Los socialistas acusan al Ejecutivo regional de abandonar a los 56 empleados afectados y de bloquear ayudas por valor de 200.000 euros, mientras la Junta defiende su gestión, asegura que ha multiplicado la inversión y anuncia una nueva licitación para recuperar el servicio.
La situación de la Red de Centros de Transporte de Extremadura ha protagonizado este jueves un nuevo enfrentamiento político en la Asamblea de Extremadura. PSOE y Gobierno regional han cruzado acusaciones sobre la gestión de unas instalaciones cuya actividad continúa envuelta en la incertidumbre, con 56 trabajadores que, según ha denunciado la oposición, siguen sin percibir sus salarios y con un futuro aún pendiente de una nueva adjudicación.
El debate se ha desarrollado durante una interpelación en la Cámara autonómica, donde el diputado socialista Julio César Rodríguez ha responsabilizado directamente a la Junta de Extremadura de no haber protegido a los empleados afectados por la crisis de la concesionaria. Según ha sostenido, el Ejecutivo regional “no ha dado amparo” a los trabajadores y ha permitido que los centros permanezcan “abandonados”, sin ofrecer una solución definitiva.
Rodríguez ha recordado que el conflicto se arrastra desde hace tiempo, aunque ha reprochado al actual Gobierno que no haya conseguido revertir la situación. En su intervención, ha criticado la cesión de la explotación de los centros a una empresa que, a su juicio, no reunía la solvencia suficiente para garantizar el servicio, calificando aquella operación como una adjudicación “chapucera” que actualmente se encuentra judicializada.
El parlamentario socialista también ha denunciado que la Junta acumula alrededor de seis meses de retraso en el abono de las subvenciones destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad, unas ayudas que, según ha indicado, rondan los 200.000 euros. A su juicio, esta circunstancia agrava todavía más la delicada situación económica que atraviesan los empleados.
Durante su intervención, Rodríguez ha insistido en que la falta de respuesta institucional está provocando que decenas de familias permanezcan sin ingresos mientras las instalaciones continúan sin prestar con normalidad el servicio para el que fueron concebidas. Asimismo, ha acusado al Gobierno regional de no haber sido capaz de poner en marcha una nueva adjudicación que permita garantizar tanto la continuidad de la actividad como la estabilidad laboral de la plantilla.
La Junta defiende su actuación y niega que pueda asumir el pago de las nóminas
Frente a estas críticas, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que la Junta ha actuado “con responsabilidad y transparencia” desde que comenzaron los incumplimientos de la empresa concesionaria.
Ramírez ha explicado que el Gobierno regional ha mantenido reuniones e información constante con los trabajadores y ha insistido en que la Administración autonómica carece de cobertura legal para hacerse cargo directamente del pago de los salarios pendientes, al tratarse de una obligación exclusiva de la empresa adjudicataria.
En este sentido, ha recalcado que la Junta no puede generar “falsas expectativas” entre los afectados prometiendo soluciones que, según ha dicho, no permite la legislación vigente.
El consejero también ha defendido el esfuerzo inversor realizado por el actual Ejecutivo en la red de centros de transporte. Según los datos aportados durante el debate, en los últimos tres años la Junta ha ejecutado inversiones por importe de 97.000 euros y ha consignado otros 500.000 euros en los presupuestos, frente a los aproximadamente 6.000 euros que, según afirmó, destinó el anterior Gobierno socialista durante su etapa al frente de la Administración regional.
Además, Ramírez ha asegurado que el Ejecutivo continúa siguiendo la “hoja de ruta pactada” para resolver definitivamente el problema, cuyo siguiente paso será la licitación de un nuevo contrato que permita restablecer la prestación del servicio y normalizar el funcionamiento de los centros.
Cruce de reproches políticos
El debate también derivó en un intercambio de acusaciones entre Gobierno y oposición sobre la gestión política del conflicto.
Desde el PSOE se criticó que la presidenta de la Junta, María Guardiola, no se haya reunido con los trabajadores afectados durante los últimos cinco meses, asegurando que el Ejecutivo regional está “más pendiente del reparto de sillones que de la Extremadura real”.
El consejero respondió rechazando esas acusaciones y defendiendo que el Gobierno autonómico está actuando dentro del marco legal. Asimismo, reprochó al PSOE su gestión cuando estaba al frente de la Junta y afirmó que los socialistas “incumplen la ley cuando gobiernan y cuando no gobiernan”.
Un conflicto todavía sin resolver
Mientras continúa el enfrentamiento político, la situación de la Red de Centros de Transporte sigue pendiente de una solución definitiva. Los trabajadores mantienen sus reivindicaciones ante la falta de cobro de sus nóminas y esperan que la nueva licitación anunciada por la Junta permita recuperar la actividad y garantizar la continuidad de unos centros considerados estratégicos para la logística y el transporte de mercancías en Extremadura.
Por el momento, las posiciones entre Gobierno y oposición permanecen alejadas. El PSOE exige una mayor implicación del Ejecutivo autonómico para proteger a la plantilla y acelerar una solución, mientras la Junta insiste en que ha actuado conforme a la legalidad, atribuye la responsabilidad del impago a la empresa concesionaria y defiende que la nueva adjudicación será la vía para desbloquear una crisis que se prolonga desde hace meses.
