La dirección regional analizará los estatutos y el Código Ético del partido para determinar si procede la expulsión de los afiliados condenados o si debe esperar a que la sentencia sea firme tras la resolución de los recursos anunciados
El PSOE de Extremadura ha iniciado el proceso interno para determinar cuál será la situación de los militantes condenados en el conocido caso de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. La decisión afecta, entre otros, al expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, al exdiputado provincial Ricardo Cabezas y al resto de personas condenadas por la Audiencia Provincial.
La dirección regional del partido ha confirmado que estudiará el contenido de los estatutos del PSOE y de su Código Ético y de Conducta antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de los afiliados afectados. El debate se centra en determinar si la pérdida de la condición de militante debe producirse tras la sentencia dictada por la Audiencia Provincial o si, por el contrario, es necesario esperar a que el fallo adquiera firmeza una vez resueltos los recursos que ya han anunciado los condenados.
La cuestión ha cobrado especial relevancia debido a que los estatutos federales del PSOE contemplan la pérdida de la condición de afiliado cuando un militante resulta condenado por un delito doloso que lleve aparejada pena de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público. Sin embargo, la normativa interna no concreta expresamente si esa condena debe ser firme para activar automáticamente esa consecuencia disciplinaria, una circunstancia que ha abierto un debate jurídico e interno dentro de la organización socialista.
La dirección regional apela a las normas internas
El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha explicado que la organización actuará conforme a sus normas y procedimientos internos, evitando anticipar una decisión antes de que los órganos competentes analicen toda la documentación.
En este sentido, ha señalado que los afectados actuarán “con responsabilidad y en consecuencia, según las normas internas del partido”, indicando además que la dirección mantendrá conversaciones con ellos antes de adoptar cualquier determinación definitiva. Asimismo, ha subrayado que el PSOE mantiene su respeto hacia la resolución judicial, aunque haya mostrado públicamente su desacuerdo con el contenido de la sentencia.
La dirección regional trabaja ya junto a los servicios jurídicos del partido para estudiar el alcance de la resolución judicial y las implicaciones que puede tener desde el punto de vista disciplinario y orgánico.
El Código Ético deja la decisión en manos de la Comisión de Ética y Garantías
Además de los estatutos, el PSOE deberá interpretar las previsiones recogidas en su Código Ético y de Conducta, que atribuye a la Comisión Federal de Ética y Garantías la competencia para valorar la compatibilidad entre la militancia, el desempeño de cargos orgánicos o institucionales y la existencia de procedimientos judiciales.
El texto incorpora además una cláusula introducida en el último Congreso Federal del PSOE destinada a los supuestos en los que pueda apreciarse una eventual utilización política de los procedimientos judiciales, conocida internamente como la cláusula “antilawfare”. En estos casos, corresponde igualmente a la Comisión Federal determinar si concurren circunstancias que justifiquen mantener los derechos del militante mientras continúa el procedimiento judicial.
Esa previsión fue precisamente la que permitió que Miguel Ángel Gallardo mantuviera tanto la Secretaría General del PSOE de Extremadura como su acta de diputado autonómico durante la fase de instrucción y mientras permanecía investigado por estos hechos.
Los recursos retrasarán cualquier decisión definitiva
La situación queda además condicionada por la intención anunciada por todos los condenados de recurrir la sentencia ante instancias superiores. La presentación de esos recursos impedirá que la resolución adquiera firmeza a corto plazo, prolongando previsiblemente durante varios meses el procedimiento judicial.
Ese escenario será uno de los elementos que deberán valorar los órganos internos del PSOE antes de adoptar cualquier medida disciplinaria, ya que la interpretación sobre el momento en que deben aplicarse las consecuencias previstas en los estatutos constituye el principal punto de debate jurídico abierto dentro del partido.
Hasta que ese análisis concluya, la dirección regional no ha fijado plazos para resolver la situación de los militantes afectados, limitándose a señalar que la decisión se adoptará conforme a las normas internas, tras el correspondiente estudio jurídico y una vez escuchadas las personas implicadas.
