El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa en 2.905 habitantes la población atendida por cada profesional de los servicios sociales comunitarios en Extremadura, frente a los 1.363 de media estatal
El estudio del índice DEC, elaborado con datos correspondientes a 2024, señala también la necesidad de mejorar la cobertura de teleasistencia y las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, al tiempo que destaca los buenos resultados de la región en atención residencial a personas mayores, centros de día y ayuda a domicilio
Extremadura necesita seguir reforzando los recursos humanos y materiales destinados al desarrollo de los servicios sociales para garantizar una atención adecuada, próxima y de calidad a la ciudadanía, especialmente a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Así se desprende del informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza la situación de los servicios sociales en las distintas comunidades autónomas a través del denominado índice DEC, con datos correspondientes al ejercicio 2024.
El estudio analiza diferentes dimensiones del sistema de servicios sociales y toma en consideración indicadores relacionados, entre otros ámbitos, con la estructura profesional, la cobertura de los servicios, la atención a las personas mayores, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la atención a las personas con discapacidad, la protección de menores, la atención a las víctimas de violencia de género y los recursos destinados a la inclusión y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Más profesionales para reforzar los servicios sociales comunitarios
Uno de los principales aspectos señalados por el informe es la necesidad de incrementar la dotación de profesionales de los servicios sociales comunitarios en Extremadura.
Según los datos recogidos en el estudio, en la comunidad autónoma existe una proporción de 2.905 habitantes por cada profesional de los servicios sociales comunitarios, frente a una media estatal de 1.363 habitantes por profesional.
Esta diferencia pone de manifiesto la necesidad de continuar avanzando en el fortalecimiento de los equipos profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.
La disponibilidad de profesionales constituye un elemento fundamental para garantizar una atención cercana y personalizada, facilitar la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad, realizar un adecuado seguimiento de los casos y coordinar las diferentes prestaciones y recursos disponibles.
El refuerzo de los equipos profesionales permitiría, además, mejorar la capacidad de respuesta ante una demanda creciente y cada vez más compleja, así como avanzar en una atención centrada en las necesidades concretas de las personas, las familias y las comunidades locales.
La teleasistencia, otro de los ámbitos que requiere mejoras
El informe también identifica margen de mejora en la cobertura de los servicios de teleasistencia.
En Extremadura, la cobertura de este servicio alcanza al 8 % de las personas mayores de 75 años, frente al 24 % de media estatal.
La teleasistencia constituye un recurso especialmente relevante para favorecer la autonomía personal, prevenir situaciones de aislamiento y facilitar que las personas mayores puedan permanecer durante más tiempo en su entorno habitual con mayores garantías de seguridad y acompañamiento.
La diferencia existente respecto a la media nacional pone de relieve la importancia de continuar extendiendo este servicio, especialmente entre las personas mayores que viven solas o presentan situaciones de especial vulnerabilidad.
Recursos de acogida para víctimas de violencia de género
Otro de los indicadores en los que el informe señala una diferencia respecto a la media estatal es el relativo a las plazas de acogida destinadas a mujeres víctimas de violencia de género.
Extremadura dispone de 7,5 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección, frente a las 16,2 plazas por cada 100 mujeres de media en el conjunto de España.
La disponibilidad de recursos de acogida constituye un elemento esencial para garantizar una respuesta integral ante las situaciones de violencia de género y proporcionar a las mujeres y, en su caso, a sus hijos e hijas, un espacio seguro desde el que iniciar procesos de recuperación y autonomía.
Evolución del índice DEC
El informe sitúa a Extremadura con una puntuación de 4,78 puntos sobre 10 en el índice DEC correspondiente a 2024.
De acuerdo con la clasificación elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la comunidad autónoma pasa de ocupar el sexto puesto al decimoquinto, registrando un descenso de 1,03 puntos respecto al ejercicio anterior.
El estudio atribuye este retroceso fundamentalmente a la evolución de la denominada relevancia económica del sistema, vinculada al gasto de las administraciones públicas en servicios sociales.
En concreto, el informe señala que la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos redujeron en 2024 un 14,6 % el gasto destinado a servicios sociales respecto al ejercicio anterior.
El gasto habría pasado de 713,7 euros por habitante en 2023 a 609,3 euros por habitante en 2024.
No obstante, pese a esta reducción, el gasto por habitante registrado en Extremadura continúa situándose por encima de la media estatal, que en 2024 fue de 575,1 euros por habitante.
Un sistema con fortalezas en diferentes ámbitos
Junto a las áreas en las que el informe identifica necesidades de mejora, el estudio también pone de manifiesto diversos indicadores en los que Extremadura presenta resultados superiores a la media estatal.
Uno de ellos es el relativo a las plazas residenciales para personas mayores.
Extremadura dispone de 7,47 plazas por cada 100 personas mayores de 75 años, frente a las 5,50 plazas de media estatal.
La comunidad autónoma también presenta una cobertura superior a la media en centros de día, con 5,84 plazas por cada 100 personas mayores de 75 años, frente a las 2,2 plazas por cada 100 mayores en el conjunto del país.
Estos datos reflejan la existencia de una red de recursos destinada a favorecer la atención y los cuidados de las personas mayores y a ofrecer alternativas que permitan responder a diferentes grados de necesidad y dependencia.
Mayor intensidad en el servicio de ayuda a domicilio
Otro de los indicadores positivos recogidos en el informe corresponde al servicio de ayuda a domicilio.
En Extremadura, la intensidad media del servicio alcanza las 40 horas mensuales, frente a las 23,8 horas mensuales de media estatal.
Este dato refleja una mayor intensidad de atención domiciliaria en la comunidad autónoma y pone de manifiesto la relevancia de los servicios de proximidad como instrumento para favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual.
La ayuda a domicilio constituye, además, un recurso especialmente importante para las personas en situación de dependencia y para aquellas familias que necesitan apoyos para compatibilizar los cuidados con sus responsabilidades personales, familiares y laborales.
Otros ámbitos con resultados positivos
El informe también sitúa a Extremadura en una posición favorable en otros ámbitos de los servicios sociales.
Entre ellos se encuentran los acogimientos familiares para menores, las plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad y los alojamientos para personas sin hogar.
Estos recursos forman parte de una red de atención social que tiene como objetivo ofrecer respuestas específicas a diferentes situaciones de necesidad y garantizar que las personas puedan acceder a apoyos adecuados en función de sus circunstancias.
La combinación de estos indicadores pone de manifiesto que la realidad de los servicios sociales en Extremadura presenta diferentes dimensiones y que, junto a ámbitos que requieren un refuerzo, existen servicios y prestaciones que muestran niveles de cobertura o intensidad superiores a los registrados en el conjunto del Estado.
Un contexto estatal marcado por diferencias territoriales
El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también pone de relieve las importantes diferencias existentes entre las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.
Según el estudio, aproximadamente el 42 % de la población española, alrededor de 20 millones de personas, reside en comunidades autónomas cuyos servicios sociales son calificados como “débiles” o “irrelevantes” en el marco del índice DEC.
En el extremo superior de la clasificación se sitúan País Vasco, Castilla y León y Navarra, mientras que Extremadura, Cantabria y Murcia aparecen entre las comunidades con menor puntuación.
Además de Extremadura, otras comunidades autónomas como Murcia, Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia no alcanzan los cinco puntos sobre diez establecidos en la clasificación del índice DEC.
El reto de reforzar la atención social
Los resultados del informe ponen de manifiesto la importancia de continuar avanzando en el fortalecimiento de los servicios sociales en Extremadura, especialmente en aquellos ámbitos en los que se observan mayores diferencias respecto a la media estatal.
La mejora de la dotación de profesionales, el incremento de la cobertura de la teleasistencia y el refuerzo de los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género aparecen como algunos de los principales retos identificados.
Al mismo tiempo, los datos positivos registrados en atención residencial a personas mayores, centros de día, ayuda a domicilio, acogimiento familiar de menores, atención residencial a personas con discapacidad y alojamiento para personas sin hogar constituyen una base sobre la que continuar desarrollando y mejorando el sistema.
El objetivo debe ser avanzar hacia unos servicios sociales más próximos, accesibles, suficientes y capaces de responder a las necesidades de las personas, garantizando una atención integral y reforzando especialmente los recursos destinados a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, el análisis de los indicadores del índice DEC permite identificar tanto las fortalezas del sistema extremeño como aquellos ámbitos en los que resulta necesario intensificar los esfuerzos y la inversión pública, con el propósito de mejorar la calidad, la cobertura y la capacidad de respuesta de los servicios sociales en el conjunto del territorio.
Principales datos de Extremadura recogidos en el informe
Puntuación índice DEC: 4,78 puntos sobre 10.
Posición en la clasificación: del sexto al decimoquinto puesto.
Variación interanual: -1,03 puntos.
Profesionales de servicios sociales comunitarios: 1 profesional por cada 2.905 habitantes, frente a 1.363 de media estatal.
Teleasistencia: cobertura del 8 % entre mayores de 75 años, frente al 24 % estatal.
Plazas de acogida para víctimas de violencia de género: 7,5 por cada 100 mujeres con orden de protección, frente a 16,2 de media estatal.
Gasto público en servicios sociales: 609,3 euros por habitante en 2024, frente a 713,7 euros en 2023.
Variación del gasto: -14,6 %.
Media estatal de gasto: 575,1 euros por habitante.
Plazas residenciales para mayores: 7,47 por cada 100 mayores de 75 años, frente a 5,50 de media estatal.
Centros de día: 5,84 plazas por cada 100 mayores de 75 años, frente a 2,2 de media estatal.
Ayuda a domicilio: 40 horas mensuales de intensidad, frente a 23,8 horas de media estatal.
Otros ámbitos destacados: acogimiento familiar de menores, plazas residenciales para personas con discapacidad y alojamientos para personas sin hogar.
