Elena Manzano asegura que el Ejecutivo extremeño mantiene una negociación permanente con las organizaciones sindicales y recuerda que ya se han destinado 400 millones de euros a mejoras retributivas
La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido la voluntad de la Junta de Extremadura de continuar avanzando hacia la homologación salarial de los empleados públicos, aunque ha advertido de que las posibilidades de alcanzar nuevos acuerdos estarán condicionadas por la disponibilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma.
Manzano ha realizado estas consideraciones después de la reunión mantenida este lunes con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura —CSIF, UGT y CCOO—, un encuentro planteado como primera toma de contacto para abordar nuevas mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos.
La responsable autonómica de Hacienda ha insistido en que el Ejecutivo regional comparte el objetivo de avanzar en la equiparación salarial y ha emplazado a los representantes sindicales a continuar trabajando en la Mesa Sectorial, con propuestas concretas y teniendo en cuenta el escenario presupuestario de la Comunidad Autónoma.
La reunión se enmarca así en el proceso de diálogo abierto entre la Administración regional y las organizaciones sindicales para abordar las diferencias retributivas existentes entre los empleados públicos extremeños y los de otras comunidades autónomas.
400 millones de euros en mejoras salariales
Elena Manzano ha puesto en valor las medidas adoptadas durante los últimos años y ha señalado que la Junta ha destinado ya 400 millones de euros a subidas y mejoras salariales de los empleados públicos extremeños.
Según ha explicado la consejera, esta cantidad incluye el abono de las distintas subidas salariales acordadas y también el incremento retributivo del 2% correspondiente al año 2020 que, según la Junta, se encontraba pendiente de pago.
Manzano ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha asumido estos compromisos pese al impacto que tienen sobre las cuentas públicas y ha subrayado que se trata de recursos que tienen una repercusión directa sobre las condiciones económicas de miles de trabajadores de la Administración autonómica.
En este sentido, ha señalado que el margen disponible para afrontar nuevas mejoras debe analizarse teniendo en cuenta el conjunto de obligaciones que debe atender la Comunidad Autónoma.
Más de 164 millones comprometidos para 2027
A los recursos ya destinados se suman los compromisos económicos previstos para el próximo ejercicio.
La consejera ha explicado que para 2027 está prevista una subida salarial del 5% para los empleados públicos, una medida que supondrá más de 164 millones de euros para las arcas autonómicas.
A esta cantidad se añadirán otros 8 millones de euros correspondientes al tercer pago del incremento salarial del 2% de 2020, según las cifras aportadas por la Junta.
De esta manera, el Ejecutivo regional considera que existe ya un volumen importante de recursos comprometidos en materia retributiva para los próximos ejercicios, circunstancia que condiciona la capacidad presupuestaria para asumir nuevas obligaciones derivadas de un eventual acuerdo de homologación salarial.
Manzano ha resumido esta situación señalando que las cifras económicas deben formar parte necesariamente de la negociación, porque el presupuesto autonómico es limitado y debe atender simultáneamente las distintas necesidades de la región.
La financiación autonómica, uno de los principales condicionantes
La Junta sitúa además el debate sobre la financiación autonómica como uno de los elementos determinantes para conocer cuál será la capacidad real de Extremadura para afrontar nuevas mejoras salariales.
Manzano ha advertido de que la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno central supondría, según los cálculos manejados por el Ejecutivo extremeño, 600 millones de euros menos para Extremadura en 2027 respecto al modelo actualmente vigente. Esta cifra ha sido también recogida en informaciones recientes sobre la posición de la Junta ante la reforma del sistema de financiación autonómica. (RTVE.es)
La consejera considera que este escenario reduciría el margen de actuación de la Administración regional precisamente en un momento en el que existen importantes compromisos de gasto en materia de personal y en servicios públicos fundamentales.
La posición expresada por Manzano es que la Comunidad Autónoma necesita contar con recursos suficientes para poder garantizar la prestación de servicios públicos y, al mismo tiempo, atender las mejoras retributivas que puedan acordarse con los representantes de los trabajadores.
En este sentido, ha señalado que el presupuesto autonómico debe hacer frente, entre otras cuestiones, al funcionamiento de hospitales, centros de salud y colegios, además de al conjunto de competencias que corresponden a la Administración regional.
La Junta asegura que seguirá negociando
Pese a las limitaciones presupuestarias señaladas, la responsable de Hacienda ha insistido en que la puerta de la negociación permanece abierta.
La Junta considera que la homologación salarial es un objetivo compartido y que las diferencias existentes deben abordarse mediante el diálogo con las organizaciones sindicales y dentro de las posibilidades económicas de la Comunidad Autónoma.
La reunión celebrada con CSIF, UGT y CCOO ha servido, según la Administración regional, para poner sobre la mesa las cifras disponibles y comenzar a analizar posibles escenarios. La Junta ha calificado este encuentro como una primera toma de contacto y ha reiterado su voluntad de seguir alcanzando acuerdos. (Junta de Extremadura)
La consejera ha planteado, por tanto, continuar las conversaciones en las correspondientes mesas sectoriales, donde deberán concretarse las propuestas y analizarse su impacto económico.
Otras mejoras en las condiciones laborales
Además de las cuestiones estrictamente salariales, Manzano ha recordado otras medidas impulsadas durante la actual legislatura para mejorar las condiciones de los empleados públicos.
Entre ellas se encuentra la actualización del decreto de indemnizaciones, que llevaba 18 años sin ser revisado y que ha permitido elevar la compensación por kilometraje de 0,22 a 0,26 euros por kilómetro. (Junta de Extremadura)
También se ha referido a la actualización de la normativa sobre teletrabajo, que permite solicitar esta modalidad durante todo el año y que, según la Junta, facilita la conciliación de la vida laboral y familiar.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha destacado los procesos de estabilización y las medidas adoptadas en materia de empleo público como parte de su política para mejorar las condiciones de los trabajadores de la Administración regional. La Junta cifra en 9.186 las personas beneficiadas por los procesos de estabilización desarrollados durante la legislatura. (Cáceres Diario)
Un proceso abierto y condicionado por el presupuesto
La negociación sobre la homologación salarial se encuentra, por tanto, en una fase inicial. La reunión entre la Junta y las organizaciones sindicales ha permitido poner sobre la mesa las posibilidades económicas de la Comunidad Autónoma y abrir un nuevo escenario de diálogo.
Los sindicatos, por su parte, vienen reclamando un compromiso presupuestario que permita avanzar en la reducción de las diferencias salariales y han mantenido su calendario de movilizaciones ante la falta de un acuerdo definitivo. (EFE Noticias)
La Junta sostiene que existe voluntad política para abordar las desigualdades retributivas, pero subraya que cualquier acuerdo debe contar con respaldo presupuestario suficiente y ser compatible con el resto de obligaciones de la Comunidad Autónoma.
El escenario de los próximos meses estará marcado, por tanto, por dos elementos: la negociación entre la Administración y las organizaciones sindicales y la disponibilidad efectiva de recursos en los Presupuestos de Extremadura para 2027.
El Ejecutivo regional mantiene así su compromiso de continuar escuchando a los representantes de los empleados públicos y de estudiar nuevas medidas de mejora, al tiempo que reclama un modelo de financiación autonómica que, a su juicio, permita a Extremadura disponer de los recursos necesarios para atender sus competencias y afrontar nuevos compromisos con sus trabajadores públicos.
