El vicepresidente Óscar Fernández Calle afirma que la comunidad dispone únicamente de doce plazas libres en el sistema de protección de menores y rechaza las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno
La Junta de Extremadura ha reiterado este miércoles su rechazo al reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados impulsado por el Gobierno de España y ha anunciado que continuará utilizando todas las herramientas políticas, administrativas y jurídicas a su alcance para defender la posición de la comunidad autónoma.
Así lo ha manifestado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, durante una comparecencia informativa junto al director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, en la que ha insistido en que el Ejecutivo regional mantendrá una posición de firme oposición a la distribución obligatoria de menores entre las comunidades autónomas.
Fernández Calle ha señalado que la Junta de Extremadura «se va a oponer por tierra, mar y aire» a la aplicación del nuevo sistema de reparto y ha asegurado que el Gobierno autonómico empleará todos los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de Extremadura.
El vicepresidente ha recordado que la Administración regional ya ha iniciado actuaciones judiciales en relación con esta cuestión mediante la presentación de cinco recursos contencioso-administrativos, dentro de la estrategia diseñada por el Ejecutivo autonómico para responder al nuevo modelo de distribución.
El Ejecutivo autonómico defiende que el sistema de protección se encuentra al límite de su capacidad
Durante su intervención, el responsable de Servicios Sociales ha vuelto a poner el foco en la situación del sistema autonómico de protección de menores, que, según ha indicado, se encuentra próximo a alcanzar su capacidad máxima de atención.
En este sentido, ha explicado que la Junta de Extremadura tutela actualmente a 115 menores extranjeros no acompañados y que únicamente dispone de doce plazas vacantes para la atención de menores, plazas que se destinan indistintamente tanto a menores españoles como extranjeros que requieran protección.
Por este motivo, el vicepresidente ha rechazado las cifras difundidas por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien sostiene que la comunidad autónoma podría acoger hasta 257 menores adicionales.
Según ha defendido Fernández Calle, esa cifra no refleja la capacidad asistencial real del sistema extremeño, cuya disponibilidad efectiva es considerablemente inferior.
Diferencias sobre el modelo de reparto
El vicepresidente ha recordado igualmente que el actual sistema de distribución difiere del aplicado en ejercicios anteriores.
Según ha explicado, mientras que el reparto desarrollado en 2024 tenía carácter voluntario para las comunidades autónomas, el nuevo modelo establece un mecanismo obligatorio, circunstancia que, a juicio del Ejecutivo extremeño, modifica sustancialmente el marco de actuación de las administraciones autonómicas.
Pese a ello, ha reiterado que la Junta mantendrá su oposición institucional dentro del marco legal vigente.
Extremadura no participará en el reparto
Fernández Calle ha manifestado asimismo que la Junta de Extremadura no participará en aquellas conferencias o reuniones sectoriales cuyo objetivo sea avanzar en el reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que la comunidad no debe contribuir al desarrollo de un sistema con el que discrepa.
Durante su comparecencia también ha reiterado las críticas del Ejecutivo autonómico hacia la política migratoria del Gobierno de España, al considerar que genera una presión creciente sobre los sistemas autonómicos de protección de menores.
Sin previsión de ampliar plazas específicas
En relación con la posibilidad de incrementar la red de acogida para menores migrantes no acompañados, el vicepresidente ha indicado que el Ejecutivo regional no contempla ampliar las plazas destinadas específicamente a este colectivo.
No obstante, ha precisado que la Junta continuará evaluando las necesidades del sistema de protección para garantizar la atención de todos aquellos menores que deban ser tutelados por la Administración autonómica conforme a la normativa vigente.
Defensa de los intereses de Extremadura
La Junta de Extremadura reafirma su compromiso con la sostenibilidad del sistema público de protección de menores y considera prioritario preservar la capacidad asistencial existente para garantizar una atención adecuada a quienes ya se encuentran bajo tutela de la Administración.
En este contexto, el Ejecutivo autonómico continuará defendiendo la posición de Extremadura mediante las actuaciones políticas, administrativas y jurídicas que resulten procedentes, con el objetivo de garantizar la adecuada planificación de los recursos públicos y la viabilidad del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma.
