La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo modelo de vivienda basado en el derecho social y el interés general frente a la especulación inmobiliaria durante la charla-debate “Casas para vivir, no para especular”, celebrada en Plasencia.

El acto, abierto a la ciudadanía y centrado en analizar la situación actual del acceso a la vivienda, fue presentado y moderado por la concejala de Unidas Podemos Plasencia Mavi Mata, y contó con la participación de la diputada autonómica Nerea Fernández, el concejal Gonzalo Torre y el portavoz de la Comisión de Vivienda del Parlamento de Navarra, Daniel López Córdoba, representante de la coalición política Contigo Zurekin, quien compartió la experiencia del Gobierno navarro en materia de vivienda pública.

La vivienda, principal preocupación social también en Extremadura

Durante su intervención, Irene de Miguel recordó que la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones sociales en España y también en Extremadura. Según explicó, el problema se ha intensificado en los últimos años debido al aumento continuado de los precios del alquiler, la dificultad de acceso a la compra y la creciente precariedad que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras.

La portavoz afirmó que el encarecimiento de la vivienda está expulsando a muchas personas del mercado residencial y retrasando proyectos vitales como la emancipación juvenil o la formación de nuevas familias.

“Necesitamos un modelo social de vivienda que garantice precios realmente asequibles y que permita acceder a un hogar sin tener que destinar más de un tercio del salario”, defendió, insistiendo en que el acceso a la vivienda debe ser considerado un derecho básico y no un privilegio condicionado por el mercado.

Críticas a las políticas actuales de la Junta de Extremadura

De Miguel mostró su preocupación por las políticas aplicadas hasta ahora en Extremadura, que, según señaló, reproducen recetas ya conocidas y que han demostrado no resolver el problema estructural del acceso a la vivienda.

Entre ellas citó la liberalización del suelo, los incentivos fiscales dirigidos a grandes propietarios o rentistas y las ayudas basadas en bonos o vales, medidas que —según indicó— terminan repercutiendo en beneficios para entidades financieras y promotoras inmobiliarias sin reducir realmente los precios.

La portavoz de Unidas por Extremadura reclamó a la Junta un cambio de orientación política que priorice la intervención pública y la ampliación del parque residencial público como herramienta fundamental para equilibrar el mercado.

Navarra como ejemplo de políticas públicas activas

Uno de los ejes centrales del debate fue la exposición del modelo navarro por parte de Daniel López Córdoba, quien explicó las políticas desarrolladas por el Ejecutivo foral para mejorar el acceso a la vivienda y garantizar la estabilidad residencial de la ciudadanía.

El representante navarro defendió la necesidad de aplicar políticas públicas que protejan a la población frente a la especulación y eviten repetir modelos que, en el pasado, generaron burbujas inmobiliarias con graves consecuencias económicas y sociales.

López Córdoba destacó que Navarra dispone actualmente de uno de los mayores parques de vivienda pública del Estado, resultado de una planificación sostenida basada en la construcción pública, la movilización de vivienda vacía, la regulación del alquiler y la protección de las personas inquilinas.

Según explicó, estas medidas han permitido avanzar hacia un mercado residencial más estable y accesible, demostrando que la intervención pública puede mejorar de forma directa la calidad de vida de la ciudadanía.

Un debate centrado en soluciones reales

Durante la charla, las personas participantes coincidieron en que la crisis de vivienda requiere respuestas estructurales y no medidas puntuales. En este sentido, se abordaron propuestas como:

  • Incrementar significativamente el parque público de vivienda en alquiler asequible.
  • Impulsar mecanismos de regulación que eviten subidas abusivas de precios.
  • Favorecer la emancipación juvenil mediante políticas públicas estables.
  • Garantizar seguridad residencial a familias vulnerables.
  • Priorizar el uso social de la vivienda frente a su consideración como activo financiero.

La diputada Nerea Fernández y el concejal Gonzalo Torre destacaron además la importancia del papel de los ayuntamientos para impulsar políticas urbanísticas orientadas al derecho a la vivienda y reclamaron mayor cooperación institucional entre administraciones.

Un cambio de modelo para el futuro de Extremadura

El encuentro concluyó con un llamamiento a impulsar un cambio profundo en el modelo residencial extremeño, apostando por políticas públicas ambiciosas que sitúen la vivienda en el centro de la acción política.

Desde Unidas por Extremadura señalaron que garantizar el acceso a una vivienda digna resulta imprescindible para fijar población, combatir la desigualdad territorial y ofrecer oportunidades reales a la juventud extremeña.

La formación reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas parlamentarias y municipales dirigidas a consolidar un modelo de vivienda social, sostenible y accesible, que permita avanzar hacia una Extremadura más justa y cohesionada.