La organización rechaza las descalificaciones personales dirigidas contra los magistrados que dictaron la sentencia del caso David Sánchez y recuerda que las resoluciones judiciales únicamente pueden combatirse mediante los recursos previstos por la ley.

Madrid, 18 de julio de 2026.- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayor organización de jueces de España, ha expresado su respaldo institucional al tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que dictó la sentencia condenatoria en el denominado caso David Sánchez, al tiempo que ha mostrado su preocupación por las críticas y ataques personales que, según denuncia, están recibiendo los magistrados que integran dicho órgano judicial desde que se conoció la resolución.

A través de un comunicado oficial, la asociación ha querido trasladar un mensaje de apoyo a los miembros del tribunal y, al mismo tiempo, defender la independencia del Poder Judicial frente a cualquier intento de desacreditar a los jueces por el contenido de sus resoluciones. Para la APM, el debate jurídico sobre una sentencia resulta plenamente legítimo dentro de una sociedad democrática, pero considera que ese derecho no puede convertirse en un instrumento para erosionar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante campañas de desprestigio o ataques dirigidos contra quienes ejercen la función jurisdiccional.

Rechazo a los ataques personales

La Asociación Profesional de la Magistratura denuncia que los magistrados que han participado en la resolución del procedimiento están siendo objeto de descalificaciones personales que, a su juicio, exceden con mucho los límites de la crítica razonada a una resolución judicial.

La organización entiende que cuestionar la honorabilidad, la imparcialidad o la profesionalidad de los jueces sin fundamento supone un grave deterioro del respeto institucional que debe presidir las relaciones entre los distintos poderes del Estado y entre las instituciones y la ciudadanía.

En este sentido, la asociación recuerda que los jueces desempeñan su labor con sometimiento exclusivo al imperio de la ley, tal y como establece la Constitución Española, y que sus decisiones deben estar protegidas frente a cualquier tipo de presión externa, ya sea política, mediática o social.

Defensa de la independencia judicial

Uno de los principales mensajes del comunicado gira en torno a la necesidad de preservar la independencia judicial como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.

La APM sostiene que la confianza en los tribunales constituye un elemento imprescindible para el funcionamiento de cualquier democracia consolidada y advierte de que la erosión constante de la credibilidad de los jueces termina afectando al conjunto del sistema institucional.

Según expone la organización, desacreditar sistemáticamente a los órganos judiciales cada vez que dictan resoluciones controvertidas genera un clima de desconfianza que perjudica no solo a los magistrados afectados, sino también a la percepción que la ciudadanía tiene de la Justicia como poder independiente.

La asociación considera especialmente preocupante que determinadas críticas abandonen el ámbito estrictamente jurídico para centrarse en ataques personales contra quienes integran los tribunales, una práctica que entiende incompatible con el respeto debido a las instituciones del Estado.

Consecuencias para la salud democrática

En su comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura advierte expresamente de que la deslegitimación continuada de los jueces tiene consecuencias directas sobre la salud democrática.

A juicio de la organización, cuando se transmite a la sociedad la idea de que las decisiones judiciales obedecen a intereses distintos de la aplicación objetiva del Derecho, se debilita uno de los principios fundamentales sobre los que descansa cualquier Estado democrático: la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia.

La APM sostiene que este tipo de campañas no solo afectan a los magistrados concretos que dictan determinadas resoluciones, sino que proyectan dudas sobre el conjunto del Poder Judicial, poniendo en cuestión su independencia y favoreciendo un clima de polarización institucional.

Por ello, insiste en que la defensa de los jueces trasciende la protección de un colectivo profesional y constituye, en realidad, una defensa del correcto funcionamiento del sistema constitucional.

Las resoluciones judiciales deben recurrirse por los cauces legales

La asociación recuerda igualmente que el ordenamiento jurídico español ofrece a las partes todas las garantías necesarias para impugnar una resolución cuando consideran que no se ajusta a Derecho.

En este sentido, señala que las sentencias pueden ser objeto de los recursos previstos en la legislación procesal y que esos mecanismos constituyen la única vía legítima para revisar el contenido de una decisión judicial.

La APM subraya que el desacuerdo con una sentencia no justifica campañas de descrédito contra quienes la han dictado y recuerda que la crítica institucional debe desarrollarse siempre dentro del respeto a la independencia de los tribunales.

Asimismo, pone de manifiesto que el sistema judicial dispone de instrumentos suficientes para corregir posibles errores mediante los procedimientos establecidos legalmente, garantizando así los derechos de todas las partes implicadas.

Respeto a las instituciones

Otro de los aspectos destacados del comunicado es el llamamiento que realiza la asociación al respeto institucional.

La organización considera que todas las instituciones democráticas, independientemente de su naturaleza, deben contribuir a preservar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del Estado de Derecho.

En esa línea, apela a la responsabilidad de representantes públicos, responsables políticos, medios de comunicación y agentes sociales para evitar manifestaciones que puedan interpretarse como intentos de desacreditar la actuación de los órganos judiciales.

La APM recuerda que la crítica jurídica y el debate público forman parte del normal funcionamiento de una democracia, pero insiste en que ambos deben desarrollarse desde el respeto, evitando expresiones que puedan poner en duda, sin fundamento, la imparcialidad o la independencia de quienes ejercen la potestad jurisdiccional.

La independencia judicial, garantía de los derechos de los ciudadanos

La Asociación Profesional de la Magistratura concluye su pronunciamiento reafirmando que la independencia judicial no constituye un privilegio de los jueces, sino una garantía de todos los ciudadanos.

En este sentido, sostiene que la protección de esa independencia resulta imprescindible para asegurar que las resoluciones judiciales respondan exclusivamente a la aplicación de la ley y no a intereses políticos, económicos o sociales.

La organización reitera finalmente su respaldo a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz, reconoce el trabajo desarrollado por el tribunal en el ejercicio de sus funciones y reclama que cualquier discrepancia con el contenido de la sentencia sea planteada exclusivamente a través de los cauces procesales establecidos por el ordenamiento jurídico.

Con este pronunciamiento, la Asociación Profesional de la Magistratura pretende reforzar la defensa de la independencia judicial y recordar que el respeto a las instituciones constituye uno de los principios esenciales para preservar la estabilidad del Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.