Solo 140 de las más de 64.000 VPO edificadas en la comunidad mantienen protección permanente, según un estudio de Civio
Extremadura ha sido una de las comunidades autónomas con mayor volumen de construcción de vivienda protegida durante las últimas tres décadas y media. Desde 1991 se han levantado en la región algo más de 64.000 viviendas de protección oficial (VPO), una cifra que representa más del 4% de todas las construidas en España en ese periodo, pese a que la comunidad apenas concentra el 2% de la población nacional.
Sin embargo, la protección de este parque residencial se ha reducido a un ritmo muy superior al del conjunto del país. Un estudio elaborado por Civio concluye que el 68% de las VPO construidas en Extremadura desde 1991 ya han perdido su régimen de protección y han pasado al mercado libre, donde pueden comprarse y venderse sin limitaciones. En el conjunto de España, el porcentaje de viviendas que han perdido esa condición se sitúa en el 26%.
De las más de 64.000 viviendas protegidas edificadas en la comunidad autónoma entre 1991 y 2025, cerca de 44.000 ya han sido liberalizadas. Esto deja alrededor de 20.000 inmuebles que todavía conservan algún tipo de protección, aunque el número real podría ser inferior.
El informe advierte de que durante años la normativa permitió a los propietarios solicitar voluntariamente la descalificación de sus viviendas protegidas mediante la devolución de las ayudas públicas recibidas. Aunque esta posibilidad desapareció de la legislación estatal en 2006, Extremadura la mantuvo vigente hasta 2024.
Al cierre del pasado ejercicio, casi 7.000 viviendas protegidas extremeñas reunían los requisitos para acogerse a esa descalificación voluntaria. Por ello, Civio considera que el número de inmuebles que realmente mantienen la protección podría situarse actualmente por debajo de las 13.000 viviendas.
El cambio normativo de 2024 aceleró la pérdida de protección
El estudio atribuye buena parte de la elevada tasa de liberalización registrada en Extremadura a las modificaciones introducidas en la normativa autonómica durante los últimos años. En 2013, el Gobierno regional redujo de 30 a 20 años el periodo obligatorio de protección de las promociones privadas de vivienda protegida, una decisión que aceleró su incorporación al mercado libre.
No obstante, el mayor impacto se produjo en 2024, cuando la Junta extendió de forma retroactiva ese plazo de 20 años a las viviendas protegidas privadas construidas con anterioridad. Como consecuencia, cerca de 30.000 inmuebles perdieron de forma automática su condición de VPO.
Las previsiones recogidas en el informe apuntan a que esta tendencia continuará durante los próximos años, aunque de forma más gradual. En 2030 otras 4.300 viviendas habrán perdido su protección, de modo que menos de una cuarta parte de todas las VPO construidas en Extremadura desde 1991 seguirá conservando este régimen. Ese porcentaje podría situarse incluso por debajo del 20% si continúa el proceso de descalificación voluntaria de las viviendas que aún pueden acogerse a esa posibilidad.
Solo 140 viviendas cuentan con protección permanente
Frente a esta evolución, únicamente 140 viviendas protegidas construidas en Extremadura disponen actualmente de protección permanente. Representan apenas el 0,2% del total de VPO edificadas en la comunidad desde 1991.
Estas promociones fueron construidas entre 2014 y 2017, se distribuyen de forma prácticamente equilibrada entre las provincias de Badajoz y Cáceres y corresponden, en su inmensa mayoría, a programas impulsados por la administración autonómica. Todas ellas son de promoción pública y están destinadas al alquiler sin opción de compra.
La situación contrasta con el planteamiento inicial de la normativa regional, que en 2004 establecía que las viviendas protegidas mantendrían esa condición hasta su derribo. Dos años después, la legislación fue modificada para limitar la protección a 30 años e incluso permitir, en determinados supuestos, su descalificación anticipada.
El marco normativo, sin embargo, vuelve ahora a orientarse hacia la protección indefinida. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece como requisito para acceder a la financiación pública que todas las nuevas viviendas protegidas mantengan de forma permanente sus limitaciones de precio y uso, con independencia de que se destinen a la venta o al alquiler y de que sean promovidas por entidades públicas o privadas.
El plan estatal cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 210 millones corresponden a Extremadura. De esa cantidad, 126 millones serán aportados por el Estado y los 84 millones restantes por la comunidad autónoma.
