La Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves, por unanimidad, el Decreto-ley 2/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de dependencia para mejorar la atención a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, así como otras medidas urgentes de carácter social. La norma, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 19 de mayo, ha contado con el respaldo de los cuatro grupos parlamentarios con representación en la Cámara —Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Unidas por Extremadura—, poniendo de manifiesto el amplio consenso existente en torno a la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata a las personas que afrontan este tipo de patologías y a sus familias.

Durante la presentación del decreto-ley ante el Pleno, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, destacó que la nueva regulación supone un cambio profundo en la manera de abordar la dependencia extrema en Extremadura, con un modelo diseñado para responder a la realidad de quienes requieren cuidados permanentes, intensivos y altamente especializados.

La consejera explicó que la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas o procesos irreversibles de alta complejidad evolucionan con gran rapidez, por lo que las personas afectadas y sus familias no pueden esperar durante meses la resolución de un expediente administrativo para acceder a los recursos que necesitan. En este sentido, aseguró que el objetivo del Ejecutivo autonómico ha sido eliminar barreras burocráticas y garantizar que la ayuda llegue cuando realmente resulta necesaria.

Uno de los principales avances que incorpora el decreto es la creación del Grado III+ de dependencia extrema, una nueva figura específica dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que permitirá adaptar los recursos públicos a las necesidades de aquellas personas cuya situación requiere cuidados continuados durante prácticamente las veinticuatro horas del día.

La nueva categoría contempla un modelo asistencial más flexible e intensivo, orientado a favorecer la permanencia de las personas en su domicilio siempre que sea posible y respetando las decisiones de cada familia sobre la organización de los cuidados.

Prestaciones desde el momento de la solicitud

Entre las medidas más relevantes destaca que la Junta de Extremadura asumirá el pago de las prestaciones desde el momento en que se presente la solicitud o se formalice la contratación del servicio correspondiente, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del procedimiento administrativo.

Para ello, la Administración autonómica adelantará con fondos propios las cuantías económicas hasta que finalice la tramitación del expediente, evitando que las familias tengan que soportar durante meses el elevado coste que supone la atención continuada de estos pacientes.

El decreto también incorpora un procedimiento de urgencia que reduce significativamente los tiempos de tramitación. Frente a los plazos ordinarios, que pueden alcanzar los seis meses, las solicitudes vinculadas al nuevo Grado III+ deberán resolverse en un plazo máximo de dos meses, agilizando tanto la valoración como el reconocimiento de las prestaciones.

Asimismo, la norma simplifica diversos trámites administrativos con el objetivo de reducir la carga burocrática y facilitar el acceso de las familias a los recursos públicos.

Atención personalizada y sin copago

La nueva regulación adapta el catálogo de prestaciones económicas y de servicios para ofrecer una atención personalizada, flexible e intensiva, capaz de responder a la evolución de enfermedades como la ELA.

Las personas que obtengan el reconocimiento del Grado III+ podrán acceder a prestaciones económicas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio o a la asistencia personal con importes que oscilarán entre los 3.200 y los 9.859 euros mensuales, en función de las necesidades de apoyo de cada caso.

Estas ayudas permitirán financiar cuidados desde cinco hasta veinticuatro horas al día, incluyendo atención nocturna, garantizando que cada familia pueda organizar la asistencia conforme a sus necesidades y preferencias.

Además, las prestaciones estarán exentas de copago y no estarán condicionadas por la capacidad económica de las personas beneficiarias, reforzando así el principio de igualdad en el acceso a los servicios de dependencia.

Según explicó la consejera, este nuevo modelo busca prevenir situaciones de riesgo vital, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y facilitar que puedan desarrollar su proyecto vital en su entorno habitual durante el mayor tiempo posible.

Continuidad de las ayudas específicas para personas con ELA

García Espada recordó que el Gobierno extremeño ya dio un primer paso en 2024 con la creación de una línea específica de ayudas directas de 2.000 euros destinada a personas diagnosticadas de ELA, una medida pionera que permitió atender a decenas de familias mientras avanzaba el desarrollo de un modelo de atención más completo.

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, estas ayudas se incrementarán hasta los 4.000 euros a partir de 2027 para aquellas personas que todavía no dispongan de la resolución correspondiente al nuevo Grado III+, garantizando así que ninguna familia quede desatendida durante el proceso administrativo.

Durante su intervención, la consejera defendió que esta iniciativa representa “un salto cualitativo” en el sistema de dependencia extremeño y afirmó que el nuevo modelo no solo incorpora una nueva categoría administrativa, sino que plantea una nueva forma de entender la atención a las personas con dependencia extrema, basada en la rapidez, la dignidad y la respuesta efectiva a las necesidades reales.

Respaldo unánime de los grupos parlamentarios

El decreto-ley recibió el apoyo de todos los grupos con representación en la Asamblea, aunque durante el debate cada formación realizó distintas consideraciones sobre el alcance de la norma y su aplicación.

En nombre de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos reconoció el trabajo desarrollado durante años por las asociaciones de pacientes y familiares para visibilizar la realidad de la ELA y lograr avances normativos en la protección de las personas afectadas. Aunque consideró que la adaptación de la normativa estatal al ordenamiento autonómico se ha producido con retraso, anunció el voto favorable de su grupo al entender que la puesta en marcha de estas medidas resulta urgente.

No obstante, planteó la conveniencia de acortar todavía más los plazos de resolución de los expedientes y defendió que los avances introducidos para las personas con ELA puedan extenderse progresivamente al conjunto de personas en situación de dependencia.

Por parte del Grupo Parlamentario Vox, María Jesús Salvatierra manifestó la satisfacción de su formación por la aprobación de una norma que, a su juicio, permitirá ofrecer respuestas concretas a quienes conviven con una enfermedad que avanza con rapidez y exige cuidados permanentes. La diputada valoró especialmente la incorporación del nuevo Grado III+ y las prestaciones destinadas a garantizar atención continuada, subrayando que las familias necesitan soluciones ágiles y eficaces.

En representación del Grupo Socialista, Soraya Vega confirmó igualmente el apoyo de su formación a la convalidación del decreto, al considerar que bloquear una norma que incorpora derechos ya reconocidos en la legislación estatal supondría una irresponsabilidad. Al mismo tiempo, recordó que el origen de estas medidas se encuentra en la normativa impulsada por el Gobierno de España y reclamó continuar avanzando para reducir las listas de espera del sistema de dependencia en Extremadura, señalando que aún existen miles de personas pendientes de valoración.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Teresa Tortonda defendió que el decreto refleja el compromiso del Gobierno de María Guardiola con las personas más vulnerables y destacó que la política adquiere su verdadero sentido cuando es capaz de ofrecer soluciones reales al sufrimiento de las familias. Asimismo, valoró el consenso alcanzado en torno a una norma que permitirá reforzar la protección social de quienes requieren una atención permanente.

Un nuevo paso en la atención a la dependencia extrema

Con la convalidación de este decreto-ley, Extremadura incorpora un nuevo instrumento para responder de forma más rápida y eficaz a las necesidades de las personas con enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

La creación del Grado III+ de dependencia extrema, la reducción de los plazos administrativos, el adelanto de las prestaciones económicas, la eliminación del copago y la ampliación de los recursos para la atención domiciliaria constituyen los principales ejes de una norma que busca adaptar el sistema de dependencia a situaciones en las que el tiempo resulta determinante.

El amplio respaldo parlamentario obtenido durante su convalidación evidencia el consenso existente sobre la necesidad de reforzar la atención a las personas con ELA y otras patologías de características similares, incorporando mecanismos que permitan ofrecer respuestas más ágiles, eficaces y ajustadas a la realidad de las familias extremeñas.