La Junta colabora con el dispositivo sanitario impulsado por el Ministerio de Sanidad, mientras PP y Vox sacan adelante en la Asamblea una iniciativa para exigir medidas ante la situación que atraviesa Ceuta

Mérida, 18 de septiembre de 2026.- Extremadura ha puesto a disposición de Ceuta un total de 900 dosis de vacunas dentro del dispositivo coordinado por el Ministerio de Sanidad para reforzar la prevención sanitaria en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria registrada desde finales de julio.

La colaboración extremeña se articula mediante un sistema de préstamo, por el que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, deberá devolver posteriormente las dosis facilitadas por Extremadura o su importe económico. El valor estimado del envío se sitúa en torno a los 10.500 euros, aunque la cantidad definitiva dependerá de la composición del lote.

Las vacunas solicitadas incluyen dosis frente a difteria, tétanos, tos ferina y otras enfermedades, y la Junta ha señalado que esta colaboración no compromete el calendario de vacunación de la población extremeña, al disponer la comunidad de reservas para atender posibles necesidades extraordinarias.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, defendió la colaboración con Ceuta y señaló que la vacunación permite proteger tanto a las personas que reciben las dosis como al conjunto de la población mediante la protección comunitaria.

La aportación extremeña se integra en un dispositivo nacional mediante el que las comunidades autónomas acordaron movilizar 45.000 dosis de vacunas para Ceuta: hasta 15.000 de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, otras 10.000 de varicela y 10.000 de polio. El objetivo es responder a las necesidades extraordinarias de prevención sanitaria tanto entre la población ceutí no vacunada como entre las personas migrantes.

La situación sanitaria ha requerido un dispositivo específico del INGESA. El organismo registró, por ejemplo, 357 asistencias a población migrante entre el 8 y el 9 de septiembre, además de 204 personas vacunadas durante esa jornada, con un total de 801 vacunas administradas.

Una crisis que también llega al ámbito político

La colaboración sanitaria se produce en paralelo a la posición política que mantiene el Gobierno extremeño respecto a la gestión de la crisis migratoria y, especialmente, al traslado de menores no acompañados desde Ceuta a otras comunidades autónomas.

En este contexto, PP y Vox han respaldado en la Asamblea de Extremadura una iniciativa para exigir al Gobierno central una respuesta ante la situación que atraviesa Ceuta, al tiempo que ambos grupos mantienen su rechazo a la acogida en Extremadura de nuevos menores migrantes procedentes de la ciudad autónoma.

La posición de PP y Vox se produce después de que la Junta de Extremadura no acudiera a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio, en la que se aprobó una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante no acompañada en Ceuta. Extremadura, junto a Castilla y León y Aragón, comunicó previamente su rechazo al planteamiento del Gobierno y no participó en la reunión.

El vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández, había expresado que Extremadura no quería participar en un acuerdo que, a juicio del Ejecutivo autonómico, pretendía trasladar automáticamente a menores a otras comunidades en lugar de abordar el origen de la situación.

No obstante, la realidad es que Extremadura ya había acogido a cuatro menores procedentes de Ceuta durante el mes de agosto. Según confirmó entonces la Delegación del Gobierno, se trataba de menores que habían llegado a la ciudad autónoma antes de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.

Ceuta reclama una actuación del Estado

La situación de la ciudad autónoma se mantiene como uno de los principales focos de debate político. El Gobierno central aprobó a comienzos de septiembre un paquete de medidas de 309 millones de euros para reforzar la seguridad, los servicios esenciales, la acogida y la economía de Ceuta. El plan incluye también recursos específicos para la atención de menores.

Según los últimos datos difundidos por el Gobierno, todavía permanecían en las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores migrantes, mientras que más de 2.000 habían sido identificados y alrededor de 900 habían sido trasladados a un nuevo centro de acogida.

La propia Asamblea de Ceuta aprobó a finales de agosto una declaración institucional, suscrita por todos los grupos políticos, en la que reclamaba al Gobierno de España una actuación inmediata para recuperar la normalidad, además de medidas en materia de seguridad, retorno conforme a la legislación, servicios públicos y reparación de los daños económicos derivados de la crisis.

En el ámbito sanitario, la ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta el 17 de septiembre y aseguró que el hospital de la ciudad no se encontraba colapsado, aunque profesionales sanitarios han trasladado públicamente su preocupación por la presión asistencial y el incremento de la actividad.

De este modo, Extremadura mantiene una doble posición ante la situación de Ceuta: por un lado, participa en la respuesta sanitaria mediante la cesión de vacunas solicitada por el Ministerio de Sanidad y, por otro, PP y Vox defienden en el ámbito político una respuesta específica del Gobierno central ante la crisis y rechazan el reparto de nuevos menores migrantes procedentes de la ciudad autónoma.