Gregorio Gallego sufrió una fractura nasal tras intervenir para detener la paliza, mientras que dos agentes continúan de baja por las lesiones sufridas durante el violento altercado ocurrido en Oliva de la Frontera

 

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Oliva de la Frontera como presuntos responsables de la agresión sufrida por el alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, así como de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, tras los graves incidentes registrados durante la tarde del pasado domingo 19 de julio en una vía pública de la localidad pacense.

Los hechos, que provocaron una importante movilización de efectivos del Instituto Armado y dejaron tres personas lesionadas —el propio alcalde y dos guardias civiles—, se originaron cuando varias personas presuntamente estaban agrediendo a un hombre con discapacidad intelectual. La rápida intervención de quienes trataron de auxiliar a la víctima acabó derivando en un enfrentamiento de gran violencia que terminó con tres detenciones y una investigación judicial todavía abierta.

Según la información facilitada hasta el momento, Gregorio Gallego se encontraba en Oliva de la Frontera disfrutando de una reunión familiar cuando presenció una fuerte discusión en plena calle. Al comprobar que un hombre con una discapacidad intelectual reconocida superior al 80 por ciento estaba siendo supuestamente agredido por varias personas, el alcalde decidió intervenir para intentar detener la agresión y proteger a la víctima.

Su actuación, lejos de lograr calmar la situación, lo convirtió también en objetivo de los presuntos agresores. Durante el altercado recibió un fuerte golpe en el rostro que le provocó una fractura en la nariz.

Tras la agresión, Gallego fue atendido inicialmente en el centro de salud de Oliva de la Frontera. Debido a la entidad de las lesiones, los servicios sanitarios decidieron trasladarlo posteriormente al Hospital Universitario de Badajoz, donde permaneció varias horas sometido a diferentes pruebas diagnósticas antes de recibir el alta médica. Según fuentes de la asociación profesional JUCIL, el alcalde sufrió una fractura nasal como consecuencia directa del golpe recibido.

Mientras tanto, la intervención de la Guardia Civil también se convirtió en uno de los episodios más violentos de la jornada.

De acuerdo con la versión ofrecida por JUCIL, uno de los agentes del Instituto Armado, que se encontraba fuera de servicio, fue el primero en observar la agresión contra el vecino con discapacidad intelectual. Sin dudarlo, se identificó como guardia civil e intentó mediar para poner fin al ataque y proteger a la víctima.

Sin embargo, lejos de cesar la violencia, los presuntos agresores reaccionaron con mayor agresividad. Según esta versión, llegaron incluso a exhibir un arma blanca de grandes dimensiones y acometieron contra el agente, obligándolo a defenderse mientras solicitaba apoyo urgente.

La gravedad de la situación hizo necesaria la rápida movilización de varias patrullas de la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos, donde el altercado continuaba desarrollándose con gran tensión y un elevado riesgo para todos los presentes.

Entre los efectivos desplazados se encontraba el sargento comandante del puesto de la zona, quien asumió la dirección de la intervención con el objetivo de controlar la situación e identificar a los implicados.

No obstante, su llegada tampoco logró rebajar la tensión de manera inmediata. Según JUCIL, los presuntos agresores arremetieron igualmente contra el mando de la Guardia Civil, al que habrían golpeado mientras proferían amenazas de muerte durante los forcejeos.

Como consecuencia de las agresiones, tanto el sargento comandante como el guardia civil fuera de servicio sufrieron diversas lesiones de consideración que les han obligado a permanecer de baja médica, sin que por el momento haya trascendido el tiempo previsto para su recuperación.

Tras controlar finalmente la situación, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a todos los participantes en el altercado.

Las primeras actuaciones permitieron la detención de tres personas: una pareja de entre 20 y 30 años y el padre de la mujer, de unos 50 años, todos ellos vecinos de Oliva de la Frontera. Los arrestados están siendo investigados como presuntos responsables de las agresiones y de un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Fuentes de JUCIL sostienen además que las personas investigadas acumularían antecedentes por denuncias anteriores, si bien este extremo deberá ser confirmado durante el desarrollo de las diligencias policiales y del procedimiento judicial, respetando en todo momento la presunción de inocencia de los detenidos.

Los dos guardias civiles lesionados han presentado la correspondiente denuncia y han solicitado al juzgado la adopción de medidas cautelares de alejamiento, al considerar que existe riesgo de sufrir posibles represalias tras lo sucedido.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación con el objetivo de reconstruir cronológicamente todo lo ocurrido, determinar el origen del enfrentamiento, esclarecer la participación individual de cada uno de los detenidos y confirmar todas las circunstancias que rodearon este grave episodio de violencia.

La investigación también deberá determinar con exactitud el papel desempeñado por cada uno de los implicados, así como verificar las distintas versiones aportadas por los testigos presenciales y por las personas que intervinieron para auxiliar a la víctima.

Tras conocerse los hechos, la asociación profesional JUCIL ha condenado de forma rotunda la agresión sufrida tanto por el alcalde de Zahínos como por los dos agentes de la Guardia Civil, destacando que ambos acudieron en auxilio de una persona especialmente vulnerable que estaba siendo víctima de una agresión.

La organización considera que este nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto la creciente exposición al riesgo que afrontan los guardias civiles, incluso cuando se encuentran fuera de servicio y actúan movidos únicamente por su deber de proteger a la ciudadanía.

Por ello, JUCIL ha reiterado una vez más su reivindicación histórica para que la Guardia Civil sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo, reclamando un mayor respaldo institucional y jurídico para los agentes que intervienen en situaciones de elevada peligrosidad como la ocurrida en Oliva de la Frontera.

El suceso ha causado una notable conmoción tanto en Zahínos como en Oliva de la Frontera, donde vecinos y representantes institucionales han mostrado su preocupación por la violencia registrada en plena vía pública y por las lesiones sufridas por quienes intervinieron para defender a una persona con discapacidad intelectual.

Entretanto, la investigación continúa abierta y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades penales que puedan derivarse de este grave episodio.