La presidenta de Redeia responsabiliza a empresas privadas por mala gestión técnica y descarta fallos del operador del sistema

La investigación institucional sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 en España ha dado un giro decisivo tras las declaraciones de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, quien ha señalado directamente a compañías eléctricas privadas como responsables del incidente energético más grave registrado en el país en los últimos años.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, Corredor afirmó que el origen técnico del colapso del sistema eléctrico nacional pudo situarse en una planta fotovoltaica ubicada en la provincia de Badajoz, donde una empresa habría estado realizando un “experimento” operativo que desencadenó una inestabilidad crítica en la red.

El origen del apagón: una oscilación detectada a las 12:03

Según explicó la presidenta de Redeia, los registros técnicos permiten establecer con precisión el inicio del incidente. A las 12:03 horas se produjo una oscilación eléctrica extraordinaria de 0,6 Hz procedente de una planta solar de alta intensidad gestionada por una empresa privada.

Corredor aseguró que existe “constancia física” del fenómeno y defendió que la instalación mostró un comportamiento anómalo derivado de una mala gestión técnica y de un control insuficiente del sistema de generación.

La responsable del operador eléctrico añadió que la misma planta ya había presentado un fallo similar el año anterior, circunstancia documentada oficialmente. Según su testimonio, los propios responsables de la instalación reconocieron posteriormente que estaban probando nuevas formas de gestión energética, lo que habría convertido la operación en un ensayo técnico no suficientemente controlado.

El resultado fue una doble oscilación que incrementó la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional hasta provocar el denominado “cero energético”, es decir, la pérdida generalizada de suministro.

Fallo en cadena y críticas a las centrales hidroeléctricas

La comparecencia también puso el foco en la respuesta posterior al apagón. Corredor denunció que varias centrales hidroeléctricas incumplieron su obligación normativa de arrancar en modo autónomo para facilitar la recuperación del suministro.

De acuerdo con los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y del propio operador eléctrico, las instalaciones no lograron reiniciarse sin ayuda externa, obligando a alimentar el sistema mediante interconexiones eléctricas internacionales procedentes de Francia y Marruecos.

La presidenta de Redeia recordó que estas centrales tienen legalmente asignada la función de garantizar la reposición rápida ante emergencias energéticas, por lo que su incapacidad agravó la duración del apagón.

Redeia rechaza responsabilidades propias

Uno de los puntos clave de la sesión parlamentaria fue la defensa del papel de Red Eléctrica como operador del sistema. Corredor rechazó las hipótesis que apuntaban a un fallo en el control dinámico de tensión, competencia directa del gestor de la red.

Según explicó, el día del incidente se activaron nueve de los diez grupos previstos para estabilizar la red, una decisión que calificó de técnicamente correcta. Incluso con más centrales conectadas —aseguró— el apagón habría sido inevitable debido al comportamiento irregular de los generadores privados.

“La causa fue el incumplimiento de la obligación de control de tensión por parte de grupos convencionales”, afirmó, insistiendo en que la responsabilidad no puede atribuirse a la programación operativa del sistema.

Un debate energético con impacto internacional

Las declaraciones de Corredor reabren el debate europeo sobre la seguridad de las redes eléctricas en un contexto marcado por la expansión acelerada de energías renovables y la creciente complejidad técnica de los sistemas eléctricos híbridos.

Expertos energéticos señalan que la integración masiva de plantas solares y eólicas exige protocolos extremadamente estrictos de control de estabilidad, especialmente cuando operadores privados introducen modificaciones experimentales en la gestión de generación.

El caso español podría convertirse en referencia internacional sobre los riesgos operativos asociados a la transición energética si se confirma que una prueba técnica mal gestionada desencadenó un apagón de escala nacional.

Investigación abierta y posibles consecuencias regulatorias

Aunque los informes oficiales mantienen en anonimato a las compañías implicadas, la comisión parlamentaria continúa analizando responsabilidades técnicas, regulatorias y empresariales.

Las conclusiones finales podrían derivar en:

  • endurecimiento de los protocolos de operación de plantas renovables,
  • revisión de obligaciones de respuesta de centrales hidroeléctricas,
  • y un refuerzo del control público sobre infraestructuras críticas energéticas.

El apagón del 28 de abril de 2025, lejos de cerrarse, se perfila ahora como un punto de inflexión para la gobernanza eléctrica europea, con España en el centro del debate sobre cómo equilibrar innovación energética, seguridad del sistema y responsabilidad empresarial.