El censo de extremeños residentes en el extranjero crece un 11,8% desde 2019 y supera ya los 30.600 electores

La Junta reclama transparencia al Gobierno sobre el origen de las nuevas altas y advierte de las consecuencias de utilizar la nacionalidad con fines partidistas

El censo electoral de españoles residentes ausentes (CERA) de Extremadura ha aumentado en 3.228 electores desde mayo de 2019, pasando de 27.382 a 30.610 inscritos en diciembre de 2025, lo que supone un crecimiento del 11,8%, según los datos oficiales de la Administración electoral.

Este incremento adquiere una especial relevancia tras la entrada en vigor de la denominada ‘ley de nietos’, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de la Ley de Memoria Democrática y que amplió los supuestos de acceso a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles.

Entre mayo de 2023 y diciembre de 2025, coincidiendo con el periodo de aplicación de la norma, el CERA extremeño pasó de 28.808 a 30.610 electores, con 1.802 inscritos más.

Desde Extremadura se considera especialmente preocupante que, pese a la magnitud de las cifras de nacionalizaciones tramitadas en el exterior, no exista una estadística pública suficientemente desagregada que permita conocer cuántos de los nuevos electores incorporados al CERA lo han hecho como consecuencia directa de la ‘ley de nietos’.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber cuántas personas han obtenido la nacionalidad por esta vía, cuántas han sido incorporadas al censo electoral y, sobre todo, cuántas podrán ejercer finalmente su derecho al voto”, se señala desde la Junta.

Una expansión del voto exterior que exige explicaciones

El Gobierno ha defendido la ‘ley de nietos’ como una medida destinada a reparar situaciones derivadas del exilio y de la historia de España. Sin embargo, la aplicación de la norma ha provocado un extraordinario volumen de solicitudes de nacionalidad en los consulados españoles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado que hasta el 31 de mayo de 2026 se habían presentado más de 1,2 millones de solicitudes formales, de las cuales más de medio millón habían sido aprobadas.

Estas cifras evidencian la dimensión alcanzada por el proceso, pero no permiten equiparar automáticamente solicitudes de nacionalidad con nuevos electores. Precisamente por ello, Extremadura reclama al Gobierno información pública, transparente y territorializada sobre el impacto real de la norma en el censo electoral.

“No se puede hablar de una operación administrativa de esta magnitud y, al mismo tiempo, desconocer públicamente cuál es su impacto electoral”, sostiene la Administración autonómica.

Badajoz supera los 17.800 residentes en el extranjero

El impacto del voto exterior tiene además una dimensión territorial relevante para Extremadura.

En diciembre de 2025, Badajoz contaba con 17.831 electores residentes en el extranjero, mientras que Cáceres registraba 12.779.

En total, Extremadura alcanzaba los 30.610 electores CERA, una cifra que representa alrededor del 3,4% del conjunto del electorado de la comunidad y que convierte al voto exterior en un factor que no puede ser ignorado en el análisis electoral de la región.

El Supremo introduce ahora una medida cautelar

La controversia se ha visto agravada por la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, que ha acordado medidas cautelares sobre los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones obtenidas al amparo de la ‘ley de nietos’.

La decisión judicial no suspende la Ley de Memoria Democrática ni anula las nacionalidades concedidas, pero sí afecta a sus efectos electorales y a determinadas inscripciones en el CERA mientras se resuelve el procedimiento.

El Supremo ha puesto el foco en la acreditación documental de la condición de descendiente de exiliados en los supuestos contemplados y ha justificado la medida cautelar en la necesidad de evitar un eventual perjuicio irreversible para el sistema electoral.

Desde Extremadura se considera que esta situación pone de manifiesto la falta de previsión y de transparencia con la que el Gobierno habría gestionado la aplicación de una norma con consecuencias directas sobre el censo electoral.

“Que ahora tenga que ser el Tribunal Supremo quien adopte medidas cautelares sobre sus efectos electorales demuestra que el Gobierno no puede desentenderse de las consecuencias de una decisión política de esta magnitud”, se denuncia.

La Junta estudiará todas las vías legales

La Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para analizar jurídicamente la ‘ley de nietos’ y determinar si alguno de sus aspectos puede afectar a las competencias autonómicas.

El objetivo es disponer de todos los elementos jurídicos necesarios para, si procede, emprender las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de Extremadura y de la transparencia del sistema electoral.

La Administración autonómica reclama, además, al Gobierno central que facilite los datos necesarios para conocer con precisión el impacto territorial de las nuevas nacionalizaciones y su eventual incorporación al censo electoral.

“El voto de los españoles en el exterior no puede convertirse en una herramienta partidista”

Desde Extremadura se advierte de que la nacionalidad española constituye un derecho que debe estar protegido y gestionado con todas las garantías, pero se considera igualmente imprescindible preservar la neutralidad, transparencia y seguridad jurídica del sistema electoral.

La Junta sostiene que la cuestión no es negar derechos a los descendientes de españoles, sino garantizar que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo electoral se produzca con plena trazabilidad, controles suficientes y absoluta independencia de cualquier interés partidista.

“Una cosa es reconocer derechos de nacionalidad a quienes cumplen los requisitos establecidos por la ley y otra muy distinta es que el Gobierno no sea capaz de explicar con transparencia cuál está siendo el impacto de ese proceso sobre el censo electoral. El voto exterior pertenece a los ciudadanos, no a ningún Gobierno ni a ningún partido”, concluye la Junta.

La evolución de los próximos meses permitirá comprobar hasta qué punto las nuevas nacionalizaciones modifican el censo exterior extremeño. Mientras tanto, la decisión cautelar del Tribunal Supremo introduce un nuevo elemento de incertidumbre sobre el ejercicio efectivo del derecho al voto de los beneficiarios de la norma.