La causa judicial que investiga la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— en la Diputación de Badajoz entra en su fase decisiva con un calendario que retrasa las declaraciones de los principales acusados hasta, previsiblemente, después del próximo 4 de junio. La decisión de la Audiencia Provincial supone un giro procesal relevante en un procedimiento que ha adquirido una enorme dimensión política, institucional y mediática por las acusaciones de presunto trato de favor, diseño ad hoc de un puesto público y utilización de recursos provinciales para beneficiar intereses particulares.

Según el nuevo auto notificado este miércoles por la Audiencia Provincial de Badajoz, tanto David Sánchez como el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, comparecerán únicamente después de que concluyan las declaraciones testificales previstas para los días 1, 2 y 3 de junio. Esto implica que los dos principales investigados del conocido ya como “caso Azagra” —nombre artístico utilizado por Sánchez en el ámbito musical— no ofrecerán su versión hasta la recta final de las sesiones judiciales.

La resolución judicial modifica de facto la previsión inicial, que contemplaba las declaraciones de los acusados durante las primeras jornadas del juicio, fijado para comenzar el jueves 28 de mayo. El cambio no es menor. Estratégicamente, obliga a las defensas a escuchar previamente a decenas de testigos y agentes de la Guardia Civil antes de que los acusados puedan intervenir. También aumenta la presión pública y mediática sobre una causa que ha ido escalando políticamente conforme se han conocido detalles sobre el proceso de contratación y posterior adaptación del puesto ocupado por David Sánchez.

Un juicio que pone bajo sospecha a toda una institución provincial

La investigación judicial gira en torno a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales, un puesto que, según las acusaciones, habría sido diseñado específicamente para David Sánchez. La causa no sólo examina si hubo amaño en el acceso al cargo, sino también si posteriormente la Diputación de Badajoz modificó funciones y condiciones laborales para acomodarlas a las preferencias personales y profesionales del músico.

El caso afecta directamente a la credibilidad institucional de la Diputación pacense y ha abierto un debate nacional sobre el uso partidista de las administraciones públicas, las redes clientelares y el peso de los vínculos familiares en determinados nombramientos. El hecho de que el principal beneficiario del contrato sea el hermano del presidente del Gobierno multiplica inevitablemente el impacto político del procedimiento.

Junto a David Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo otros nueve acusados, entre ellos cargos políticos y trabajadores de la institución provincial que, según la investigación, habrían participado de manera directa o indirecta en el proceso de contratación y en la posterior gestión del puesto. Algunos ya no forman parte del organismo, aunque los investigadores consideran que desempeñaron funciones relevantes en las decisiones ahora cuestionadas.

Las cuestiones previas: el primer gran choque jurídico

Antes de entrar en el fondo del asunto, el tribunal dedicará las sesiones del 28 y 29 de mayo a las denominadas cuestiones previas. Será entonces cuando las defensas intenten introducir posibles nulidades procesales, especialmente relacionadas con una de las pruebas más controvertidas de la causa: la intervención de cuentas corporativas de correo electrónico pertenecientes a quince trabajadores y responsables políticos de la Diputación.

Esos correos constituyen uno de los pilares fundamentales de la investigación instruida por la jueza Beatriz Biedma. Buena parte de los indicios sobre la supuesta preparación previa de la plaza, los contactos internos y las decisiones administrativas cuestionadas se apoyan precisamente en esas comunicaciones internas.

Las defensas sostienen que la obtención de esos correos vulneró garantías fundamentales y podría haber excedido los límites legales de la investigación. Sin embargo, durante la fase de instrucción ninguna de las impugnaciones prosperó. Ahora intentarán nuevamente desacreditar una prueba que puede resultar decisiva para sostener las acusaciones.

Cuarenta y dos testigos y nueve agentes de la UCO

La dimensión del procedimiento queda reflejada en el elevado número de comparecencias previstas. Un total de 42 testigos declararán ante el tribunal en apenas tres jornadas, lo que ha obligado a la Audiencia a reorganizar el calendario y establecer franjas horarias escalonadas.

El tribunal ha dividido las convocatorias en varios turnos —10:00, 11:15 y 12:30 horas durante los dos primeros días; y 10:00 y 11:00 horas el tercero— para evitar largas esperas y facilitar la operatividad del juicio. Detrás de esa reorganización también se percibe la complejidad logística y la importancia pública del caso.

Entre los comparecientes figuran trabajadores de la Diputación, responsables políticos y técnicos que ya declararon durante la instrucción, además de otros testigos que acudirán por primera vez ante el tribunal. Especial relevancia tendrán las declaraciones de los nueve agentes de la Guardia Civil vinculados a la investigación, particularmente miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), cuyos informes han sido esenciales para reconstruir el funcionamiento interno de la contratación.

La presencia de la UCO añade un componente especialmente sensible. Sus informes suelen tener un enorme peso probatorio en causas de corrupción y presuntas irregularidades administrativas. Además, las conclusiones de los investigadores apuntan a que la creación y evolución del puesto ocupado por David Sánchez no habría respondido a necesidades estructurales ordinarias, sino a decisiones dirigidas a beneficiar específicamente al músico.

El “caso Azagra”: símbolo del desgaste institucional

Aunque jurídicamente el juicio debe centrarse exclusivamente en la existencia o no de delitos, el “caso Azagra” ya se ha convertido en un símbolo político del desgaste institucional que generan las sospechas de nepotismo en las administraciones públicas.

La oposición lleva meses denunciando que el caso representa un ejemplo paradigmático de utilización de estructuras públicas para favorecer círculos de confianza política y familiar. Desde el entorno socialista, en cambio, se insiste en que la contratación fue legal y que no existe ninguna prueba concluyente de manipulación administrativa.

Sin embargo, más allá del desenlace judicial, el proceso ya ha provocado consecuencias políticas y reputacionales significativas. La renuncia de David Sánchez a su puesto en febrero de 2025 fue interpretada por muchos sectores como un intento de reducir la presión pública sobre la institución y sobre el propio Gobierno central.

La causa también ha puesto el foco sobre el funcionamiento interno de las diputaciones provinciales, organismos históricamente cuestionados por la opacidad de determinados nombramientos y por la escasa fiscalización pública de muchos procesos administrativos.

Un juicio con fuerte impacto político nacional

La trascendencia del procedimiento excede claramente el ámbito provincial extremeño. El hecho de que el hermano del presidente del Gobierno se enfrente a un juicio por presunto trato de favor convierte cada decisión judicial en un asunto de alcance nacional.

La oposición utilizará previsiblemente cada sesión para insistir en sus críticas sobre regeneración democrática y uso partidista de las instituciones. Mientras tanto, el Ejecutivo intentará contener el desgaste político insistiendo en la separación entre responsabilidades familiares y acción gubernamental.

Con las declaraciones de los principales acusados aplazadas hasta el final del proceso testifical, el juicio entra ahora en una fase especialmente delicada. Lo que ocurra durante los próximos días —y especialmente lo que revelen testigos, técnicos y agentes de la UCO— marcará el tono político y judicial de uno de los procedimientos más incómodos para el entorno del Gobierno en los últimos años.