El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, trasladará al Gobierno portugués la necesidad de concretar la financiación, los plazos y el calendario de unas obras pendientes de los últimos trámites ambientales en Portugal
La Junta tiene consignada en sus presupuestos la financiación necesaria para ejecutar los accesos en territorio español, mientras que el proyecto internacional contempla una inversión de 19,5 millones de euros y permitirá reducir en unos 85 kilómetros el actual recorrido por carretera entre Montalvão y Cedillo
La Junta de Extremadura espera que la reunión prevista para el próximo 2 de septiembre en Lisboa con el Ministerio de Infraestructuras de Portugal permita despejar definitivamente las incertidumbres que todavía afectan al proyecto del puente internacional sobre el río Sever, una infraestructura destinada a conectar directamente Cedillo, en la provincia de Cáceres, con Montalvão, en el municipio portugués de Nisa, y a reforzar la comunicación entre Extremadura y el Alentejo.
El puente será una de las cuestiones prioritarias que el Ejecutivo extremeño pondrá sobre la mesa durante el encuentro bilateral, después de que la ejecución del proyecto haya quedado condicionada por distintos trámites administrativos y medioambientales pendientes en el lado portugués.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha reclamado a Portugal que concrete cuáles son sus previsiones para continuar con la actuación y ha señalado que la Junta necesita conocer cómo se va a financiar la obra, qué plazos maneja el Gobierno portugués y cuándo prevé iniciar y desarrollar los trabajos que son de su competencia.
Ramírez ha realizado estas declaraciones durante su visita a Cedillo para abordar la situación del parque público de vivienda, donde ha sido preguntado por el estado del proyecto del puente transfronterizo.
El consejero ha destacado que la Junta de Extremadura mantiene su compromiso con esta infraestructura y que ha contemplado en sus presupuestos para este ejercicio la cantidad necesaria para hacer frente a la parte de la actuación que corresponde a la Comunidad Autónoma en territorio español.
De este modo, el Ejecutivo extremeño considera que la parte española de la actuación se encuentra respaldada presupuestariamente y que ahora es necesario que Portugal despeje las incertidumbres existentes para poder coordinar los siguientes pasos y establecer un calendario realista para la ejecución del conjunto de la infraestructura.
Un proyecto acordado por España y Portugal
La construcción del puente sobre el río Sever no es una actuación aislada, sino el resultado de un proceso de cooperación entre España y Portugal desarrollado durante los últimos años.
El proyecto quedó formalizado mediante el Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Sever, firmado en Faro el 23 de octubre de 2024, durante la cumbre bilateral entre ambos países. El acuerdo entró en vigor el 26 de junio de 2025.
El documento internacional establece expresamente que el objetivo de la infraestructura es mejorar las condiciones de circulación de vehículos y personas entre ambos países y favorecer el desarrollo de Extremadura y la región portuguesa del Alentejo.
El acuerdo determina asimismo que el nuevo puente estará destinado al tráfico de vehículos, peatones y bicicletas, lo que permitirá dotar a esta zona fronteriza de una conexión moderna y directa entre ambos territorios.
La actuación responde, además, a una reivindicación histórica de las poblaciones situadas a ambos lados de la frontera, que durante años han reclamado una conexión directa sobre el río Sever que permita superar el aislamiento provocado por la ausencia de un paso viario entre Cedillo y Montalvão.
Una infraestructura para acabar con el aislamiento de la zona
La importancia del proyecto va más allá de la construcción de un nuevo puente. La documentación oficial española señala que actualmente los habitantes de esta zona se ven obligados a realizar rodeos superiores a cien kilómetros para desplazarse entre poblaciones situadas geográficamente muy próximas, debido a la barrera que representa el río Sever.
El convenio suscrito en noviembre de 2025 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Extremadura destaca precisamente que el proyecto permitirá combatir el aislamiento de estos municipios, mejorar la vertebración territorial y favorecer la conexión entre las redes viarias de España y Portugal.
En el caso de la conexión concreta entre Montalvão y Cedillo, las informaciones publicadas en Portugal sitúan en torno a 85 kilómetros la reducción del recorrido actual por carretera que supondría la apertura del nuevo paso fronterizo.
Se trata, por tanto, de una actuación con una incidencia directa sobre la movilidad cotidiana de los vecinos, pero también con potencial para mejorar las relaciones económicas, sociales y turísticas entre ambos lados de la frontera.
La nueva infraestructura permitirá acercar dos territorios que, pese a su proximidad geográfica, permanecen actualmente separados por el río Sever y por la ausencia de una conexión viaria directa.
Portugal asume la construcción del puente
Uno de los aspectos fundamentales para entender la situación actual del proyecto se encuentra en el reparto de responsabilidades establecido por el acuerdo internacional entre España y Portugal.
El convenio determina que corresponde a la parte portuguesa elaborar el proyecto del puente, adjudicar las obras, ejecutarlas y dirigirlas, siempre en coordinación con España. Asimismo, Portugal asume los gastos correspondientes a la elaboración del proyecto y a la construcción del puente propiamente dicho.
Por su parte, cada Estado debe facilitar las actuaciones necesarias para que las obras puedan desarrollarse en su respectivo territorio y tramitar las licencias, autorizaciones y ocupaciones de terrenos que correspondan.
El propio acuerdo contempla también la creación de una Comisión Técnica Mixta Hispano-Portuguesa, integrada por representantes de ambos países, encargada de realizar el seguimiento de la actuación y adoptar de común acuerdo las decisiones relativas al proyecto.
Este reparto de competencias explica la preocupación expresada ahora por la Junta de Extremadura: mientras el Gobierno autonómico tiene preparada la financiación de las actuaciones que le corresponden en el lado español, la ejecución del puente y de las actuaciones asociadas en Portugal depende de que el Gobierno luso complete los trámites pendientes y concrete su calendario.
La parte española cuenta con financiación
La Junta de Extremadura ha reiterado que mantiene su compromiso económico con la infraestructura.
El convenio firmado entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Extremadura establece que la Comunidad Autónoma asumirá la licitación, contratación y financiación de los accesos al puente en territorio español, además de las expropiaciones que sean necesarias para ejecutar estas actuaciones.
El presupuesto estimado de estas actuaciones asciende a 5.172.205,09 euros, con una programación plurianual que contempla partidas en los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028. El documento oficial recoge una previsión de 547.500,41 euros para 2026, 2.596.212,04 euros para 2027 y 2 millones de euros para 2028, además de la cantidad consignada en 2025.
El compromiso de la Junta no se limita a la construcción. Una vez finalizadas y recepcionadas las actuaciones, la Administración autonómica asumirá las obligaciones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras situadas en territorio español, conforme al régimen establecido en los acuerdos suscritos entre las partes.
Por ello, el Ejecutivo extremeño considera que dispone de los instrumentos presupuestarios necesarios para avanzar en la parte que le corresponde y reclama que Portugal aporte ahora el mismo nivel de certidumbre respecto a su calendario de actuación.
Una inversión de 19,5 millones de euros
En el lado portugués, el proyecto de construcción del puente y sus accesos fue consignado el 29 de diciembre de 2025, con una inversión global situada en torno a 19,5 millones de euros.
Así lo confirmó en mayo de este año el Ayuntamiento de Nisa, que informó de que, pese a haberse producido la consignación de la obra, los trabajos todavía no habían comenzado debido a cuestiones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental.
El propio Ayuntamiento de Nisa cifra actualmente el proyecto en 19.248.350,39 euros y mantiene una página específica de seguimiento de la infraestructura, en la que figuran actuaciones relacionadas con el procedimiento de expropiación y otros hitos administrativos.
El proyecto está financiado mediante el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) portugués, de acuerdo con la documentación publicada por las administraciones y medios portugueses. La consignación de la obra se produjo después de la tramitación de un procedimiento de contratación internacional.
La documentación española publicada en el BOE señala, asimismo, que la disponibilidad presupuestaria portuguesa para la ejecución completa del puente y de los accesos del lado portugués estaba asegurada mediante el mecanismo de financiación correspondiente a la inversión del PRR destinada a conexiones transfronterizas.
Los trámites ambientales, principal condicionante
El principal obstáculo que ha impedido hasta ahora el inicio efectivo de los trabajos se encuentra en la tramitación ambiental en Portugal.
El Ayuntamiento de Nisa informó en mayo de 2026 de que la construcción todavía no había comenzado por cuestiones relacionadas con la Evaluación de Impacto Ambiental (AIA) y señaló que permanecían pendientes determinadas cuestiones administrativas vinculadas al procedimiento, entre ellas pronunciamientos de la Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
La situación es especialmente relevante por las características naturales del entorno en el que se proyecta la infraestructura, en una zona fronteriza de elevado valor paisajístico y ambiental.
Precisamente por ello, la tramitación ambiental constituye un elemento imprescindible para garantizar que la ejecución del proyecto sea compatible con la normativa vigente y con las condiciones de protección del territorio.
No obstante, desde el punto de vista de la Junta de Extremadura, el hecho de que existan trámites ambientales pendientes no debe traducirse en una ausencia de información sobre el calendario futuro de la actuación.
Por este motivo, el encuentro del próximo 2 de septiembre adquiere especial relevancia. La Junta quiere conocer de primera mano cuál es la situación de los procedimientos pendientes, qué pasos restan por completar y, sobre todo, qué calendario contempla Portugal una vez se obtengan las autorizaciones necesarias.
Un puente de 155,5 metros y nuevos accesos
El proyecto portugués contempla un puente de aproximadamente 155,5 metros de longitud, además de actuaciones complementarias destinadas a garantizar la conexión con la red viaria existente.
En el lado portugués está prevista también la creación de un nuevo corredor de aproximadamente 850 metros junto a la zona de la presa de Cedillo, así como la recalificación de aproximadamente nueve kilómetros de la Estrada Municipal 1139, según la información publicada durante la tramitación del proyecto.
Estas actuaciones son necesarias para que el nuevo puente no se convierta simplemente en un paso aislado sobre el río, sino que quede integrado en una conexión viaria funcional que permita aprovechar plenamente la infraestructura.
El acuerdo internacional contempla, además, que el puente sea apto para vehículos, peatones y bicicletas, incorporando así una dimensión de movilidad sostenible y de conexión no motorizada entre ambos países.
Una conexión estratégica para Extremadura y el Alentejo
La Junta de Extremadura considera que el puente representa una oportunidad para reforzar la cooperación transfronteriza y mejorar la vertebración de una zona periférica de ambos países.
El propio convenio firmado entre el Ministerio de Transportes y la Junta destaca el interés de la actuación para conectar Extremadura con el Alentejo y mejorar la articulación territorial de la zona noroeste de la Comunidad Autónoma.
La infraestructura puede contribuir igualmente a favorecer los desplazamientos laborales, las relaciones comerciales, el turismo y el acceso a servicios entre localidades que actualmente mantienen una relación condicionada por la falta de una conexión directa.
En este sentido, el proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación territorial entre España y Portugal destinada a reducir las barreras físicas y administrativas que todavía existen en determinadas zonas fronterizas.
El acuerdo internacional firmado por ambos países recoge expresamente la voluntad de mejorar la circulación de personas y vehículos y de contribuir al desarrollo de Extremadura y del Alentejo.
La reunión del 2 de septiembre, una oportunidad para concretar el calendario
Con todos estos antecedentes, la reunión prevista para el 2 de septiembre en Lisboa se plantea como un momento decisivo para conocer la hoja de ruta portuguesa.
La Junta de Extremadura acudirá al encuentro con la voluntad de obtener respuestas concretas sobre tres cuestiones fundamentales: la financiación efectiva de las actuaciones pendientes, los plazos administrativos y el calendario previsto para la ejecución de las obras.
“Es verdad que el Gobierno portugués tiene que despejar la incógnita”, ha señalado el consejero Francisco José Ramírez, que considera necesario conocer cómo va a financiar Portugal la actuación, qué plazos contempla y qué ejecución pretende realizar.
El Ejecutivo extremeño quiere evitar que la existencia de trámites pendientes termine generando una incertidumbre prolongada sobre una infraestructura que ya dispone de un acuerdo internacional, un marco de cooperación bilateral, financiación prevista y un proyecto desarrollado.
La Junta considera que, una vez se completen las autorizaciones medioambientales necesarias, ambas administraciones deben estar en condiciones de coordinar sus respectivos trabajos para avanzar de manera simultánea y evitar nuevos retrasos.
Un proyecto con respaldo institucional a ambos lados de la frontera
La construcción del puente cuenta con el respaldo de las administraciones locales y regionales de ambos países y forma parte de una reivindicación mantenida durante años por los municipios de esta zona fronteriza.
El Ayuntamiento de Nisa mantiene actualmente un apartado específico dedicado al proyecto, en el que se recogen los distintos hitos administrativos alcanzados desde los primeros estudios hasta la consignación de la obra y el procedimiento de expropiación.
Por parte española, el convenio publicado en el BOE establece expresamente que la Junta de Extremadura tiene interés en el proyecto por su capacidad para resolver parte del aislamiento que afecta a los municipios de la zona y mejorar la conexión entre las redes viarias de ambos países.
La actuación, por tanto, ha dejado de ser únicamente una reivindicación local para convertirse en un compromiso formal entre España y Portugal.
El acuerdo internacional tiene carácter indefinido y establece mecanismos de cooperación y seguimiento a través de la Comisión Técnica Mixta Hispano-Portuguesa. Además, obliga a Portugal a mantener informada a España sobre los procedimientos de contratación y sobre la evolución de los trabajos.
La Junta pide que el compromiso se traduzca en plazos
Ante esta situación, el objetivo del Gobierno extremeño es que la reunión de septiembre permita pasar de los compromisos generales a una planificación concreta.
La Junta considera que la existencia de financiación para la parte española y la consignación de la actuación en Portugal constituyen avances importantes, pero entiende que la verdadera garantía de que el proyecto pueda hacerse realidad pasa ahora por conocer cuándo podrán comenzar efectivamente las obras y cuál será el calendario de ejecución.
La Administración autonómica quiere, por tanto, que Portugal aclare la situación de los trámites ambientales pendientes, determine los pasos administrativos que todavía quedan por completar y concrete sus previsiones de ejecución.
Para Extremadura, el puente sobre el río Sever es una infraestructura estratégica no solo para Cedillo, sino para el conjunto de las relaciones entre el oeste de la provincia de Cáceres y el norte del Alentejo portugués.
La reducción de las distancias por carretera, la mejora de la movilidad y la eliminación de una barrera física que durante décadas ha condicionado las relaciones entre ambos territorios justifican, según la Junta, el esfuerzo realizado para sacar adelante el proyecto.
Por ello, el Ejecutivo autonómico acudirá a Lisboa el próximo 2 de septiembre con el propósito de “arrojar luz” sobre el futuro inmediato de la infraestructura, conocer las previsiones del Gobierno portugués y avanzar hacia un calendario que permita desbloquear definitivamente las obras.
La Junta de Extremadura mantiene así su compromiso con la construcción del puente y con la ejecución de los accesos en territorio español, pero reclama que ese compromiso encuentre correspondencia en la planificación y ejecución de la parte portuguesa para que una infraestructura largamente demandada pueda convertirse, finalmente, en una conexión real y efectiva entre Cedillo y Montalvão-Nisa.
