La actual presidenta de Enresa ha sido citada a declarar el próximo 7 de octubre tras la denuncia presentada por Fondenex por la autorización del proyecto fotovoltaico FV Tagus, promovido por una filial de Iberdrola en una Reserva de la Biosfera y ZEPA con presencia de especies emblemáticas como el lince ibérico y el águila imperial.
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Juan Carlos Peinado, ha acordado citar en calidad de investigada a la exconsejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, por un presunto delito de prevaricación relacionado con la tramitación administrativa de la macroplanta fotovoltaica FV Tagus, proyectada en el término municipal de Alcántara (Cáceres).
Olga García, que actualmente ocupa la presidencia de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), deberá comparecer ante el juzgado el próximo 7 de octubre, dentro de unas diligencias penales que tienen su origen en la denuncia presentada en mayo de 2024 por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex).
La investigación judicial analiza las actuaciones administrativas que permitieron la autorización de un proyecto promovido por una filial de Iberdrola sobre aproximadamente 500 hectáreas de elevado valor ecológico, integradas en una Reserva de la Biosfera y declaradas Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), uno de los espacios naturales con mayor nivel de protección ambiental de Extremadura.
La causa comenzó en el Juzgado de Valencia de Alcántara, desde donde fue remitida posteriormente a Cáceres y, finalmente, a Madrid, al considerar que la competencia correspondía a los juzgados de la capital al encontrarse allí la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Una autorización bajo investigación
La macroplanta obtuvo en enero de 2023 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable firmada por la entonces directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio, Marta Gómez Palenque, quien también figura como investigada en la causa junto al exsubdirector general Eugenio Domínguez.
Según sostiene Fondenex en su denuncia, la autorización estatal se apoyó de forma determinante en los informes favorables emitidos por la Consejería para la Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, dirigida entonces por Olga García, pese a que la propia documentación técnica advertía de la extraordinaria sensibilidad ambiental del enclave.
Los informes elaborados por la Dirección General de Sostenibilidad calificaban expresamente el ámbito afectado como una zona de «máxima sensibilidad ambiental», señalando que, con carácter general, «no era recomendable la ejecución de proyectos de energía renovable fotovoltaica» en dichos terrenos.
No obstante, la administración autonómica terminó respaldando la viabilidad del proyecto condicionándola a la implantación de diversas medidas preventivas, correctoras y compensatorias por parte de la empresa promotora.
Riesgo para especies protegidas
La organización denunciante sostiene que la implantación de la planta supondría una alteración irreversible de uno de los espacios de mayor riqueza ecológica del oeste peninsular, afectando al hábitat de especies protegidas como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro.
El presidente de Fondenex, Francisco Blanco, considera que las medidas ambientales contempladas en el expediente no resultan suficientes para compensar el impacto del proyecto.
«Cualquier científico de reconocido prestigio sabe que esas medidas no existen para una incidencia de este calibre. Es una falacia perfectamente conocida por la Dirección General, que las utiliza simplemente como una disculpa para autorizar un proyecto», ha manifestado Blanco.
Un procedimiento con importantes implicaciones
La citación de Olga García supone un nuevo paso en una investigación que afecta tanto a responsables del Ministerio para la Transición Ecológica como de la anterior administración autonómica extremeña y que examina si las autorizaciones concedidas respetaron la legalidad administrativa y la normativa de protección ambiental vigente.
La causa judicial se centra en esclarecer si las decisiones adoptadas durante la tramitación del proyecto pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar una instalación de gran escala en un enclave considerado de máxima protección ecológica por los propios informes técnicos de la Administración.
