La Junta de Extremadura, a través de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, ha puesto en marcha su estrategia de desregulación administrativa, una iniciativa destinada a simplificar la relación de los ciudadanos, los autónomos y las empresas con la Administración, eliminando cargas burocráticas y facilitando el acceso a los servicios públicos.

La primera medida de esta estrategia será la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa en aquellos servicios donde aún se mantiene y donde no resulte imprescindible por razones técnicas u organizativas. El objetivo es que la cita previa deje de ser un requisito para acceder a la Administración y pase a ser una herramienta al servicio de los ciudadanos, que podrán utilizarla de forma voluntaria para organizar mejor su atención.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha señalado que esta decisión responde al compromiso del Ejecutivo autonómico de construir una Administración «más ágil, eficiente y útil», revisando aquellos procedimientos que generan cargas innecesarias o dificultan la atención a los ciudadanos.

La supresión de la cita previa obligatoria constituye el primer paso de una estrategia más amplia orientada a adaptar la Administración a las necesidades reales de las personas, reforzando la accesibilidad de los servicios públicos y eliminando obstáculos burocráticos.

Junto a esta medida, la estrategia contempla la implantación progresiva de una vía rápida administrativa sustentada en tres ejes principales: el desarrollo de una ventanilla única que facilite la realización de trámites ante las distintas administraciones; la aplicación del silencio administrativo positivo siempre que la normativa lo permita, con el fin de agilizar la respuesta administrativa y reforzar la seguridad jurídica; y la implantación del principio del dato único, evitando que los ciudadanos tengan que aportar documentación o información que ya obre en poder de cualquier administración pública.

Asimismo, la Junta de Extremadura trabajará para implantar, dentro del marco jurídico vigente y en el ámbito de sus competencias, el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, con el objetivo de orientar las políticas públicas hacia la atención prioritaria de las necesidades de los españoles y, especialmente, de los extremeños.

La estrategia de desregulación contará además con la participación activa de la ciudadanía, los autónomos y las empresas mediante la próxima puesta en marcha del Buzón de Desregulación, un canal permanente a través del cual podrán comunicar trabas burocráticas, formular propuestas de simplificación administrativa y trasladar aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Administración.

Las aportaciones recibidas serán analizadas con el propósito de impulsar las modificaciones necesarias para avanzar hacia una Administración más sencilla, cercana y eficaz.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura da el primer paso de una nueva etapa orientada a reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer unos servicios públicos más accesibles, eficientes y adaptados a las necesidades de los ciudadanos.