El Consejo de Seguridad Nuclear analiza este jueves un informe sobre la planta extremeña que puede marcar el futuro de una instalación de la que dependen cerca de 3.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Aunque el dictamen no será vinculante, supondrá un paso decisivo antes de que el Gobierno de España adopte la decisión definitiva sobre una posible prórroga de la actividad de la central.

La central nuclear de Almaraz afronta este jueves una de las jornadas más trascendentales de los últimos años. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) celebra una reunión decisiva en la que analizará un informe técnico sobre las condiciones de seguridad de la instalación extremeña, un documento que podría abrir la puerta a la prolongación de su actividad más allá del calendario de cierre previsto y que marcará el rumbo del debate sobre el futuro de una de las infraestructuras energéticas más importantes de España.

La reunión ha despertado una enorme expectación tanto en Extremadura como en el conjunto del sector energético. Miles de trabajadores, empresas auxiliares, administraciones públicas y agentes sociales siguen con atención el desarrollo del encuentro, conscientes de que el pronunciamiento del organismo regulador puede convertirse en un punto de inflexión para la continuidad de la central.

Aunque el informe que emita el CSN no tendrá carácter vinculante, sí constituye un requisito imprescindible dentro del procedimiento administrativo previo a cualquier decisión sobre la prolongación de la vida útil de la planta. La última palabra corresponderá al Gobierno de España, que deberá decidir si autoriza o no la continuidad de la explotación de Almaraz.

Segunda reunión para abordar el futuro de la planta

No es la primera vez que el Consejo de Seguridad Nuclear analiza esta cuestión. El organismo vuelve a reunirse este jueves para estudiar el informe relativo a la central cacereña, después de que el asunto ya fuera tratado anteriormente sin que llegara a adoptarse una decisión definitiva.

Para que el dictamen salga adelante será necesario el respaldo de, al menos, tres de los cinco consejeros que integran el pleno del CSN. El organismo evaluará exclusivamente aspectos relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación, sin entrar a valorar cuestiones económicas, laborales o de política energética.

Su función consiste en determinar si la planta reúne las condiciones técnicas necesarias para seguir operando con todas las garantías exigidas por la normativa nacional e internacional.

Cerca de 3.000 empleos pendientes de la decisión

La reunión del Consejo de Seguridad Nuclear es seguida con especial atención en la comarca de Campo Arañuelo, donde la central constituye uno de los principales motores económicos y de empleo.

En torno a Almaraz dependen aproximadamente 3.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos. A ello se suma un amplio entramado de empresas auxiliares especializadas en mantenimiento, ingeniería, seguridad, transporte, limpieza, hostelería, restauración y otros muchos servicios que giran alrededor de la actividad de la central.

Los municipios del entorno llevan meses defendiendo la necesidad de garantizar la continuidad de la planta por el impacto económico que supone para toda la comarca, especialmente en un territorio afectado por la despoblación y con escasas alternativas industriales de similar dimensión.

Durante las paradas de recarga, además, la central genera miles de contrataciones temporales adicionales, lo que incrementa notablemente la actividad económica de toda la zona.

Las eléctricas defienden prolongar la actividad

Las compañías propietarias de la central consideran que Almaraz continúa siendo una instalación plenamente preparada para seguir funcionando y sostienen que una eventual prórroga permitiría garantizar el mantenimiento del empleo, preservar la actividad económica y reforzar la estabilidad del sistema eléctrico español.

Las empresas recuerdan igualmente que la energía nuclear proporciona producción eléctrica continua durante las veinticuatro horas del día y contribuye al suministro energético sin emisiones directas de dióxido de carbono durante la generación, por lo que defienden que la planta debe seguir formando parte del mix energético nacional durante los próximos años.

Esta posición también cuenta con el respaldo de buena parte del tejido empresarial extremeño, de organizaciones sindicales, representantes municipales y diversos colectivos sociales que han reclamado en los últimos meses una revisión del calendario de cierre.

Los ecologistas exigen respetar el calendario acordado

Frente a quienes defienden la continuidad de la instalación, las organizaciones ecologistas mantienen que debe cumplirse el calendario de cierre pactado, que prevé el inicio del cese de actividad de Almaraz en noviembre de 2027.

Estos colectivos consideran que la transición energética debe avanzar hacia un modelo basado principalmente en las energías renovables y sostienen que prolongar la vida útil de la central retrasaría el desarrollo del modelo energético previsto para los próximos años.

Asimismo, reclaman que las administraciones impulsen planes de reindustrialización y diversificación económica que permitan crear nuevas oportunidades de empleo en Campo Arañuelo una vez finalice la actividad de la planta.

Una decisión técnica con importantes consecuencias

Aunque el informe que estudia este jueves el Consejo de Seguridad Nuclear se limita exclusivamente a valorar aspectos técnicos relacionados con la seguridad de la instalación, su contenido será determinante para el futuro del procedimiento.

Si el organismo concluye que la central reúne las condiciones necesarias para seguir operando, el debate pasará definitivamente al ámbito político, donde será el Gobierno de España quien deba resolver si autoriza una prórroga del funcionamiento de la planta o mantiene el calendario de cierre actualmente previsto.

Por ello, la reunión del CSN representa mucho más que un trámite administrativo. Su pronunciamiento será observado con enorme atención por trabajadores, empresas, administraciones y agentes económicos de Extremadura, que consideran que el futuro de Almaraz tendrá importantes repercusiones sobre el empleo, la economía regional y el modelo energético español durante las próximas décadas.