El consistorio sostiene que la parcela afectada pertenece al Ejecutivo regional, pero la Junta lo desmiente con un informe técnico que sitúa el inicio del fuego en suelo municipal y atribuye el incendio a una acción provocada
La polémica por el incendio declarado el pasado viernes en las inmediaciones del polígono industrial El Prado de Mérida ha derivado en un enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura sobre la titularidad de la parcela donde se originó el fuego. Mientras el consistorio asegura que el terreno pertenece al Ejecutivo autonómico, la Junta sostiene que el incendio comenzó en una parcela municipal y respalda su versión con un informe técnico del Plan Infoex, que además concluye que el fuego fue intencionado.
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, afirmó este jueves que el consistorio tuvo conocimiento el pasado miércoles de que la parcela afectada era propiedad de la Junta de Extremadura, administración a la que también corresponde la prevención y extinción de incendios forestales.
Fuster aprovechó para cargar contra el portavoz municipal del PP, Santiago Amaro, por responsabilizar al gobierno local apenas unas horas después del incendio. «El ansia en política es muy mala consejera», señaló, acusando al dirigente popular de actuar sin disponer de toda la información y de «faltar a la verdad».
Sin embargo, pocas horas después, la Junta de Extremadura respondió con contundencia, asegurando que el Ayuntamiento «falta a la verdad» al atribuirle la propiedad del terreno donde comenzó el incendio.
El Ejecutivo regional sostiene que un informe técnico de investigación de causas elaborado por el Plan Infoex determina que el fuego se inició en la parcela catastral 2 del polígono 86, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Mérida, según los datos del Catastro. Para ello, explica que los técnicos emplearon coordenadas GPS, navegación sobre el terreno e imágenes satelitales para localizar con precisión el punto de inicio.
El informe detalla que el fuego comenzó en dos pequeñas superficies de menos de cinco metros cuadrados situadas junto a un camino, donde existían abundante vegetación seca, colchones viejos, escombros y otros residuos que favorecieron la propagación de las llamas hacia el este.
Además, la investigación señala que los vehículos afectados por el incendio tenían parte de su estructura fuera del asfalto, apoyada sobre pasto seco, lo que facilitó que fueran alcanzados por el fuego.
Fue provocado de forma intencionada
Otro de los aspectos más relevantes del informe es que concluye que el incendio fue provocado de forma intencionada, al determinar que el origen se produjo mediante la aplicación deliberada de una fuente de calor sobre el combustible vegetal y los residuos acumulados en el borde del camino.
La Junta añade también que las imágenes de satélite de los años 2024 y 2025 muestran que esa misma parcela ya había sufrido incendios anteriormente, mientras que en vuelos previos a 2022 los terrenos aparecían labrados, circunstancia que dificultaba la propagación del fuego.
Ante estas conclusiones, el Ejecutivo autonómico ha pedido «máximo rigor» y ha reclamado que no se utilicen políticamente los incendios, una cuestión que considera especialmente sensible en plena campaña de alto riesgo.
De este modo, la controversia entre ambas administraciones queda ahora marcada por las conclusiones del informe técnico del Infoex, que sitúa el foco del debate tanto en la titularidad del terreno como en el carácter presuntamente intencionado del incendio.Ñ
