PP, Vox y Unidas elevan la presión sobre el PSOE tras la imputación de la expresidenta de Enresa y exconsejera de Transición Ecológica, mientras los socialistas apelan a la presunción de inocencia y al respeto al procedimiento judicial
La citación judicial como investigada de Olga García, expresidenta de Enresa y exconsejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad durante el último Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara, ha provocado un fuerte terremoto político en Extremadura y ha reabierto el debate sobre la gestión de los grandes proyectos energéticos autorizados durante la etapa socialista en la Junta.
La investigación, que gira en torno a un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la tramitación del proyecto fotovoltaico FV Tagus, promovido por una filial de Iberdrola en el término municipal de Alcántara, ha situado nuevamente al PSOE extremeño en el centro de la controversia política. La decisión judicial ha servido además para que la oposición intensifique sus críticas al anterior Gobierno autonómico, mientras los socialistas han optado por defender la presunción de inocencia de la exconsejera y reclamar respeto a la actuación de los tribunales.
La causa, conocida públicamente la pasada semana, ha marcado buena parte de las comparecencias políticas de este lunes y amenaza con convertirse en uno de los principales frentes de confrontación entre Gobierno y oposición en los próximos meses, especialmente por las implicaciones políticas derivadas del cargo que Olga García ha ocupado hasta fechas recientes al frente de Enresa, empresa pública estratégica para la gestión de los residuos nucleares y directamente vinculada al futuro de la central nuclear de Almaraz.
El PP habla de «silencio cómplice» y exige responsabilidades políticas
El Partido Popular de Extremadura ha sido la formación que ha mostrado un tono más contundente frente al caso. Su portavoz, Luis Miguel Núñez, ha acusado al PSOE regional de mantener un «silencio cómplice» ante una investigación que considera de enorme gravedad institucional.
Según el dirigente popular, resulta incompatible que una persona que ocupó una de las principales consejerías del Ejecutivo autonómico y posteriormente asumiera la presidencia de una empresa pública estratégica tenga que comparecer ante un juez para responder por presuntas irregularidades en la tramitación de autorizaciones medioambientales.
Núñez ha reclamado explicaciones públicas a los socialistas y ha instado a la dirección regional del PSOE a abandonar lo que considera una estrategia de silencio. A su juicio, la ciudadanía merece conocer qué ocurrió durante la tramitación administrativa del proyecto FV Tagus y si existieron decisiones contrarias al interés general.
El portavoz popular ha ido más allá al vincular este procedimiento con lo que define como una sucesión de escándalos que afectan al Partido Socialista en distintos ámbitos institucionales. En ese contexto, ha advertido de que Extremadura «no puede seguir siendo noticia por causas judiciales que deterioran la confianza de los ciudadanos en las instituciones» y ha reclamado «máxima transparencia» y la asunción de las responsabilidades políticas que puedan derivarse del procedimiento.
Vox endurece el discurso y vincula el caso con la corrupción socialista
Desde Vox, la reacción también ha sido inmediata. La portavoz parlamentaria, Inés Checa, ha asegurado que la investigación judicial vuelve a situar a Extremadura bajo la sombra de la corrupción vinculada al PSOE.
Checa ha manifestado que la comunidad autónoma no puede convertirse en «refugio, pantalla ni cementerio político» de dirigentes socialistas investigados por la justicia y ha sostenido que este nuevo episodio obliga a exigir explicaciones al Partido Socialista sobre la gestión desarrollada durante sus años de gobierno.
La formación ha aprovechado igualmente la ocasión para insistir en su discurso sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control de la Administración y de depurar responsabilidades cuando existan investigaciones judiciales abiertas sobre altos cargos.
Unidas por Extremadura recuerda sus denuncias sobre la política energética del anterior Ejecutivo
Más allá de las críticas de la derecha parlamentaria, Unidas por Extremadura también ha aprovechado la investigación para recordar que durante la pasada legislatura ya cuestionó públicamente la actuación de Olga García al frente de la Consejería de Transición Ecológica.
Su portavoz, Irene de Miguel, ha afirmado que la imputación «no sorprende en absoluto» a su formación, al considerar que desde hace años denunciaban una política excesivamente favorable a los intereses de Iberdrola en la autorización de grandes instalaciones energéticas.
De Miguel ha recordado que Unidas acusó entonces a la consejera de «poner una alfombra roja» a la compañía eléctrica y ha asegurado que ya advertían de una gestión que, en su opinión, priorizaba los intereses empresariales frente al interés general.
La dirigente también ha reprochado al Partido Popular que durante aquella etapa guardara silencio frente a esas denuncias, pese a que, según ha señalado, las advertencias sobre la actuación de la Consejería fueron públicas y reiteradas.
El PSOE apela a la prudencia y defiende la presunción de inocencia
Frente a las críticas de la oposición, el PSOE extremeño ha optado por mantener una posición de prudencia.
Su portavoz regional, Manuel González Andrade, ha reconocido que la citación judicial de Olga García «llama la atención», aunque ha insistido en que cualquier valoración política debe partir del respeto absoluto a la presunción de inocencia y al trabajo de los órganos judiciales.
El dirigente socialista ha explicado que el expediente administrativo relacionado con el proyecto FV Tagus fue tramitado desde la Administración General del Estado debido a las dimensiones de la instalación, mientras que la Junta de Extremadura se limitó, según ha indicado, a emitir determinados informes técnicos dentro del procedimiento.
Por ese motivo, González Andrade ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto y ha reiterado que corresponde exclusivamente a la justicia esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad administrativa.
Un procedimiento judicial con importantes consecuencias políticas
Aunque la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y no existe pronunciamiento judicial sobre el fondo de los hechos, la citación como investigada de quien fuera una de las figuras más relevantes del último Gobierno de Guillermo Fernández Vara supone un importante desgaste político para el PSOE extremeño.
La situación adquiere además una dimensión especialmente sensible por la relevancia institucional que Olga García ha desempeñado durante los últimos años, primero como responsable de la política energética y medioambiental de la Junta y posteriormente como presidenta de Enresa, organismo clave en la gestión de los residuos radiactivos y en el debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.
Mientras la oposición utiliza la investigación para exigir explicaciones y reclamar responsabilidades políticas, el PSOE insiste en desvincular el procedimiento de cualquier conclusión anticipada y reclama que sea la justicia quien determine, con todas las garantías, si existieron o no actuaciones contrarias a Derecho.
En cualquier caso, la apertura de esta investigación introduce un nuevo elemento de tensión en el panorama político extremeño y amenaza con marcar buena parte del debate parlamentario en los próximos meses, especialmente en un contexto donde la política energética, las autorizaciones ambientales y la relación entre administraciones y grandes empresas eléctricas vuelven a situarse en el centro de la agenda pública.
