CSIF, STAJ, UGT y CCOO se concentran ante el Palacio de Justicia de Badajoz para alertar de la sobrecarga laboral, el mal funcionamiento de la aplicación Atenea y la falta de planificación del nuevo modelo judicial

La tensión y el malestar acumulados durante los últimos meses entre los trabajadores de la Administración de Justicia en Extremadura se hicieron visibles este lunes en Badajoz, donde funcionarios y representantes sindicales protagonizaron una concentración para denunciar públicamente la situación que atraviesan los órganos judiciales tras la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y la puesta en marcha de la aplicación informática Atenea.

La protesta, convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO, reunió a cerca de medio centenar de trabajadores a las puertas del Palacio de Justicia de la capital pacense, en una movilización que sirvió para visibilizar el creciente descontento existente entre el personal judicial ante lo que consideran una “nefasta gestión” del nuevo modelo organizativo impulsado por el Ministerio de Justicia.

Durante la concentración, los asistentes exhibieron pancartas y mensajes reivindicativos con lemas como “Caótica situación por una nefasta gestión”, “Justicia colapsada por falta de medios”, “Justicia desordenada, Justicia desbordada” o “Sin medios no hay Justicia”. También corearon consignas críticas dirigidas tanto al nuevo sistema informático como a la organización judicial implantada en los últimos meses: “Atenea no agiliza, paraliza”, “Gestión fallida, Justicia hundida” y “La formación es un derecho”.

La protesta reflejó el clima de preocupación que se vive actualmente en numerosos órganos judiciales extremeños, donde funcionarios y profesionales denuncian un incremento constante de la carga de trabajo, falta de personal, incidencias tecnológicas y un deterioro progresivo del servicio público que se presta a la ciudadanía.

Los sindicatos alertan de una reforma implantada “sin planificación suficiente”

En representación de las organizaciones convocantes, la presidenta de la Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia, Soledad Perera Martín, explicó que la movilización responde a las graves consecuencias derivadas de la implantación, el pasado 31 de diciembre de 2025, de los Tribunales de Instancia, una reforma estructural que ha transformado profundamente el funcionamiento interno de los juzgados.

La entrada en vigor de este nuevo modelo organizativo pretendía modernizar y racionalizar la Administración de Justicia mediante una reorganización de competencias, estructuras y sistemas de trabajo. Sin embargo, según denuncian los sindicatos, la reforma se ha llevado a cabo sin la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Perera recordó que las organizaciones sindicales ya habían advertido con anterioridad de los riesgos que implicaba implantar un cambio de tal magnitud sin una planificación adecuada. “Ya dijimos al Ministerio que esta implantación iba a traer un colapso de la Justicia por no haber hecho las cosas como las tenían que haber hecho”, señaló durante la concentración.

A juicio de los representantes sindicales, el nuevo modelo ha supuesto una importante reorganización interna que ha incrementado la complejidad de la gestión diaria, multiplicando las tareas administrativas y aumentando la presión sobre unos trabajadores que ya arrastraban una elevada carga de trabajo antes de la reforma.

Sobrecarga de trabajo y acumulación de procedimientos

Uno de los principales problemas denunciados por los trabajadores es la creciente sobrecarga laboral que están soportando numerosos órganos judiciales, especialmente en jurisdicciones como Civil y Social, donde la acumulación de asuntos se ha incrementado notablemente en los últimos meses.

Según explicó Perera, esta situación ya ha quedado reflejada en la memoria anual recientemente publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), documento que recoge expresamente el aumento de la presión de trabajo en distintos órganos judiciales de la región.

La problemática, subrayaron los sindicatos, no afecta únicamente a Badajoz, sino que se está reproduciendo en otras localidades extremeñas como Don Benito, Zafra y diversos partidos judiciales donde el nuevo sistema ha comenzado a implantarse de manera progresiva.

Los trabajadores denuncian que el cambio organizativo ha provocado importantes desajustes internos, dificultades en la distribución de tareas y una creciente sensación de saturación entre el personal, obligado a asumir nuevas responsabilidades sin incremento proporcional de efectivos.

En muchos casos, explican, la creación de nuevas plazas judiciales no ha venido acompañada de un aumento real de funcionarios, lo que obliga a redistribuir el trabajo entre las mismas plantillas ya existentes.

“Se crean plazas, pero con el mismo personal”

Precisamente, uno de los aspectos más criticados por las organizaciones sindicales es que la ampliación de estructuras judiciales no se ha traducido en un refuerzo suficiente de recursos humanos.

Perera insistió en que la puesta en marcha de nuevas plazas judiciales resulta insuficiente si no se dota también del personal necesario para atenderlas adecuadamente. “Se están creando plazas, pero con el mismo personal”, lamentó.

Los sindicatos consideran imprescindible abrir una negociación real con las administraciones competentes para abordar un incremento urgente de plantilla que permita redistribuir de manera equilibrada las cargas de trabajo y evitar el deterioro progresivo del servicio.

Aunque no existe todavía una cifra definitiva cerrada, las organizaciones estiman que serían necesarios más de veinte nuevos funcionarios en Extremadura para poder afrontar con garantías el funcionamiento de los Tribunales de Instancia y corregir las deficiencias actuales.

Además, reclaman que cualquier modificación estructural en la Administración de Justicia sea consensuada con las organizaciones sindicales y acompañada de estudios previos sobre necesidades reales de personal, cargas de trabajo y capacidad operativa de cada órgano judicial.

Atenea, en el centro de las críticas

Otro de los principales motivos de protesta fue el funcionamiento de la aplicación informática Atenea, herramienta implantada para modernizar la gestión procesal y administrativa de los órganos judiciales.

Lejos de facilitar el trabajo diario, los funcionarios aseguran que el nuevo sistema está generando constantes problemas técnicos, ralentizaciones y dificultades operativas que complican todavía más la actividad cotidiana en los juzgados.

Durante la concentración, los trabajadores denunciaron incidencias continuas, bloqueos, errores de funcionamiento y falta de adaptación del programa a las necesidades reales de los órganos judiciales. Según explican, estas deficiencias están provocando retrasos en la tramitación de procedimientos y aumentando considerablemente el tiempo necesario para realizar tareas administrativas básicas.

Las críticas se centran también en la falta de formación adecuada para manejar la nueva aplicación. Los sindicatos consideran que muchos trabajadores han tenido que adaptarse al sistema sin contar con preparación suficiente, cursos específicos ni asistencia técnica personalizada.

“La formación es un derecho”, repitieron durante la protesta, reclamando programas formativos más completos, prácticos y adaptados a las funciones concretas de cada puesto de trabajo.

Los representantes sindicales sostienen que la implantación de Atenea se ha realizado de forma precipitada y sin garantizar previamente que el sistema estuviera plenamente operativo ni que los funcionarios dispusieran de los conocimientos necesarios para utilizarlo con normalidad.

Riesgo de deterioro del servicio público

Más allá del impacto laboral sobre los funcionarios, los sindicatos advirtieron de que la situación actual está teniendo consecuencias directas sobre la calidad del servicio público de Justicia que reciben ciudadanos y profesionales.

La acumulación de procedimientos, los retrasos administrativos y las incidencias derivadas del nuevo sistema organizativo y tecnológico están afectando, según denuncian, a la capacidad de respuesta de los órganos judiciales.

Abogados, procuradores, graduados sociales y usuarios en general se están encontrando con mayores tiempos de espera, dificultades de gestión y demoras en la tramitación de asuntos, una situación que preocupa especialmente en jurisdicciones sensibles como la Civil o la Social, donde muchos procedimientos afectan directamente a derechos laborales, conflictos familiares o reclamaciones económicas.

Las organizaciones convocantes consideran que la Administración debe actuar de manera urgente para evitar que el deterioro del sistema judicial se cronifique y termine afectando gravemente al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.

Posibles nuevas movilizaciones

La concentración celebrada este lunes en Badajoz podría no ser la última. Los sindicatos convocantes advirtieron de que, si no se adoptan medidas concretas para reforzar plantillas, mejorar la organización interna y solucionar los problemas derivados de la aplicación Atenea, no descartan nuevas protestas y movilizaciones en distintos puntos de Extremadura.

Las organizaciones sindicales reclaman una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Justicia y de las administraciones competentes, así como la apertura de canales reales de negociación que permitan abordar las deficiencias detectadas desde la implantación de los Tribunales de Instancia.

Mientras tanto, los trabajadores aseguran que continuarán denunciando públicamente una situación que consideran “insostenible” y que, según advierten, amenaza con agravar todavía más el funcionamiento de una Administración de Justicia que ya arrastraba importantes carencias estructurales desde hace años.

Con esta movilización, los funcionarios judiciales extremeños han querido trasladar un mensaje claro: sin medios humanos suficientes, sin planificación y sin herramientas tecnológicas eficaces, la modernización de la Justicia corre el riesgo de convertirse en un nuevo factor de colapso en lugar de una solución para agilizar el sistema.