El juicio sobre la creación y adjudicación de la plaza en la Diputación de Badajoz entra en su fase final con duras críticas al proceso de selección y a la actuación de los responsables políticos implicados

Badajoz, 8 de junio de 2026.- La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado este lunes la petición formulada por la defensa de David Sánchez para prestar una nueva declaración en el juicio que investiga las circunstancias que rodearon su contratación en la Diputación de Badajoz. La decisión se produce después de que varias acusaciones populares endurecieran sus peticiones de condena tras la práctica de la prueba desarrollada durante las últimas semanas.

El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, solicitó al inicio de la sesión que su cliente pudiera responder nuevamente a preguntas de la defensa, argumentando que las modificaciones introducidas por algunas acusaciones alteraban sustancialmente el escenario procesal existente cuando declaró por primera vez. El tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, rechazó la petición y mantuvo el desarrollo previsto de la vista oral.

La negativa dio paso a la exposición de los informes finales de las acusaciones populares, que coincidieron en señalar la existencia de numerosos indicios que, a su juicio, apuntan a que la creación de la plaza ocupada por David Sánchez respondió a una decisión previamente orientada a favorecer su contratación.

Una plaza presuntamente diseñada para un candidato concreto

Uno de los argumentos más repetidos durante la jornada fue la supuesta creación de un puesto de trabajo específicamente adaptado al perfil del hermano del presidente del Gobierno. Diversas acusaciones sostuvieron que la denominada Oficina de Artes Escénicas funcionó en la práctica como una estructura diseñada a medida para facilitar su incorporación a la Diputación de Badajoz.

Según defendieron los letrados, la plaza presentaba características poco habituales dentro de la organización provincial. Entre otros aspectos, destacaron la ausencia de controles efectivos sobre la actividad desempeñada, la flexibilidad para desarrollar funciones fuera de la sede administrativa, la falta de supervisión ordinaria y la escasa exigencia de rendición de cuentas respecto a los trabajos realizados.

Las acusaciones consideran que estas circunstancias, unidas a las modificaciones posteriores introducidas en la denominación y funciones del puesto, constituyen elementos que refuerzan la tesis de que el empleo fue configurado para ajustarse a las preferencias y necesidades concretas de David Sánchez.

Dudas sobre el proceso de selección

Otro de los aspectos centrales de los informes finales ha sido el cuestionamiento del procedimiento de selección que culminó con la contratación del músico.

La acusación ejercida por Manos Limpias sostuvo que el proceso estuvo marcado por irregularidades desde su origen y llegó a calificarlo como una mera formalidad destinada a legitimar una decisión previamente adoptada. Entre los argumentos expuestos figura la falta de claridad sobre la entrevista realizada a los aspirantes y el hecho de que el propio David Sánchez no pudiera concretar durante el juicio aspectos relevantes de dicha fase del procedimiento.

Asimismo, varias acusaciones destacaron que determinados criterios de evaluación habrían sido definidos o modificados una vez conocidos los perfiles de los candidatos, circunstancia que, de confirmarse, supondría una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público.

Los indicios previos a la adjudicación

Durante la vista también se han puesto de relieve diversos hechos que, según las acusaciones, evidencian que David Sánchez tenía conocimiento anticipado de aspectos relacionados con la convocatoria.

Entre ellos se mencionó que consultó el Boletín Oficial de la Provincia el mismo día de la publicación de la oferta y que realizó gestiones relacionadas con una posible residencia en Badajoz antes incluso de culminar el proceso selectivo. Para las acusaciones, estos elementos constituyen indicios que apuntan a la existencia de información previa sobre el resultado de la convocatoria.

Aunque ninguna de estas circunstancias constituye por sí sola una prueba concluyente, los letrados sostienen que adquieren relevancia al ser analizadas conjuntamente con el resto de elementos incorporados a la causa.

El papel atribuido a Miguel Ángel Gallardo

Buena parte de los informes finales se apoyaron en las declaraciones realizadas durante el juicio por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas. El mando policial señaló a Miguel Ángel Gallardo, entonces máximo responsable de la Diputación de Badajoz, como la persona que habría impulsado la creación del puesto finalmente adjudicado a David Sánchez.

Las acusaciones consideran especialmente relevantes los correos electrónicos, documentos administrativos y testimonios recopilados durante la investigación, al entender que reflejan una intervención directa de responsables políticos en decisiones que deberían haberse adoptado con criterios exclusivamente técnicos.

En este sentido, sostienen que la contratación no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una sucesión de actuaciones administrativas orientadas a facilitar la incorporación y permanencia de Sánchez en la institución provincial.

La contratación del colaborador Luis Carrero

Las acusaciones también han extendido sus críticas a la incorporación de Luis Carrero, colaborador de David Sánchez, cuya contratación constituye otra de las piezas analizadas durante el procedimiento.

Según los acusadores, la creación y configuración de este puesto respondería a una lógica similar a la observada en la contratación inicial del hermano del presidente del Gobierno. A su juicio, la sucesión de decisiones administrativas revela un patrón de actuación destinado a consolidar una estructura organizativa vinculada a la actividad profesional de Sánchez dentro de la Diputación.

Críticas a la Fiscalía

Otro de los puntos recurrentes de la jornada fue la actuación del Ministerio Fiscal. Las acusaciones reprocharon a la Fiscalía no haber formulado acusación contra ninguno de los procesados y sostuvieron que su posición ha sido favorable a las tesis de las defensas durante el desarrollo del juicio.

Por el contrario, el Ministerio Público mantiene que la investigación no ha acreditado la existencia de delitos y considera que las decisiones adoptadas por la Diputación se enmarcaron dentro de la legalidad administrativa vigente.

A la espera de sentencia

Con la presentación de los informes finales, el procedimiento entra en su fase decisiva. Las acusaciones sostienen que el conjunto de pruebas practicadas demuestra que la plaza fue creada y adjudicada con el objetivo de beneficiar a David Sánchez, mientras que las defensas mantienen que la contratación se ajustó plenamente a la normativa y que no existe prueba alguna de trato de favor.

Será ahora la Audiencia Provincial de Badajoz la encargada de valorar los testimonios, documentos e informes incorporados a la causa y determinar si las irregularidades denunciadas constituyen o no infracciones penales. La sentencia pondrá fin a uno de los procedimientos judiciales de mayor repercusión política de los últimos años, al afectar directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno.