La comunidad considera imprescindible que cualquier medida de solidaridad territorial vaya acompañada de recursos económicos, planificación y seguridad jurídica para asegurar una atención de calidad a la infancia.
Mérida, 17 de julio de 2026.– La aprobación del reparto de 35 millones de euros por parte de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia vuelve a situar sobre la mesa el desafío que supone la atención a los menores migrantes no acompañados y la necesidad de fortalecer la cooperación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
Extremadura comparte el principio de protección integral de la infancia y la obligación de garantizar los derechos de todos los menores, con independencia de su origen o situación administrativa. Este compromiso debe sustentarse, no obstante, en una planificación rigurosa, una financiación suficiente y una coordinación permanente entre todas las administraciones públicas.
La atención a los menores extranjeros no acompañados constituye una competencia de elevada complejidad que exige recursos humanos especializados, infraestructuras adecuadas y una respuesta social capaz de garantizar su integración, educación, atención sanitaria, apoyo psicológico y acompañamiento durante todo el proceso de tutela.
En este contexto, Extremadura considera que cualquier decisión sobre la redistribución de menores o la ampliación de los recursos de acogida debe ir necesariamente acompañada de una financiación estable que permita a las comunidades autónomas afrontar estas responsabilidades con plenas garantías.
Una comunidad comprometida con la protección de la infancia
Extremadura mantiene una larga trayectoria en materia de políticas sociales y protección de menores, sustentada en el trabajo coordinado entre la Administración autonómica, las entidades locales y las organizaciones del tercer sector.
Este modelo ha permitido ofrecer una atención personalizada y cercana, especialmente en una comunidad caracterizada por su amplia dispersión territorial y por la existencia de numerosos municipios rurales donde los servicios públicos requieren una planificación específica para garantizar la igualdad de oportunidades.
La protección de la infancia constituye una prioridad para la Junta de Extremadura, que continuará trabajando para que todos los menores bajo tutela reciban una atención integral basada en el interés superior del menor, tal y como establecen la legislación española y los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
La financiación, elemento imprescindible para garantizar la calidad asistencial
La dotación económica aprobada en la Conferencia Sectorial representa un instrumento de apoyo para las comunidades autónomas. No obstante, Extremadura considera necesario seguir avanzando hacia un modelo de financiación que refleje los costes reales derivados de la atención a menores migrantes no acompañados.
La prestación de estos servicios implica una importante movilización de recursos públicos en ámbitos como la atención residencial, los equipos educativos, la intervención psicológica, la escolarización, la formación, la atención sanitaria y los programas de integración social.
Por ello, la suficiencia financiera debe convertirse en un principio básico del modelo de corresponsabilidad entre administraciones, permitiendo que las comunidades puedan desarrollar sus competencias sin comprometer la calidad de los servicios públicos.
Cooperación institucional como principio de actuación
Extremadura defiende que los retos derivados de los movimientos migratorios requieren respuestas conjuntas, alejadas de la confrontación política y centradas en la cooperación institucional.
La coordinación entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones sociales resulta esencial para garantizar una gestión eficaz, transparente y respetuosa con los derechos de la infancia.
En este sentido, la comunidad considera igualmente positivo avanzar en iniciativas como el Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia y en la consolidación del modelo Barnahus para la atención integral a menores víctimas de violencia, al entender que constituyen herramientas que reforzarán el sistema público de protección infantil.
Extremadura seguirá defendiendo los intereses de la región
La Junta de Extremadura continuará participando en los foros de cooperación institucional para trasladar las necesidades específicas de la comunidad y defender un modelo que combine solidaridad, responsabilidad y sostenibilidad financiera.
El Ejecutivo autonómico reitera que la protección de la infancia debe situarse siempre por encima de cualquier diferencia política y que las decisiones adoptadas en esta materia deben responder exclusivamente al interés superior del menor, garantizando al mismo tiempo que las comunidades dispongan de los recursos necesarios para prestar una atención de calidad.
Extremadura mantiene su compromiso con una gestión responsable, eficaz y coordinada de las políticas de protección de menores, convencida de que solo mediante el diálogo institucional, la corresponsabilidad y una financiación adecuada será posible ofrecer respuestas estables a uno de los principales retos sociales a los que se enfrentan las administraciones públicas.
