Ambas formaciones reclaman que se depuren posibles responsabilidades contables derivadas de los pagos efectuados con fondos públicos al hermano del presidente del Gobierno y a Luis María Carrero, al considerar que podrían haberse producido perjuicios para las arcas provinciales
Vox y el Partido Popular han presentado sendas denuncias ante el Tribunal de Cuentas con el objetivo de que el órgano fiscalizador abra una investigación por posible responsabilidad contable contra la Diputación Provincial de Badajoz, a raíz de la reciente condena dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra Luis María Carrero, por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación y adjudicación de un puesto de trabajo en la institución provincial.
Las iniciativas registradas por ambas formaciones políticas, cuyo contenido ha trascendido a través de Europa Press, persiguen que el Tribunal de Cuentas determine si la utilización de fondos públicos para sufragar las retribuciones de ambos cargos pudo ocasionar un perjuicio económico para la Hacienda provincial, con independencia de las responsabilidades penales ya establecidas por la jurisdicción ordinaria.
Vox solicita una investigación exhaustiva sobre todos los pagos realizados entre 2017 y 2024
En su escrito, Vox solicita que el Tribunal de Cuentas inicie actuaciones previas para esclarecer el alcance económico de los hechos ya enjuiciados penalmente y requiera a la Diputación de Badajoz toda la documentación relativa a las cantidades abonadas a David Sánchez durante el tiempo que desempeñó su puesto en la institución.
La formación liderada por Santiago Abascal reclama específicamente que se aporte información detallada sobre todos los pagos efectuados en virtud de los contratos analizados durante el procedimiento judicial, incluyendo las retribuciones satisfechas hasta la actualidad, así como la identificación de las personas que autorizaron, ordenaron, fiscalizaron o intervinieron en dichos pagos.
Según expone Vox en su denuncia, existen «indicios racionales» para considerar que las cantidades percibidas por David Sánchez con cargo a fondos públicos de la Diputación de Badajoz ascendieron a 280.845,63 euros durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2024.
La formación sostiene que dichas cantidades podrían constituir un «saldo deudor injustificado» en las cuentas públicas de la Diputación, al entender que la plaza ocupada por David Sánchez habría sido creada y provista de forma irregular, conforme a los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria, y que, además, el beneficiario no habría desarrollado de forma efectiva y regular las funciones propias del puesto.
En consecuencia, Vox considera que estos hechos podrían dar lugar a la exigencia de responsabilidad contable tanto respecto del propio perceptor de las retribuciones como de todos aquellos responsables públicos que autorizaron, tramitaron, aprobaron o no impidieron los pagos efectuados.
La formación también pide investigar las retribuciones de Luis María Carrero
La denuncia presentada por Vox amplía igualmente el foco sobre la situación de Luis María Carrero, quien ejerció previamente funciones de asesor en la Presidencia del Gobierno antes de incorporarse posteriormente a la Diputación de Badajoz.
Según expone el partido, la documentación conocida hasta el momento no incorpora informes relativos a las retribuciones percibidas por Carrero ni una acreditación suficiente sobre las funciones efectivamente desarrolladas durante el desempeño de su puesto, circunstancia que, a juicio de la formación, contrasta con la información disponible respecto a David Sánchez.
Por ello, Vox solicita que el Tribunal de Cuentas determine si las cantidades percibidas por Carrero guardaron una correspondencia efectiva con la prestación de servicios realizada o si, por el contrario, podrían constituir igualmente un perjuicio económico para los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable.
El Partido Popular reclama una investigación patrimonial completa
Por su parte, el Partido Popular ha registrado una denuncia con un alcance más amplio, en la que solicita que el Tribunal de Cuentas requiera a la Diputación de Badajoz la entrega íntegra de todos los expedientes administrativos relacionados con la creación, provisión, modificación y mantenimiento de las plazas ocupadas tanto por David Sánchez como por Luis María Carrero.
Asimismo, reclama la aportación de los contratos formalizados, las nóminas abonadas, las posibles indemnizaciones satisfechas y toda la documentación relativa a los medios materiales, personales y organizativos puestos a disposición de ambos empleados durante el ejercicio de sus funciones.
Los populares también solicitan que el órgano fiscalizador practique una liquidación provisional del posible alcance económico derivado de los hechos investigados y que las actuaciones se extiendan tanto a los perceptores de las retribuciones como a todos los responsables de la gestión administrativa y económica que hubieran participado en la creación, aprobación, modificación o mantenimiento de los puestos de trabajo.
El objetivo, según recoge el escrito, es depurar tanto las responsabilidades contables directas como las subsidiarias que pudieran derivarse de la instrucción.
El PP cifra provisionalmente el posible perjuicio económico en cerca de 530.000 euros
En su denuncia, el Partido Popular realiza una estimación inicial —que subraya expresamente como provisional, orientativa y no vinculante— del posible perjuicio ocasionado a los fondos públicos.
Según sus cálculos, las retribuciones percibidas por David Sánchez como coordinador o jefe de la Oficina de Artes Escénicas habrían alcanzado un total de 416.798,82 euros, mientras que Luis María Carrero habría percibido 113.200,76 euros como jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas.
La suma de ambas cantidades sitúa el presunto menoscabo económico en aproximadamente 530.000 euros, cifra que, según el PP, deberá ser objeto de comprobación y eventual liquidación por parte del Tribunal de Cuentas durante la instrucción.
El partido sostiene que concurren, al menos de forma indiciaria, todos los elementos necesarios para apreciar una posible responsabilidad contable: la existencia de gestores de fondos públicos, una conducta presuntamente contraria a la normativa presupuestaria y de personal, un daño económicamente evaluable y una relación de causalidad entre las decisiones adoptadas y el perjuicio ocasionado a las arcas públicas.
Asimismo, recuerda que la jurisdicción contable posee carácter autónomo respecto de la penal, de manera que la existencia de una sentencia condenatoria o la conclusión del procedimiento penal no impide que el Tribunal de Cuentas pueda exigir el reintegro de cantidades indebidamente abonadas y depurar las correspondientes responsabilidades económicas.
Las posibles responsabilidades alcanzarían también a los gestores públicos
El Partido Popular insiste en que la eventual responsabilidad contable no recaería exclusivamente sobre quienes percibieron las retribuciones, sino también sobre todos aquellos responsables públicos que intervinieron en la gestión de los fondos.
En este sentido, señala expresamente que la investigación debería extenderse a quienes participaron en la creación de las plazas, en su provisión, en la emisión de informes favorables, en la aprobación de los expedientes, en las modificaciones posteriores o en el mantenimiento de los puestos durante los años en que permanecieron vigentes.
La formación solicita que, una vez determinado el eventual alcance económico de los hechos, el Tribunal de Cuentas ejercite las acciones correspondientes para exigir el reintegro de las cantidades que pudieran considerarse indebidamente satisfechas, junto con los intereses que legalmente procedan.
Antecedentes judiciales
La iniciativa de ambas formaciones se produce después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara a David Sánchez y a Luis María Carrero por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación y adjudicación del puesto desempeñado por el hermano del presidente del Gobierno en la Diputación Provincial de Badajoz.
La resolución judicial impuso a ambos la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, al considerar acreditada la comisión del citado delito, resolución que ahora sirve de base para que Vox y el Partido Popular promuevan la apertura de actuaciones en el ámbito de la jurisdicción contable con el fin de determinar si, además de las responsabilidades penales ya declaradas, existió un perjuicio patrimonial para los fondos públicos que deba ser resarcido.
