• Sánchez Juliá niega que la Junta renuncie a 210 millones y sostiene que el Gobierno central obliga a Extremadura a asumir un esfuerzo económico “desproporcionado”.

 

 

  • El GPP denuncia una “invasión de competencias” y acusa al PSOE extremeño de “actuar como una sucursal del sanchismo en lugar de defender los intereses de la región”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al PSOE regional de “retorcer la realidad para tapar un nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer su modelo a las comunidades autónomas”, y ha defendido que recurrir el Plan Estatal de Vivienda es “un acto de responsabilidad política para proteger a Extremadura de un acuerdo injusto y desequilibrado”.

“El PSOE habla de 210 millones como si fueran un regalo, pero oculta deliberadamente que para recibirlos, Extremadura tiene que poner 84 millones de su bolsillo”, ha señalado el portavoz, quien han calificado la propuesta como “el enésimo ejemplo del ‘yo invito, pero pagas tú’ del Gobierno de Sánchez”.

Desde el GPP insisten en que el problema no es la cuantía, sino las condiciones: “El Gobierno central incrementa su aportación en 2,9 veces, mientras obliga a Extremadura a multiplicar por siete su esfuerzo. Eso no es cooperación, es una imposición en toda regla”, ha afirmado Sánchez Juliá.

Además, ha criticado que el PSOE “intente dar lecciones cuando lo que está en juego es algo tan básico como el respeto al Estatuto de Autonomía”, ya que el plan estatal “invade claramente competencias exclusivas de Extremadura en materia de vivienda”.

En este sentido, el portavoz del GPP ha señalado especialmente la imposición de la protección permanente de la vivienda protegida como requisito para acceder a las ayudas, una medida que “condiciona de forma irreversible la política autonómica y sobre la que ya existen dudas de constitucionalidad”.

A ello se suma, ha subrayado, que el plan incorpora nuevas exigencias de coordinación con el Ministerio en actos institucionales vinculados a las actuaciones financiadas, incluidos los de inicio o presentación de obras.

“La realidad es que el Estado decide, impone condiciones y luego obliga a las comunidades a financiar su modelo. Eso vacía de contenido la autonomía y convierte a Extremadura en un mero pagador”, ha advertido Sánchez Juliá.

Frente a las críticas socialistas, el portavoz del GPP ha sido tajante: “Aquí no hay ninguna renuncia a recursos; lo que hay es una negativa a aceptar un modelo injusto que perjudica a los extremeños”.

Asimismo, Sánchez Juliá ha acusado al PSOE extremeño de “actuar como una sucursal del sanchismo en Extremadura en lugar de defender los intereses de la región”, y de “estar más preocupado por seguir el argumentario nacional que por explicar por qué Extremadura tiene que asumir un coste desproporcionado”.

Finalmente, el GPP ha defendido el recurso como “la única vía responsable para frenar una imposición del Gobierno central”, y ha insistido en que “Extremadura no va a aceptar ni agravios ni decisiones tomadas desde Madrid que perjudiquen a los extremeños”.