Manos Limpias e Iustitia Europa consideran que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz demuestra que el caso tenía fundamento y reivindican el principio de igualdad ante la ley
Las acusaciones populares personadas en la causa por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz han valorado positivamente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
Tanto el sindicato Manos Limpias como la asociación Iustitia Europa sostienen que el fallo judicial avala las denuncias que dieron origen al procedimiento y rechazan que la investigación respondiera a una campaña política o mediática.
El portavoz de Manos Limpias, José María Bueno, afirmó que la resolución judicial acredita que el caso tenía base jurídica y descartó las críticas que durante la instrucción calificaron la causa como un “bulo”. “La sentencia que acaba de salir condenando a David Sánchez demuestra que no era ningún bulo, que no era ningún recorte de prensa”, señaló.
Bueno añadió que el fallo constituye, a su juicio, una muestra de la independencia del Poder Judicial y de la aplicación del principio de igualdad ante la ley. “Esta sentencia demuestra que todos los españoles somos iguales ante la ley, aunque sea el hermano del presidente o como si fuera su esposa”, manifestó.
Por su parte, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, centró su valoración en las consecuencias que, según sostuvo, tienen las irregularidades en los procesos de contratación pública.
A su juicio, favorecer a una persona concreta mediante un procedimiento administrativo supone un perjuicio para quienes concurren en igualdad de condiciones a un puesto público y para el conjunto de la sociedad. “Colocar a enchufados en puestos de la administración hace que aquellas personas que deberían estar y son los verdaderamente perjudicados —la sociedad civil y quienes podían haber optado al puesto— al final no lo obtuvieron”, afirmó.
Pardo consideró que la sentencia pone de relieve la importancia de preservar los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público y sostuvo que el fallo refleja la gravedad de alterar un procedimiento administrativo para beneficiar a un candidato determinado.
La resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Tras conocerse el fallo, las acusaciones populares han interpretado la decisión judicial como un respaldo a las denuncias que impulsaron el procedimiento y como una reafirmación del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia.
