Hacienda asegura que trabaja en los presupuestos de 2027 y aplaza cualquier acuerdo sobre la equiparación salarial hasta conocer el margen económico, mientras las centrales mantienen su amenaza de movilizaciones.

La Junta de Extremadura ha respondido al ultimátum lanzado por UGT, CCOO y CSIF, que han anunciado movilizaciones a partir de septiembre si el Ejecutivo autonómico no abre una negociación para abordar la equiparación salarial de los empleados públicos. La Consejería de Hacienda defiende su gestión, recuerda que ha destinado 400 millones de euros a mejoras retributivas desde la llegada del PP al Gobierno y asegura que el diálogo llegará cuando se concreten los presupuestos de 2027.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo no fija plazos ni compromisos concretos para iniciar esa negociación, una de las principales reclamaciones sindicales. Hacienda sostiene que será una vez conozca la partida presupuestaria disponible cuando se sentará con los representantes de los trabajadores para abordar la reducción de la brecha salarial con otras comunidades autónomas.

Desde el departamento que dirige Elena Manzano insisten en que el diálogo social ha sido una prioridad durante la legislatura y destacan que se han alcanzado acuerdos en la Mesa General de Negociación. Además, recuerdan que el actual Gobierno abonó el incremento salarial del 2% correspondiente a 2020, pendiente de la etapa anterior, y ha aplicado todas las subidas salariales aprobadas a nivel estatal.

La Junta cifra en 400 millones de euros el esfuerzo realizado en mejoras retributivas en los tres últimos años y subraya que en 2027 está prevista una subida del 5%. También atribuye la situación actual a la gestión del anterior Ejecutivo socialista, al que responsabiliza de haber dejado a los empleados públicos extremeños con salarios inferiores a los de otras comunidades.

El Gobierno regional sostiene que ya ha comenzado a corregir esa diferencia con medidas como el incremento de 80 euros mensuales para el personal docente desde enero y asegura que la equiparación continuará en el SES, el Sepad y la Administración General conforme exista disponibilidad presupuestaria.

No obstante, los sindicatos cuestionan ese argumento y consideran insuficiente la respuesta de la Junta. Las tres organizaciones cifran la diferencia salarial media con otras comunidades en torno al 20%, alcanzando hasta el 32% en algunos colectivos, y reprochan al Ejecutivo que, pese a sus reiteradas peticiones, siga sin ofrecer un calendario de negociación ni compromisos concretos para reducir esa brecha.

Además, recuerdan que, salvo el abono del 2% pendiente de 2020, el resto de incrementos salariales aplicados en los últimos años no responden a una decisión propia de la Junta, sino al acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y el Gobierno central, de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. A su juicio, esas subidas generales benefician por igual a todas las comunidades autónomas y, por tanto, no sirven para reducir la distancia salarial que mantiene Extremadura respecto al resto del país.

Con este escenario, las posiciones continúan alejadas. Mientras la Junta defiende el esfuerzo económico realizado y condiciona cualquier nuevo avance a la elaboración de los presupuestos de 2027, los sindicatos mantienen la presión y advierten de que, si no se abre una negociación real tras el verano, las movilizaciones serán el siguiente paso.