La Junta recuerda que las últimas revisiones han supuesto 400 millones de euros en mejoras salariales y reivindica una política de hechos frente a las críticas sindicales

El Gobierno extremeño reafirma que seguirá manteniendo un diálogo permanente con los representantes de los empleados públicos y reclama que se reconozcan los avances retributivos alcanzados durante la legislatura

La Junta de Extremadura ha reivindicado las mejoras salariales impulsadas durante la presente legislatura y ha puesto sobre la mesa un dato que, a juicio del Ejecutivo autonómico, demuestra con claridad su compromiso con los empleados públicos: las últimas revisiones retributivas han supuesto una mejora de 400 millones de euros.

El Gobierno regional considera que esta cifra desmonta el discurso de quienes pretenden presentar a la Administración autonómica como ajena a las reivindicaciones de sus trabajadores y evidencia que, frente a las declaraciones y las movilizaciones, la Junta ha optado por negociar, alcanzar acuerdos y poner recursos económicos encima de la mesa.

El Ejecutivo extremeño ha señalado que respeta las movilizaciones anunciadas por las organizaciones sindicales, pero considera necesario situar el debate sobre las condiciones laborales de los empleados públicos desde la realidad de las medidas adoptadas y de los compromisos presupuestarios asumidos.

En este sentido, la Junta recuerda que las sucesivas revisiones salariales han permitido incrementar de manera significativa las retribuciones de los empleados públicos extremeños, con un impacto económico acumulado de 400 millones de euros.

Una política que, según defiende el Gobierno autonómico, supone pasar de las palabras a los hechos y que se enmarca en el compromiso de mejorar progresivamente las condiciones de los trabajadores de la Administración General, del Servicio Extremeño de Salud y del resto de los servicios públicos de la comunidad.

Un Gobierno que negocia y cumple

La Junta de Extremadura ha rechazado que pueda hablarse de ausencia de diálogo con las organizaciones sindicales. Por el contrario, sostiene que el diálogo social ha sido y seguirá siendo una herramienta fundamental para abordar las reivindicaciones de los empleados públicos.

El Gobierno regional ha reiterado que continuará escuchando las propuestas de CSIF, UGT y CCOO y que mantendrá abiertas todas las vías de negociación para alcanzar acuerdos.

En este contexto, la presidenta de la Junta, María Guardiola, participará junto a la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en la reunión prevista con las organizaciones sindicales el próximo 14 de septiembre.

El Ejecutivo autonómico considera que este encuentro constituye una nueva oportunidad para seguir avanzando y demuestra que la puerta del diálogo permanece abierta, incluso en un escenario marcado por las movilizaciones anunciadas.

La Junta insiste en que no existe ninguna voluntad de confrontación con los representantes de los trabajadores y que su prioridad continúa siendo mejorar los servicios públicos y las condiciones de quienes trabajan en ellos.

400 millones frente al discurso de la confrontación

El Gobierno extremeño considera que los datos deben ocupar un lugar central en este debate. 400 millones de euros en mejoras salariales no son una declaración de intenciones, sino una decisión política y presupuestaria concreta, que ha supuesto un esfuerzo económico para las cuentas públicas de Extremadura.

Por ello, la Junta defiende que las reivindicaciones legítimas de los empleados públicos deben seguir abordándose desde la negociación y el acuerdo, pero también desde el reconocimiento de los avances ya conseguidos.

El Ejecutivo autonómico continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos y, al mismo tiempo, reafirma su disposición a mantener un diálogo permanente, constructivo y abierto con las organizaciones sindicales.

La Junta subraya que su compromiso con los empleados públicos no se mide únicamente en reuniones o declaraciones, sino también en los recursos destinados a mejorar sus salarios y condiciones laborales. Y, en este sentido, los 400 millones de euros de las últimas revisiones retributivas constituyen una cifra que refleja de manera tangible ese compromiso.