El Consejo de Seguridad Nuclear avala la continuidad de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno la decisión definitiva
El Pleno del CSN emite un informe favorable a la prórroga solicitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy para mantener operativa la central nuclear extremeña. El Ministerio para la Transición Ecológica deberá ahora aprobar una orden ministerial que modifique el calendario de cierre previsto y permita extender la vida útil de los dos reactores hasta 2030.
La continuidad de la central nuclear de Almaraz ha dado este jueves un paso decisivo. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe favorable a la solicitud presentada por las empresas propietarias de la instalación —Iberdrola, Endesa y Naturgy— para prolongar la actividad de la planta cacereña hasta el año 2030, un pronunciamiento que supone el principal respaldo técnico y regulador necesario antes de que el Gobierno adopte la decisión definitiva.
La resolución del organismo regulador llega después de varios meses de análisis de la documentación presentada por las compañías eléctricas, que solicitaron formalmente la renovación de la autorización de explotación en noviembre del pasado año. El informe del CSN concluye que la central reúne las condiciones exigidas desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica para continuar operando, siempre bajo las condiciones y requisitos establecidos por el propio organismo.
No obstante, el pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear no implica automáticamente la renovación de la autorización, ya que la decisión administrativa corresponde ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que deberá aprobar una orden ministerial para hacer efectiva la prórroga.
El Gobierno tiene ahora la última palabra
Tras el aval técnico del CSN, el siguiente paso corresponde al Ministerio dirigido por el Gobierno de España. Será este departamento el encargado de decidir si acepta la petición formulada por las empresas propietarias y modifica el calendario actualmente vigente para el cierre de la instalación.
En caso de aprobarse la extensión, el Ministerio deberá derogar la orden ministerial que fija actualmente el cierre del reactor I el 1 de noviembre de 2027 y del reactor II el 31 de octubre de 2028, sustituyéndola por una nueva resolución que permita prolongar la actividad de ambas unidades hasta 2030.
La decisión supondría un cambio relevante respecto a la planificación energética diseñada hace años para el parque nuclear español y abriría una nueva etapa para una de las instalaciones de mayor importancia estratégica del sistema eléctrico nacional.
Cambio del calendario pactado en 2018
Las fechas de cierre actualmente vigentes proceden del protocolo firmado en 2018 entre las compañías propietarias de las centrales nucleares españolas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), un acuerdo que establecía un calendario escalonado para el cese definitivo de la actividad de todas las centrales entre 2027 y 2035.
Dentro de ese calendario, Almaraz era la primera planta nuclear española prevista para iniciar el proceso de cierre, con el apagado de sus dos reactores en 2027 y 2028, respectivamente.
Sin embargo, aquel protocolo nunca tuvo carácter vinculante desde el punto de vista jurídico. La normativa permitía que las empresas solicitaran una renovación de la autorización dentro de los plazos establecidos, posibilidad de la que hicieron uso Iberdrola, Endesa y Naturgy al presentar su solicitud de prórroga el pasado mes de noviembre.
El informe favorable emitido ahora por el Consejo de Seguridad Nuclear constituye el principal requisito técnico para que esa petición pueda prosperar.
Una decisión de enorme impacto para Extremadura
La posible continuidad de la central nuclear de Almaraz tiene una enorme trascendencia para Extremadura y, especialmente, para la comarca del Campo Arañuelo, donde la instalación constituye uno de los principales motores económicos y laborales.
La planta genera miles de empleos directos, indirectos e inducidos y mantiene una importante actividad industrial y empresarial vinculada a las tareas de operación, mantenimiento y servicios auxiliares. Además, su actividad repercute de forma significativa en los ingresos de numerosos municipios del entorno a través de impuestos, tasas y contratación de empresas locales.
Precisamente por ello, la decisión sobre el futuro de Almaraz ha sido objeto de un intenso debate político, económico y social durante los últimos años, con reiteradas peticiones desde Extremadura para garantizar la continuidad de la instalación siempre que se mantengan las máximas garantías de seguridad.
El informe del CSN despeja la principal incógnita técnica
El pronunciamiento favorable del Consejo de Seguridad Nuclear elimina una de las principales incertidumbres existentes sobre el futuro de la planta, al certificar que la central puede seguir funcionando desde el punto de vista técnico y de la seguridad nuclear.
A partir de este momento, el debate deja de centrarse en los aspectos técnicos para trasladarse al ámbito político y energético, donde el Gobierno deberá valorar cuestiones relacionadas con la planificación del sistema eléctrico, la política energética nacional, el calendario de transición hacia fuentes renovables y el papel que la energía nuclear debe desempeñar en los próximos años.
Pendientes de la orden ministerial
Con el informe favorable ya emitido por el CSN, todas las miradas se dirigen ahora al Ministerio para la Transición Ecológica, cuya decisión será determinante para el futuro de la central extremeña.
Si finalmente el Ejecutivo aprueba la correspondiente orden ministerial, Almaraz continuará operando hasta 2030, modificando el calendario de cierre previsto hace siete años y prolongando la actividad de una infraestructura considerada estratégica tanto para el sistema eléctrico español como para la economía de Extremadura.
La resolución que adopte el Gobierno marcará el futuro inmediato de la primera central nuclear que figuraba en el calendario nacional de clausuras y será observada con atención tanto por el sector energético como por las administraciones, los trabajadores y el tejido empresarial vinculado a la instalación.
