La Junta establece un plazo máximo de dos meses para resolver estos expedientes, garantiza atención especializada las 24 horas y refuerza la protección de las personas con patologías de rápida evolución
La Junta de Extremadura ha dado un paso decisivo en la mejora de la atención a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible mediante la aprobación del decreto-ley de medidas urgentes que regula el acceso preferente al nuevo grado de dependencia III+, una figura destinada a garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de especial vulnerabilidad.
La nueva regulación, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, adapta el sistema autonómico de atención a la dependencia a la realidad de enfermedades que evolucionan de forma rápida y progresiva y que requieren una intervención administrativa ágil para evitar situaciones de desprotección social y sanitaria.
Con esta medida, Extremadura fija un plazo máximo de dos meses para resolver y notificar el reconocimiento del nuevo grado III+, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación previstos en los procedimientos ordinarios y situándose incluso por debajo del límite estatal establecido para este tipo de expedientes.
Una respuesta adaptada a la realidad de la ELA
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal, provocando una pérdida progresiva de la movilidad y de la capacidad funcional de quienes la padecen.
Las personas afectadas suelen comenzar experimentando debilidad muscular, espasmos o dificultades para realizar tareas cotidianas. Conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer problemas para hablar, tragar, caminar o respirar de forma autónoma, hasta alcanzar situaciones de dependencia extrema que requieren apoyos continuados y atención permanente.
Según las estimaciones de la Asociación ELA Extremadura, alrededor de un centenar de personas conviven actualmente con esta enfermedad en la región. La mayoría de los pacientes tienen edades comprendidas entre los 40 y los 70 años. Aunque no existen registros oficiales específicos a nivel autonómico o nacional, se calcula que en España la ELA afecta aproximadamente a 3.000 personas.
La rapidez con la que evoluciona esta patología hace que, en muchos casos, los tiempos administrativos tradicionales resulten incompatibles con las necesidades reales de los pacientes y sus familias. Precisamente para responder a esta situación nace el nuevo grado III+, concebido para garantizar una protección reforzada a quienes afrontan enfermedades irreversibles con una evolución especialmente acelerada.
Reducción drástica de los plazos administrativos
El decreto-ley establece que el procedimiento para reconocer el nuevo grado III+ tendrá carácter prioritario y urgente.
De esta forma, la Administración autonómica no podrá superar el plazo de dos meses para resolver y notificar estos expedientes, una reducción sustancial respecto a los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Actualmente, la normativa general contempla un plazo máximo de 180 días para resolver los expedientes de dependencia correspondientes a los grados I, II y III. Sin embargo, la experiencia acumulada demuestra que estos procedimientos suelen prolongarse durante varios meses debido a la complejidad administrativa y al elevado volumen de solicitudes.
La Junta considera que aplicar estos mismos plazos a personas con enfermedades irreversibles y de rápida evolución podría generar situaciones de desprotección incompatibles con sus necesidades asistenciales y con su limitado pronóstico vital.
Por este motivo, el decreto justifica expresamente la adopción de medidas excepcionales que permitan acelerar la valoración, el reconocimiento y el acceso efectivo a las prestaciones.
Atención especializada durante las 24 horas
Entre las principales novedades incorporadas por la nueva regulación destaca el reconocimiento del derecho a recibir supervisión especializada permanente durante las 24 horas del día.
Esta medida pretende garantizar una atención adecuada ante complicaciones graves asociadas a enfermedades como la ELA, entre ellas las crisis respiratorias, la disfagia o las dificultades para la alimentación y la comunicación.
La finalidad es proporcionar seguridad tanto a las personas afectadas como a sus familias, asegurando una cobertura asistencial continuada que permita prevenir situaciones de riesgo y mejorar la calidad de vida durante todas las fases de la enfermedad.
Prestaciones económicas adaptadas a las necesidades de apoyo
Las personas beneficiarias podrán acceder a prestaciones económicas especialmente diseñadas para cubrir los elevados costes asociados a los cuidados intensivos que requieren estas patologías.
Las ayudas previstas oscilan entre los 3.200 y los 9.859 euros mensuales, en función de la intensidad de los apoyos necesarios y de las circunstancias específicas de cada caso.
Además, las prestaciones tendrán carácter retroactivo desde la fecha de presentación de la solicitud o desde el inicio efectivo del servicio cuando este sea posterior, garantizando así que las personas beneficiarias no vean mermados sus derechos por los tiempos de tramitación administrativa.
Simplificación de los trámites y actuación de oficio
Con el objetivo de reducir cargas burocráticas a las familias, el decreto contempla mecanismos de simplificación administrativa.
Entre ellos destaca la posibilidad de que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) obtenga de oficio los certificados necesarios para acreditar la fase avanzada de la enfermedad o la existencia de procesos de elevada complejidad, siempre que las personas interesadas otorguen la correspondiente autorización.
Esta medida evita desplazamientos y trámites adicionales a personas que, en muchos casos, presentan importantes limitaciones funcionales y necesitan concentrar sus esfuerzos en la atención sanitaria y personal.
Una medida que refuerza el compromiso con las personas más vulnerables
La aprobación de este decreto se enmarca en la estrategia de mejora continua del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Extremadura.
En los últimos años, la comunidad autónoma ha logrado reducir progresivamente los tiempos medios de gestión de los expedientes de dependencia. Mientras que a mediados de 2023 la demora media alcanzaba los 326 días, actualmente se sitúa en torno a los 259 días.
Aunque esta cifra continúa por encima del límite legal establecido, refleja una evolución positiva y sitúa a Extremadura por debajo de la media nacional, que supera los 340 días.
La creación del nuevo grado III+ supone un paso adicional en esta línea de trabajo, al establecer un procedimiento específico para aquellas situaciones en las que la urgencia vital exige respuestas más rápidas y adaptadas.
Garantizar derechos en el momento en que más se necesitan
La Junta de Extremadura reafirma con esta medida su compromiso con las personas en situación de dependencia y con sus familias, impulsando un modelo de atención centrado en la persona, basado en la agilidad administrativa, la protección efectiva de derechos y la adecuación de los recursos públicos a las necesidades reales de cada ciudadano.
La puesta en marcha del grado III+ permitirá que las personas afectadas por ELA y otras enfermedades irreversibles accedan con mayor rapidez a los apoyos, servicios y prestaciones que precisan, evitando demoras incompatibles con la evolución de estas patologías y garantizando una atención digna, especializada y continuada desde el primer momento.
