene que cualquier decisión debe tener en cuenta la capacidad efectiva de su red de protección.
Fernández ha reiterado así que Extremadura cumplirá las obligaciones legales que le correspondan, pero seguirá defendiendo ante el Gobierno de España que la acogida debe ajustarse a los recursos realmente disponibles y que la respuesta a la presión migratoria debe actuar también sobre las fronteras y los países de origen.
