El delegado del Gobierno destaca que la comunidad tutela actualmente a 107 menores migrantes no acompañados sobre una capacidad de 364 plazas y recuerda que la protección de la infancia debe situarse por encima de cualquier debate ideológico

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado este martes que la comunidad autónoma «no presenta una situación de colapso generalizado» en su sistema de acogida de menores migrantes no acompañados y ha defendido que la respuesta institucional a esta realidad debe basarse en la cooperación entre administraciones, la solidaridad entre territorios y el cumplimiento del marco constitucional.

Quintana ha realizado estas declaraciones en respuesta a las preguntas formuladas por los medios de comunicación tras mantener una reunión con representantes de Aspace Badajoz, después de que la Junta de Extremadura manifestara que el sistema autonómico de protección de menores se encuentra «prácticamente colapsado» y que no puede asumir nuevas acogidas.

El delegado del Gobierno ha señalado que los datos oficiales del Ejecutivo central reflejan una situación diferente. En concreto, ha explicado que Extremadura tutela en la actualidad a 107 menores migrantes no acompañados, mientras que la capacidad total del sistema de acogida en la comunidad asciende a 364 plazas.

«Con nuestros datos está claro que no existe un colapso generalizado del sistema. Entendemos que no está al límite ni presenta una situación de saturación», ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que la tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas, mientras que la atención a las personas migrantes adultas es competencia de la Administración General del Estado.

Solidaridad con los territorios que soportan una mayor presión migratoria

Durante su comparecencia, Quintana ha reconocido que existen comunidades y ciudades autónomas que afrontan una presión asistencial especialmente intensa, como Canarias, Ceuta y Melilla, debido al elevado número de llegadas de menores migrantes.

En este contexto, ha defendido que la solidaridad entre territorios constituye un principio esencial para garantizar una respuesta equilibrada y eficaz, permitiendo que las distintas comunidades autónomas colaboren en la atención y protección de estos menores.

El delegado ha recordado igualmente que estos traslados cuentan con financiación específica de la Administración General del Estado. En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España ha destinado 35 millones de euros para reforzar la atención a menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura.

«La solidaridad forma parte de la respuesta que debe ofrecer el conjunto del Estado ante una realidad que afecta especialmente a determinados territorios», ha subrayado.

La protección de los menores debe prevalecer sobre el debate político

José Luis Quintana ha insistido en que la legislación española establece con claridad la obligación de proteger a los menores de edad con independencia de cualquier consideración política o ideológica.

«Cuando hablamos de menores, la ley es absolutamente clara: su protección debe situarse por encima de cualquier debate partidista o ideológico», ha señalado.

En este sentido, ha advertido de que transmitir una imagen de alarma sobre el funcionamiento del sistema de protección no contribuye a resolver la situación.

«Generar alarma no resuelve los problemas; únicamente dificulta una gestión responsable de una cuestión especialmente sensible como es la protección de la infancia», ha indicado.

La igualdad y la no discriminación, principios constitucionales

El delegado del Gobierno también se ha referido al anuncio realizado por la Junta de Extremadura sobre el desarrollo de medidas dirigidas a implantar, dentro de sus competencias, el denominado principio de prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas públicas.

Al respecto, Quintana ha manifestado que dicho principio «no tiene encaje en la Constitución española», al considerar que la Carta Magna garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas sin discriminación.

En este sentido, ha defendido que las ayudas públicas deben concederse atendiendo a criterios objetivos como la necesidad, la renta o la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias.

«No se puede construir una política pública basada en la discriminación porque ello vulneraría los principios fundamentales del Estado de Derecho», ha afirmado.

Extremadura, ejemplo de solidaridad

Durante su intervención, el delegado ha reivindicado el carácter solidario de la sociedad extremeña, destacando que la comunidad ha demostrado históricamente su compromiso con quienes atraviesan situaciones de dificultad.

«Si hay un rasgo que define a Extremadura es precisamente su solidaridad», ha señalado.

Asimismo, ha mostrado su confianza en que la ciudadanía extremeña continuará defendiendo los valores de igualdad, cohesión y convivencia frente a planteamientos que promuevan la exclusión o la insolidaridad.

Finalmente, Quintana ha reiterado que la respuesta a la atención de los menores migrantes debe sustentarse en la colaboración institucional, el respeto al marco constitucional y la protección del interés superior del menor, garantizando una actuación coordinada entre todas las administraciones públicas.