La Asamblea de Extremadura convalida el decreto-ley respaldado por PP, PSOE y Vox, que amplía la duración de las autorizaciones municipales y modifica el régimen electoral de las cámaras de comercio

La Asamblea de Extremadura ha convalidado este viernes el decreto-ley que amplía de siete a quince años la duración de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante y permite una única prórroga por un periodo idéntico. De este modo, las licencias podrán alcanzar una vigencia máxima de treinta años, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por la normativa y las ordenanzas municipales.

La iniciativa ha contado con el respaldo de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Vox, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido.

El nuevo marco normativo pretende aportar mayor estabilidad a los profesionales del comercio ambulante, facilitar la planificación de inversiones y favorecer la continuidad de negocios que, en numerosos casos, tienen carácter familiar. Los ayuntamientos conservarán la obligación de comprobar anualmente que se mantienen los requisitos establecidos en la legislación y en sus respectivas ordenanzas.

Asimismo, el decreto-ley facilita la transmisión de las autorizaciones a familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como a los causahabientes. Esta transmisión se producirá únicamente por el tiempo que reste de vigencia de la autorización y deberá mantener la misma clase de productos que se comercializaban originalmente.

La norma también clarifica la figura de la persona suplente y permite que determinados familiares puedan asistir ocasionalmente al titular cuando concurra una causa justificada. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus ordenanzas al nuevo marco regulador, aunque las nuevas condiciones serán aplicables automáticamente a las autorizaciones que se encuentren actualmente vigentes.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha defendido la reforma como respuesta a la incertidumbre generada desde que numerosas autorizaciones comenzaron a extinguirse en octubre de 2025.

Santamaría ha señalado que la ampliación del periodo de vigencia permitirá a los comerciantes planificar inversiones en vehículos, puestos y equipamientos, además de garantizar la continuidad de actividades económicas especialmente relevantes en los municipios rurales y con población envejecida.

“En muchos municipios el mercadillo no es una actividad complementaria, sino una de las pocas alternativas reales de abastecimiento”, ha destacado el consejero, quien ha subrayado la importancia económica y social del comercio ambulante en Extremadura.

Modificaciones en las cámaras de comercio

El decreto-ley incorpora también modificaciones en la normativa aplicable a las cámaras oficiales de comercio de Cáceres y Badajoz, con el objetivo de adaptar la legislación extremeña a la normativa básica estatal antes del próximo proceso de renovación de sus órganos de gobierno.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del voto delegado, de manera que el sufragio pase a ser personal e intransferible, así como la supresión del límite legal de mandatos para las presidencias de las cámaras. El mandato continuará teniendo una duración de cuatro años, aunque los presidentes podrán ser reelegidos sin una limitación fijada por la legislación autonómica, salvo que los propios órganos camerales establezcan otra regulación.

La norma precisa igualmente los requisitos necesarios para la presentación de candidaturas. La Junta de Extremadura ha recordado que estas modificaciones responden a los requerimientos formulados por el Estado en los años 2022 y 2023 para adaptar determinadas disposiciones autonómicas a la legislación básica nacional.

Respaldo de los grupos parlamentarios

Durante el debate parlamentario, Vox anunció su apoyo al decreto-ley y destacó que la norma forma parte del cumplimiento del acuerdo de gobierno suscrito con el Partido Popular. Su diputada Eva María García calificó el comercio ambulante como el “corazón social” de la iniciativa y defendió que la ampliación de las autorizaciones permitirá planificar inversiones a medio y largo plazo y favorecer el relevo generacional.

El Grupo Parlamentario Socialista también respaldó la convalidación, aunque cuestionó el procedimiento utilizado por el Ejecutivo autonómico. La diputada Piedad Álvarez compartió la necesidad de dotar de estabilidad al comercio ambulante y adaptar la normativa de las cámaras de comercio, pero consideró que estas medidas podrían haberse tramitado mediante un proyecto de ley con una mayor participación parlamentaria.

Álvarez reclamó igualmente información sobre la situación de las autorizaciones que hubieran caducado desde octubre de 2025 y defendió la necesidad de garantizar la transparencia, el diálogo y la participación institucional.

Unidas por Extremadura optó por la abstención. Aunque manifestó su acuerdo con buena parte de las medidas dirigidas al comercio ambulante, expresó su rechazo a algunos cambios relativos a las cámaras de comercio, especialmente a la eliminación del límite de mandatos de sus presidencias y a la supresión del voto delegado, al considerar que esta última medida podría dificultar la participación de pequeños empresarios y autónomos.

Por su parte, el Partido Popular defendió que el decreto-ley responde a problemas concretos y a reivindicaciones planteadas por el propio sector. Su diputado Manuel Martín destacó especialmente la ampliación de siete a quince años de las autorizaciones, prorrogables por otros quince, y presentó la medida como una herramienta para aportar estabilidad, facilitar la renovación de equipamientos y garantizar la continuidad de los negocios familiares.

Con la convalidación del decreto-ley, Extremadura establece un marco más estable para el desarrollo de la venta ambulante y avanza en la adaptación de su normativa sobre cámaras de comercio a la legislación básica estatal.