El sector denuncia que el Ejecutivo vuelve a legislar de espaldas al campo extremeño y advierte de que las nuevas restricciones pueden poner en riesgo miles de empleos, una actividad estratégica para la región y el futuro de numerosas explotaciones familiares.
Mérida, 23 de julio de 2026. Los agricultores y productores de tabaco de Extremadura han mostrado su firme rechazo al anteproyecto de la nueva Ley del Tabaco presentado por el Gobierno de España, al considerar que las medidas anunciadas suponen un nuevo golpe para uno de los sectores agrícolas más importantes de la comunidad autónoma y evidencian, una vez más, la falta de diálogo del Ejecutivo con el mundo rural.
El Consejo de Ministros informó este martes del contenido del anteproyecto, que contempla, entre otras medidas, la prohibición de fumar en las terrazas de establecimientos hosteleros, así como en espacios abiertos como playas y piscinas. La futura norma también extiende las restricciones al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores en aquellos espacios al aire libre donde exista convivencia entre ciudadanos.
Aunque el objetivo declarado por el Gobierno es reforzar la protección de la salud pública, el sector considera que las medidas vuelven a adoptarse sin escuchar a quienes viven del cultivo del tabaco y sin evaluar suficientemente las consecuencias económicas y sociales que pueden tener sobre miles de familias extremeñas.
Extremadura produce prácticamente todo el tabaco español
La importancia del tabaco para Extremadura va mucho más allá de las cifras regionales. Entre el 98% y el 99% del tabaco en rama que se produce en España se cultiva en Extremadura, lo que convierte a la comunidad autónoma en el auténtico corazón del sector tabaquero nacional. A su vez, más del 95% de esa producción se concentra en las comarcas cacereñas de Campo Arañuelo y La Vera, donde este cultivo constituye uno de los principales motores económicos y sociales.
Aunque parte del tabaco que se consume en España procede de importaciones, prácticamente todo el tabaco de producción nacional nace en Extremadura, una circunstancia que convierte cualquier decisión del Gobierno sobre este sector en una cuestión de enorme trascendencia para la economía extremeña.
Más de 20.000 familias dependen directa o indirectamente del cultivo, transformación y comercialización del tabaco, además de cooperativas, empresas de transformación, industrias auxiliares, transportistas y cientos de pequeños negocios que encuentran en esta actividad su principal fuente de ingresos.
Por ello, los agricultores consideran que una normativa de este alcance no puede aprobarse únicamente desde una perspectiva sanitaria, sino que debe valorar también las consecuencias económicas y sociales sobre las zonas rurales donde el cultivo constituye un elemento esencial para fijar población, mantener el empleo y luchar contra la despoblación.
Asaja Extremadura: “Es un ataque en toda regla”
Desde Asaja Extremadura se ha calificado el anteproyecto como “un ataque en toda regla” a los agricultores productores de tabaco.
La organización agraria considera que el Ejecutivo vuelve a situar al sector en el centro de nuevas restricciones sin ofrecer alternativas viables para las explotaciones familiares que llevan décadas sosteniendo una actividad estratégica para la economía extremeña.
La Mesa del Tabaco critica una medida “excepcional” en Europa
La Mesa del Tabaco también ha mostrado su preocupación por el contenido del anteproyecto y ha lamentado especialmente la prohibición generalizada de fumar en las terrazas de hostelería.
Según la organización, España pasaría a adoptar una medida que apenas tiene precedentes en Europa, recordando que únicamente Suecia mantiene una regulación similar y que Francia rechazó una iniciativa equivalente en mayo de 2025.
Para el sector, este tipo de decisiones deberían venir precedidas de estudios rigurosos sobre su impacto económico, tanto para la hostelería como para toda la cadena de valor del tabaco.
Oitab denuncia la falta de diálogo con el sector
En la misma línea se ha pronunciado la Organización Interprofesional del Tabaco de España (Oitab), que lamenta que el Gobierno no haya consultado suficientemente al sector ni haya valorado adecuadamente las consecuencias económicas del anteproyecto.
La organización asegura compartir el objetivo de proteger la salud pública, pero considera que el camino elegido no puede construirse dando la espalda a miles de agricultores y trabajadores cuya actividad depende del cultivo del tabaco.
Un sector estratégico para la economía española
La cadena de valor del tabaco aporta 3.755 millones de euros al Producto Interior Bruto nacional, genera alrededor de 61.500 empleos directos e indirectos y supone una recaudación superior a 10.100 millones de euros para las arcas públicas.
Los agricultores advierten de que cualquier descenso continuado de la demanda o de la producción nacional tendría consecuencias directas sobre la economía extremeña, especialmente en aquellas comarcas donde el tabaco constituye el principal cultivo y una de las pocas actividades capaces de generar empleo estable.
“El Gobierno vuelve a dar la espalda al campo”
Las organizaciones agrarias consideran que este anteproyecto se suma a otras decisiones que, en su opinión, han incrementado los costes de producción, aumentado la presión normativa sobre el sector agrario y reducido la competitividad de las explotaciones.
Denuncian que, mientras se exige cada vez un mayor esfuerzo al campo español, el Gobierno continúa adoptando medidas sin contar con quienes conocen la realidad del territorio y sin evaluar el impacto que tendrán sobre miles de familias.
“No se puede legislar desde un despacho sin conocer la realidad de Campo Arañuelo y La Vera. Cada decisión que afecta al tabaco pone en riesgo el sustento de más de 20.000 familias extremeñas. Compartimos la necesidad de proteger la salud pública, pero también exigimos respeto hacia quienes llevan décadas generando empleo, riqueza y fijando población en el medio rural. Lo mínimo que pedimos es diálogo, consenso y que se escuche al sector antes de adoptar medidas que pueden comprometer su futuro”, señalan los representantes de los agricultores y productores de tabaco.
A juicio del sector, esta forma de legislar genera incertidumbre, desincentiva las inversiones y pone en riesgo el relevo generacional en unas comarcas donde el cultivo del tabaco representa mucho más que una actividad económica: constituye un elemento esencial para mantener el empleo, la población y la vida en el medio rural.
Llamamiento al Gobierno
Los agricultores y productores de tabaco de Extremadura hacen un llamamiento al Gobierno de España para que reconsidere el contenido del anteproyecto y abra un proceso de diálogo real con las organizaciones agrarias, cooperativas y representantes de toda la cadena de valor del tabaco.
Asimismo, el sector solicita la convocatoria urgente de una reunión entre los Ministerios de Sanidad y de Agricultura y las organizaciones representativas del sector tabaquero para analizar el contenido del anteproyecto, estudiar su impacto económico y social y buscar alternativas que permitan compatibilizar la protección de la salud pública con la defensa del empleo, la actividad agraria y el futuro de miles de familias extremeñas.
Los productores concluyen reclamando “más diálogo, más consenso y menos imposiciones”, recordando que detrás de cada decisión sobre el tabaco hay más de 20.000 familias extremeñas, cientos de empresas y dos comarcas cuya economía depende, en gran medida, de la continuidad de un cultivo estratégico para Extremadura y para España.
