Este viernes, nueva reunión para intentar alcanzar un acuerdo sobre la financiación autonómica que garantice a Extremadura un trato justo
FEDEA alerta de las profundas diferencias en la financiación de las competencias singulares: Extremadura recibe apenas 11 euros por habitante frente a los 450 euros de Cataluña
El próximo viernes, 4 de septiembre, el Gobierno de España y las comunidades autónomas volverán a reunirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica e intentar avanzar hacia un acuerdo que permita corregir las desigualdades existentes y garantizar un modelo más justo para todos los territorios.
Para Extremadura, esta negociación resulta especialmente relevante ante las diferencias que evidencia el análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) en relación con la financiación de las denominadas competencias singulares.
Los datos conocidos ponen de manifiesto una diferencia que no puede pasar inadvertida: Extremadura recibe alrededor de 11 euros por habitante para la gestión de estas competencias, mientras que Cataluña alcanza los 450 euros por habitante. Es decir, la cantidad destinada por habitante en Cataluña es aproximadamente 41 veces superior a la correspondiente a Extremadura.
La situación adquiere todavía mayor relevancia cuando se compara Extremadura con otras comunidades. Castilla-La Mancha recibe unos 8 euros por habitante y Castilla y León, 9 euros, frente a los 11 euros de Extremadura. Unas cifras que contrastan de manera extraordinaria con los recursos asignados a Cataluña.
Estas diferencias, señaladas por FEDEA como un problema de equidad, ponen sobre la mesa la necesidad de revisar en profundidad los criterios utilizados actualmente para valorar y financiar las competencias singulares de las comunidades autónomas.
Extremadura no puede quedar relegada en la reforma
La financiación autonómica tiene una incidencia directa sobre la capacidad de las comunidades para garantizar servicios públicos esenciales y desarrollar sus competencias. Por ello, cualquier reforma debe tener como prioridad que todos los ciudadanos dispongan de recursos suficientes para recibir unos servicios públicos de calidad, independientemente del territorio en el que vivan.
Extremadura afronta esta negociación desde la defensa de un principio básico: la igualdad de los ciudadanos y la necesidad de que el sistema tenga en cuenta de manera adecuada las características y necesidades reales de cada territorio.
La existencia de diferencias en la distribución territorial de la población, la dispersión, el envejecimiento demográfico, la extensión territorial o el coste de prestación de determinados servicios debe formar parte de cualquier sistema que aspire a ser justo y suficiente.
Por ello, la reforma no puede limitarse a una negociación de cifras globales. Es imprescindible revisar los mecanismos mediante los cuales se determina cuánto recibe cada comunidad y garantizar que los criterios aplicados sean objetivos, transparentes, homogéneos y verificables.
Los datos de FEDEA ponen precisamente de manifiesto que existen importantes diferencias en la valoración de determinadas competencias singulares. Y cuando esas diferencias alcanzan magnitudes como las que separan a Extremadura de Cataluña, resulta imprescindible que sean explicadas y justificadas públicamente.
11 euros frente a 450: una diferencia que exige explicaciones
La comparación resulta especialmente significativa porque permite visualizar un problema que, como señala FEDEA, puede pasar prácticamente inadvertido para el conjunto de la ciudadanía.
11 euros por habitante en Extremadura frente a 450 euros en Cataluña.
No se trata únicamente de una diferencia estadística. Detrás de cada euro de financiación se encuentran recursos destinados a atender responsabilidades públicas y a prestar servicios a los ciudadanos.
Por ello, Extremadura tiene que estar presente en el debate de la reforma con una posición clara: ningún acuerdo puede consolidar diferencias de financiación que no estén suficientemente justificadas por criterios objetivos y transparentes.
El futuro modelo debe garantizar que las singularidades competenciales de determinados territorios no se conviertan en mecanismos que generen una brecha de financiación difícilmente compatible con los principios de igualdad y solidaridad que deben presidir el sistema autonómico.
Una negociación que debe culminar en un acuerdo justo
La reunión del próximo viernes constituye una nueva oportunidad para avanzar en un acuerdo. El aplazamiento de la reunión inicialmente prevista para julio, motivado por la situación de los incendios, permitió posponer un debate que ahora vuelve a ser inaplazable.
Extremadura debe afrontar esta negociación desde la responsabilidad institucional, pero también desde la firme defensa de sus intereses y de los derechos de sus ciudadanos.
El objetivo no debe ser enfrentar a comunidades autónomas, sino garantizar un sistema que trate a todos los ciudadanos con criterios de igualdad y que permita a cada territorio disponer de los recursos necesarios para prestar adecuadamente sus servicios públicos.
Para ello, el nuevo modelo debe asentarse sobre cinco principios fundamentales: suficiencia financiera, equidad, transparencia, solidaridad y cohesión territorial.
Además, debe ofrecer información pública y comparable sobre todos sus componentes, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se calcula la financiación que corresponde a su comunidad y por qué existen diferencias entre territorios.
Extremadura reclama un modelo que garantice igualdad y suficiencia
La reforma de la financiación autonómica no puede hacerse de espaldas a las comunidades que presentan mayores necesidades para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Extremadura debe contar con una financiación suficiente y ajustada a sus circunstancias, de forma que sus ciudadanos puedan disfrutar de servicios públicos de calidad en condiciones equiparables a las del resto de España.
Los datos puestos sobre la mesa por FEDEA refuerzan la necesidad de que este debate se aborde con rigor y sin opacidades. Una diferencia de 11 euros por habitante en Extremadura frente a 450 euros en Cataluña exige, como mínimo, una explicación transparente y una revisión de los criterios que la hacen posible.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes debe servir para avanzar hacia ese objetivo y para que la reforma del sistema no se convierta en una oportunidad perdida.
Extremadura quiere un acuerdo. Pero quiere, sobre todo, un acuerdo justo, transparente y equilibrado; un acuerdo que garantice la igualdad de todos los ciudadanos y que no deje atrás a quienes viven en los territorios con mayores dificultades para prestar sus servicios públicos.
La reforma de la financiación autonómica debe ser una herramienta de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades. Y en ese nuevo modelo, Extremadura debe recibir el reconocimiento y los recursos que necesita para garantizar a sus ciudadanos unos servicios públicos de calidad y unas condiciones de vida dignas, en igualdad con el resto de españoles.
