• El GPP denuncia que la Ley de Concordia “busca la unidad» mientras que el Gobierno de Sánchez” busca la confrontación»
  • Sánchez Juliá defiende que «si la Ley de Concordia fuera inconstitucional, habrían derogado toda la ley»
  • El GPP señala que la Ley de Concordia amplía el reconocimiento también a las víctimas del Terrorismo

El Grupo Parlamentario Popular de Extremadura ha confirmado que la Ley de Concordia sigue plenamente en vigor tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que el portavoz del GPP, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado como «totalmente ideológica, fruto del sectarismo y la búsqueda de confrontación entre los extremeños».

Sánchez Juliá ha subrayado que el recurso del Ejecutivo central «no es legal, no es por competencias, es puramente ideológico» y ha cuestionado que un asunto que no figuraba en el orden del día del Tribunal Constitucional se haya introducido «a capón» precisamente el Día de Extremadura, «un día de unión y reconocimiento de la esencia del pueblo extremeño».

El portavoz popular ha defendido la constitucionalidad de la norma argumentando que «si la Ley de Concordia fuera inconstitucional, habrían recurrido toda la ley, no solo unos preceptos».

En este sentido, ha destacado que la norma extremeña «avanza en derechos, reconoce a todas las víctimas y amplía el reconocimiento incluyendo expresamente a las víctimas del terrorismo», algo que el Gobierno de Sánchez pretende eliminar según el recurso presentado.

Sánchez Juliá ha recordado que el gobierno de María Guardiola es «el que más ha avanzado y más ha trabajado en estos asuntos», con un incremento del 300% en el presupuesto para exhumaciones desde 2021, y ha asegurado que «no hay una sola víctima que pueda encontrarse agraviada» por esta ley, que mantiene todos los procedimientos de investigación, localización y exhumación.

«Nosotros aprobamos la Ley de Concordia con espíritu de unión y reconciliación. El gobierno de Pedro Sánchez prefiere la confrontación», ha sentenciado el portavoz del GPP.

 

Devolución de 472.000€ de David Sánchez

En otro orden de cosas, el GPP ha exigido al Partido Socialista y a la Diputación Provincial de Badajoz que se pronuncien sobre el requerimiento del Tribunal de Cuentas respecto a la devolución de los 427.000 euros pagados a David Sánchez y su colaborador tras la condena por prevaricación.

Sánchez Julia ha preguntado «qué va a hacer la Diputación para defender hasta el último céntimo de los pacenses» y ha reclamado al PSOE que explique si pedirá a los cargos públicos condenados que «devuelvan las actas y abandonen la vida pública», recordando que hay diputados provinciales y concejales socialistas condenados que continúan en sus puestos sin que la dirección regional del partido haya dicho «absolutamente nada».