El expresidente del CD Badajoz afirma ante la Audiencia Nacional que la presunta “fontanera del PSOE” le ofreció ayuda judicial a cambio de obtener información contra jueces, fiscales y dirigentes del Partido Popular
La investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre las actividades de Leire Díez ha dado un nuevo giro político tras la declaración prestada este miércoles por el empresario y expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra. Su testimonio sitúa nuevamente al PSOE en el centro de la polémica al sostener que la conocida como la “fontanera del PSOE” afirmaba actuar “en nombre de Pedro”, decía venir “de parte del Gobierno” y buscaba recopilar información comprometedora sobre jueces, fiscales y dirigentes del Partido Popular en la provincia de Badajoz.
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Parra ratificó ante el juez de la Audiencia Nacional que Leire Díez le trasladó que el objetivo político era esperar a que Pedro Sánchez estuviera “a punto de caer” para entonces sacar “mierda del PP de Badajoz”, una afirmación que, de acuerdo con dichas fuentes, quedó incorporada a su comparecencia judicial.
La declaración supone un nuevo foco de desgaste para el PSOE en un procedimiento que investiga si existió una estructura paralela dedicada a recopilar información sensible sobre miembros de la judicatura, del Ministerio Fiscal y adversarios políticos.
Un supuesto intercambio: ayuda judicial a cambio de información
Durante más de una hora de declaración, Joaquín Parra explicó que Leire Díez le ofreció colaboración para intentar resolver las causas judiciales que mantiene abiertas, especialmente las relacionadas con la investigación por el fraude de hidrocarburos, siempre que facilitara contactos o información útil para los intereses del grupo.
Según su relato, la propuesta consistía en obtener datos que pudieran comprometer a jueces, fiscales y responsables políticos del Partido Popular, especialmente en Extremadura.
Parra aseguró que nunca terminó de confiar en las promesas realizadas y decidió alejarse del grupo porque consideró poco creíble la capacidad de influencia que Leire Díez decía tener dentro de distintas instituciones del Estado.
La jueza del caso David Sánchez, entre los objetivos
Uno de los principales intereses de Leire Díez, según declaró Parra, era conseguir información relacionada con la magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento judicial que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El empresario confirmó que fue él quien puso en contacto a Díez con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada para intentar localizar información comprometedora sobre jueces y fiscales vinculados a Extremadura.
Esta circunstancia coincide con las líneas de investigación abiertas por la Audiencia Nacional y con la documentación incorporada al sumario.
Reuniones en un “piso franco del PSOE”
Otro de los aspectos más llamativos de la declaración hace referencia a los encuentros mantenidos en Madrid.
Parra aseguró que Leire Díez organizaba reuniones en un inmueble que ella misma definía como un “piso franco del PSOE para reuniones”, donde coincidían el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset y el propio Parra.
Los encuentros, según explicó, eran coordinados mediante un grupo de WhatsApp denominado “Vacaciones y viajes” y en ellos se abordaban distintas estrategias relacionadas con procedimientos judiciales y actuaciones contra determinados jueces y fiscales.
El empresario afirmó además haber grabado varias de aquellas conversaciones y confirmó que los audios ya han sido reclamados por la Fiscalía para incorporarlos a la investigación.
“Venía de parte del Gobierno”
Uno de los aspectos de mayor trascendencia política de la declaración es la afirmación de Parra de que Leire Díez decía actuar “en nombre de Pedro” y aseguraba “venir de parte del Gobierno”.
Según explicó ante el juez, cuando preguntó expresamente si el presidente del Gobierno conocía las actuaciones que se estaban llevando a cabo, recibió una respuesta afirmativa.
Parra también declaró que Leire Díez justificaba esas actuaciones asegurando que, tras los ataques sufridos por la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, “había que tomar cartas en el asunto”.
No obstante, estas manifestaciones forman parte exclusivamente del testimonio prestado por el empresario ante la Audiencia Nacional y deberán ser valoradas dentro del procedimiento judicial.
Presunta influencia sobre la Fiscalía General del Estado
El expresidente del CD Badajoz también aseguró que Leire Díez presumía de mantener una relación privilegiada con la Fiscalía General del Estado y con diversos fiscales destinados tanto en la Audiencia Nacional como en Málaga.
Según su relato, transmitía la idea de que tenía capacidad para influir en actuaciones del Ministerio Fiscal y ofrecía utilizar esa supuesta influencia para beneficiar a quienes colaboraran con la trama.
Parra insistió en que nunca llegó a creer realmente ese supuesto poder de intermediación y que precisamente esa falta de credibilidad le llevó a distanciarse de las personas implicadas.
Denunciar a la jueza y “quitar de en medio” a un mando de la UCO
Durante su comparecencia también confirmó que en aquellas reuniones se planteó impulsar actuaciones contra la magistrada Beatriz Biedma y que se interesaron por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de diversas investigaciones de la UCO.
Según el testimonio prestado, llegó a plantearse la conveniencia de “quitar de en medio” al mando de la Guardia Civil, una expresión que ya figuraba en anteriores declaraciones incorporadas a la causa.
Asimismo, explicó que se estudió la posibilidad de que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada asumiera la defensa jurídica de David Sánchez, extremo que finalmente no prosperó.
Una causa con creciente repercusión política
La declaración de Joaquín Parra incrementa la presión política sobre el PSOE en un procedimiento que continúa avanzando en la Audiencia Nacional y que ya ha situado bajo el foco mediático las actividades desarrolladas por Leire Díez y varias personas de su entorno.
La investigación trata de determinar si existió una estructura organizada para recabar información comprometedora sobre jueces, fiscales, mandos policiales y adversarios políticos, así como el alcance real de las gestiones realizadas y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ellas.
La eventual incorporación de las grabaciones realizadas por Joaquín Parra podría convertirse en uno de los elementos más relevantes de la investigación, mientras la Audiencia Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer unos hechos con evidentes implicaciones políticas e institucionales.
Agencias
