La labor desarrollada durante los últimos meses por la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se convirtió este jueves en el principal eje del debate durante la primera jornada del juicio oral por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

La vista, celebrada en la Audiencia Provincial de Badajoz, arrancó con una intensa batalla procesal entre las defensas y las acusaciones, centrada fundamentalmente en cuestionar la instrucción realizada por la magistrada. Los abogados de los principales acusados intentaron sin éxito lograr la nulidad del procedimiento al considerar que la investigación habría vulnerado derechos fundamentales y que se habría desarrollado bajo una supuesta investigación prospectiva.

El proceso judicial analiza la creación y adjudicación en 2017 del puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación pacense, plaza que terminó ocupando David Sánchez. Junto a él se sientan en el banquillo otros responsables políticos y administrativos, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Desde el inicio de la sesión, las defensas dirigieron buena parte de sus argumentos contra la actuación de la jueza instructora. El abogado de David Sánchez sostuvo que los delitos que finalmente han llegado a juicio no formaban parte de la denuncia inicial presentada por Manos Limpias y defendió que la causa evolucionó hacia una investigación que excedía los hechos originalmente denunciados. Asimismo, cuestionó diversas diligencias practicadas durante la instrucción, especialmente las relacionadas con la obtención y análisis de correos electrónicos y documentación interna de la Diputación.

La estrategia defensiva también puso el foco en la imparcialidad del procedimiento, insistiendo en la existencia de una investigación de carácter prospectivo y denunciando lo que consideran una utilización expansiva de la fase de instrucción. Estos argumentos ya habían sido planteados durante los recursos presentados en fases anteriores del procedimiento, aunque tanto la Audiencia Provincial como la propia instructora mantuvieron la validez de las diligencias practicadas.

Sin embargo, la posición mantenida por la Fiscalía durante la vista supuso un importante respaldo a la actuación desarrollada por Beatriz Biedma. Aunque el Ministerio Público continúa sosteniendo que no existen pruebas suficientes para fundamentar determinadas acusaciones y ha pedido la retirada de algunos delitos, rechazó que durante la instrucción se hubieran vulnerado derechos fundamentales de los investigados. La fiscal defendió expresamente la imparcialidad de la magistrada y la legalidad de las actuaciones realizadas durante la investigación.

La relevancia de la labor de Biedma resulta especialmente significativa porque gran parte del procedimiento se sostiene precisamente sobre las diligencias practicadas durante su instrucción. La jueza impulsó registros, requirió documentación interna de la Diputación, analizó comunicaciones electrónicas y tomó declaración a numerosos testigos y responsables administrativos con el objetivo de determinar si la plaza fue creada específicamente para favorecer la incorporación de David Sánchez.

La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y fue ampliándose a medida que avanzaban las pesquisas. Durante la instrucción aparecieron correos electrónicos y testimonios que, según las acusaciones, apuntarían a que la contratación pudo estar condicionada por el parentesco del músico con el entonces líder socialista Pedro Sánchez. Por el contrario, las defensas sostienen que la plaza respondía a necesidades reales de la institución provincial y que el proceso selectivo se desarrolló dentro de la legalidad.

Uno de los elementos que más controversia ha generado durante toda la causa ha sido precisamente la oposición de la Fiscalía a algunas de las conclusiones alcanzadas por la instructora. En diferentes momentos del procedimiento, el Ministerio Público llegó a solicitar el archivo de las actuaciones al considerar insuficientes los indicios existentes para sostener determinadas acusaciones. Pese a ello, Beatriz Biedma mantuvo la investigación abierta y finalmente acordó la apertura de juicio oral contra los acusados.

La primera jornada también dejó otro elemento relevante: la discusión sobre la posible prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. La Fiscalía considera que este delito, de carácter leve, habría prescrito, posición que fue respaldada por algunas defensas. No obstante, el núcleo principal del procedimiento continúa centrado en los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio se desarrolla además bajo una notable expectación mediática y política debido a la condición de hermano del presidente del Gobierno del principal acusado. La llegada de David Sánchez a la Audiencia Provincial de Badajoz generó una gran presencia de medios de comunicación, mientras que la mayoría de los procesados accedieron al edificio judicial evitando el contacto directo con la prensa.

Durante las próximas sesiones comparecerán numerosos testigos, funcionarios y responsables de la Diputación que participaron en el proceso de creación y adjudicación de la plaza investigada. Posteriormente será el turno de las declaraciones de los propios acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, cuyas comparecencias se consideran uno de los momentos más relevantes del proceso.

A la espera de que el tribunal resuelva las cuestiones previas planteadas por las defensas, la sensación trasladada tras esta primera jornada es que la validez de la instrucción realizada por Beatriz Biedma seguirá siendo uno de los grandes campos de batalla jurídicos del procedimiento.

Buena parte del futuro de la causa y de la fortaleza de las acusaciones dependerá precisamente de que el tribunal considere ajustadas a derecho las actuaciones desarrolladas durante una investigación que ha marcado la actualidad política y judicial durante los dos últimos años.

Foto: HOY