El Ejecutivo autonómico lamenta el error técnico producido en el procedimiento de contratación, que ha obligado a ampliar los plazos, pero subraya que la licitación continúa su tramitación y que se están articulando todas las alternativas previstas en la normativa para asegurar que ningún alumno quede sin transporte el próximo 10 de septiembre

La Junta de Extremadura trabaja para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar desde el primer día lectivo del curso 2026/2027, previsto para el próximo 10 de septiembre, y mantiene en marcha la licitación de las rutas correspondientes, al tiempo que estudia las diferentes alternativas administrativas que permitirán asegurar la continuidad del servicio mientras concluyen los procedimientos de adjudicación.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha lamentado el error técnico y administrativo detectado en el procedimiento de contratación, una circunstancia que ha obligado a ampliar los plazos inicialmente previstos, pero ha insistido en que esta incidencia no paraliza ni deja sin efecto la licitación, que continúa su curso conforme a la normativa vigente.

“Lo importante en este momento es garantizar el transporte escolar y que, al inicio del curso escolar, el próximo 10 de septiembre, los niños tengan, por supuesto, el transporte”, ha señalado Bautista, quien ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias y ha remarcado que la Administración autonómica está trabajando para que la incidencia administrativa no tenga ninguna repercusión sobre la prestación efectiva del servicio.

Una licitación que continúa su tramitación

El procedimiento de contratación del transporte escolar para el próximo curso se encuentra en marcha y contempla la adjudicación progresiva de las rutas a medida que finalicen los correspondientes contratos y procedimientos administrativos.

La incidencia detectada ha obligado a prolongar durante aproximadamente un mes los plazos inicialmente previstos para una parte de la contratación. En concreto, el procedimiento que afecta a las rutas procedentes de situaciones de emergencia del pasado curso contaba con un presupuesto de alrededor de 17 millones de euros y tenía como fecha límite el pasado 9 de agosto.

La ampliación del plazo responde, según ha explicado el vicepresidente, a un “error técnico” o “error administrativo” que la Junta reconoce y lamenta expresamente, al considerar que no debería haberse producido.

No obstante, el Ejecutivo autonómico recalca que este hecho no supone la paralización de la contratación ni compromete la prestación del servicio, puesto que la Administración dispone de mecanismos legales para garantizar la continuidad del transporte mientras se completa la adjudicación ordinaria.

De este modo, las rutas se irán adjudicando conforme finalicen los procedimientos correspondientes y, cuando resulte necesario para asegurar la prestación desde el comienzo del curso, se recurrirá a los instrumentos extraordinarios contemplados por la legislación.

La contratación de emergencia, una herramienta ya utilizada

Entre las alternativas que está estudiando la Junta se encuentra la tramitación de emergencia, un mecanismo administrativo que ya fue utilizado durante el curso anterior para hacer frente a las rutas que quedaron sin cobertura y garantizar el derecho del alumnado a acudir a sus centros educativos.

La Junta considera, por tanto, que no existe una situación administrativa desconocida ni un vacío que impida actuar. La legislación contempla mecanismos específicos para responder a circunstancias que puedan comprometer la continuidad de un servicio público esencial y la Administración autonómica está analizando su utilización allí donde resulte necesaria.

“Evidentemente existe la vía de emergencia igual que existe la de la licitación”, ha explicado Bautista, quien ha añadido que lo previsible es que determinadas rutas puedan ser atendidas inicialmente mediante esta fórmula mientras continúa la tramitación ordinaria.

La planificación responde así a un esquema de doble vía: garantizar de forma inmediata la prestación allí donde sea necesario y, paralelamente, culminar la licitación ordinaria para que las rutas queden definitivamente adjudicadas.

El objetivo es que ambas actuaciones sean complementarias y permitan que la incidencia administrativa detectada no se traduzca en una interrupción del transporte para el alumnado extremeño.

Un servicio esencial para la igualdad de oportunidades

El transporte escolar constituye un servicio fundamental para garantizar el acceso a la educación en Extremadura, especialmente en un territorio caracterizado por la dispersión geográfica y por la existencia de numerosos municipios y núcleos rurales.

La Junta ha defendido de manera reiterada que el transporte escolar es una herramienta esencial para asegurar que el lugar de residencia de los alumnos no determine sus posibilidades de acceso a los centros educativos.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha mantenido en los últimos años una política de incremento de los recursos destinados a este servicio y de revisión de sus condiciones de contratación con el objetivo de mejorar su sostenibilidad y favorecer la participación de las empresas del sector.

El nuevo acuerdo marco aprobado por la Junta para los cursos 2025/2026 y 2026/2027 contemplaba una inversión global de 84 millones de euros para cuatro cursos, con una dotación aproximada de 21 millones de euros por curso, lo que suponía un incremento superior al 20 por ciento respecto al coste anual que venía teniendo el servicio.

Esta actualización respondía, entre otras cuestiones, a las dificultades económicas que venía atravesando el sector del transporte escolar y a la necesidad de adaptar las condiciones económicas de las rutas a la evolución de costes como los combustibles, el personal, los seguros y el mantenimiento de los vehículos.

Mejores condiciones económicas para favorecer la concurrencia

Precisamente, una de las principales características de la nueva contratación es la mejora de las condiciones económicas ofrecidas a las empresas.

Abel Bautista ha destacado que el contrato incorpora mecanismos destinados a reconocer de forma más adecuada la evolución de los costes del servicio, incluyendo referencias a los precios de los combustibles por encima de los valores contemplados inicialmente y porcentajes superiores a los previstos en anteriores condiciones de contratación.

El objetivo de estas modificaciones es hacer las rutas más atractivas económicamente para los operadores, favorecer la concurrencia de empresas y evitar que las dificultades de rentabilidad puedan poner en riesgo la continuidad de un servicio que utilizan miles de alumnos extremeños.

La reforma de la contratación se planteó precisamente después de que las empresas del sector trasladaran a la Administración las dificultades que estaban afrontando. En 2024, la Junta señaló que alrededor de 120 empresas podrían acogerse al nuevo acuerdo marco y destacó que la mejora de las condiciones debía contribuir a dotar de mayor estabilidad al sector y favorecer incluso la modernización de sus flotas.

Asimismo, el nuevo modelo introdujo modificaciones en las categorías de vehículos con el propósito de adaptar las exigencias a la disponibilidad real del mercado y favorecer aquellos vehículos que resultasen más viables para las empresas.

Un servicio que alcanza a miles de escolares

El transporte escolar tiene una especial relevancia en Extremadura por las características territoriales de la Comunidad Autónoma.

Los datos manejados por la Junta sitúan en torno a 16.000 los alumnos usuarios del transporte escolar, con centenares de rutas distribuidas por las dos provincias. En el marco de la contratación aprobada en 2024 se contabilizaban 569 rutas, mientras que durante el curso 2025/2026 el sistema alcanzó las 579 rutas.

La experiencia del pasado curso puso de manifiesto la necesidad de disponer de mecanismos de respuesta ágiles ante aquellas rutas que no pudieran quedar cubiertas mediante los procedimientos ordinarios. En septiembre de 2025, la Junta tuvo que adoptar medidas extraordinarias para garantizar la prestación de las rutas pendientes y posteriormente el conjunto de las 579 rutas quedó operativo.

Este antecedente es precisamente uno de los elementos que está teniendo en cuenta ahora la Administración autonómica a la hora de planificar el comienzo del próximo curso.

La prioridad: que ningún alumno quede sin transporte

El Ejecutivo autonómico quiere dejar claro que la incidencia administrativa producida en el procedimiento de licitación no equivale a una suspensión del servicio ni significa que las rutas vayan a quedar sin atender.

La Consejería de Educación y Formación Profesional trabaja de manera coordinada para completar los procedimientos de adjudicación y, paralelamente, determinar las rutas que, en caso necesario, deberán cubrirse mediante fórmulas extraordinarias.

La prioridad, por encima de cualquier consideración administrativa, es que el próximo 10 de septiembre el alumnado pueda acudir a sus centros educativos con normalidad.

La Administración autonómica continuará, por tanto, con la licitación ordinaria y procederá a adjudicar las rutas conforme vayan concluyendo los trámites correspondientes. Allí donde los tiempos administrativos hagan necesario garantizar previamente la prestación, se utilizarán las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico.

Se trata, en definitiva, de que la incidencia detectada en la tramitación administrativa no tenga consecuencias para las familias ni para los alumnos.

La Junta lamenta la incidencia y mantiene el compromiso con las familias

El vicepresidente ha insistido en que el error técnico detectado “no debería haberse producido” y ha trasladado la voluntad del Gobierno autonómico de corregir la situación y poner todos los recursos administrativos disponibles al servicio de la continuidad del transporte.

“Lo suyo es que no hubiera ocurrido, pero habiendo ocurrido, lo importante es que se trabaja y se trabaja en esas dos vías: la vía de emergencia en un primer momento, continúa la licitación y se adjudica la licitación ya con el curso empezado”, ha explicado.

En este sentido, la Junta considera que no resulta adecuado trasladar a las familias una imagen de incertidumbre sobre la prestación efectiva del servicio cuando la Administración está precisamente activando los mecanismos necesarios para evitarla.

El compromiso del Gobierno autonómico es que ningún alumno vea condicionado su derecho a la educación por una incidencia en la contratación del transporte escolar.

La Junta seguirá informando de la evolución de los procedimientos y de las adjudicaciones que se vayan produciendo y mantendrá como prioridad absoluta que el transporte escolar esté garantizado desde el inicio del curso y funcione con normalidad durante todo el año académico.

La Administración autonómica recuerda, además, que la contratación actualmente en marcha forma parte de un proceso de mejora estructural del servicio, con mayores recursos económicos, mejores condiciones para los operadores y mecanismos de respuesta destinados a garantizar la prestación en un territorio con unas características geográficas que hacen del transporte escolar una pieza esencial del sistema educativo extremeño.