El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto por el que actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas, fijando en 364 plazas la capacidad de Extremadura, dentro del nuevo reparto establecido en función del peso poblacional de cada territorio.

La aprobación de esta norma constituye un paso clave para consolidar el sistema de redistribución de menores migrantes impulsado por el Gobierno tras la reforma de la Ley de Extranjería, con el objetivo de aliviar la presión que soportan los territorios de primera llegada, especialmente Canarias, Ceuta y Melilla.

Los datos facilitados por el Ministerio de Juventud e Infancia sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor capacidad ordinaria de acogida, con 3.009 plazas, seguida de Cataluña, con 2.829; la Comunidad de Madrid, con 2.471; y la Comunidad Valenciana, con 1.903.

A continuación figuran Galicia, con 940 plazas; Castilla y León, con 830; Canarias, con 783; País Vasco, con 776; Castilla-La Mancha, con 742; la Región de Murcia, con 553; Aragón, con 476; Baleares, con 434; y Extremadura, con 364.

Cierran la clasificación Asturias, con 352 plazas; Navarra, con 237; Cantabria, con 206; La Rioja, con 114; Melilla, con 30; y Ceuta, con 29.

La capacidad ordinaria constituye uno de los pilares del nuevo sistema de acogida, ya que determina el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad autónoma debería atender de forma ordinaria atendiendo a criterios demográficos.

Además, este indicador establece cuándo un territorio puede ser declarado en situación de contingencia migratoria. La normativa fija que esta circunstancia se produce cuando una comunidad supera el triple de su capacidad ordinaria, momento en el que puede activarse el mecanismo de derivación de menores hacia otros territorios para garantizar una atención adecuada.

En la actualidad, las únicas comunidades y ciudades autónomas que superan ese umbral son Canarias, Ceuta y Melilla, principales puntos de entrada de menores migrantes no acompañados al territorio nacional.

La actualización de estas capacidades da continuidad al modelo aprobado por el Ejecutivo tras la modificación de la Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado año con el propósito de establecer un sistema permanente de solidaridad territorial para la atención de estos menores.

La reforma prevé que las comunidades autónomas colaboren en la acogida cuando alguno de los territorios de llegada vea desbordada su capacidad asistencial, evitando así la saturación de los recursos de protección y garantizando el interés superior del menor.

No obstante, la aplicación del nuevo sistema ha generado un intenso enfrentamiento político desde su aprobación. La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo al modelo diseñado por el Gobierno, al considerar que invade competencias autonómicas y cuestionar los criterios empleados para fijar los repartos.

Por su parte, el Ejecutivo central defiende que el mecanismo responde a los principios de solidaridad entre territorios y de corresponsabilidad en la protección de la infancia, además de permitir una distribución más equilibrada de la atención a los menores migrantes no acompañados en todo el país.

Con la entrada en vigor del real decreto aprobado este lunes, las nuevas capacidades ordinarias pasarán a ser la referencia para determinar la situación de los distintos sistemas autonómicos de acogida y para activar, cuando sea necesario, los mecanismos de redistribución previstos en la normativa.